Mujeres indígenas que han participado en recuperaciones de tierras en la Zona Sur del país denunciaron que sufren malos tratos y discriminación cuando buscan atención en instituciones públicas, de parte de personas funcionarias públicas.
Cindy Vargas, indígena brorän que vive en Térraba contó a UNIVERSIDAD que en varias ocasiones, por una u otra situación, no la han querido atender en la Clínica de Buenos Aires.
“Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”, contó Vargas, quien es la secretaria del Consejo de Mayores de Térraba.
“Me decía que si no nos daba miedo que nos asesinaran, que si no nos daba pena por ejemplo, ser aliados de Sergio Rojas y de otros compañeros, que qué ganábamos nosotros por estar en procesos de lucha por la recuperación de tierras. Era una situación difícil porque al menos yo sabía que tenía que estar toda la noche y la madrugada allí”, agregó la mujer.
Melisa Garbanzo Gutiérrez, indígena brorän que también vive en Térraba, contó a este medio que en una ocasión que fue a la Clínica de Buenos Aires a ponerse una vacuna para planificar, el enfermero no quería ponérsela. Según Garbanzo, cuando ella le dijo que se iba, él le dijo “Venga para ponérsela”.
“Siempre me la pusieron pero de mala gana. Empezó a decirme que si yo no sabía que meterse en ese problema (recuperación de tierras) era demasiado grave y que qué se sentía robarle las tierras a las personas blancas”, contó Garbanzo.
El caso de doña Arcelida
El caso más reciente es el de Arcelida Ortiz Rivera, tía de Vargas, una de las recuperadoras de Finca San Andrés y quien apoyó la recuperación de la Finca Irbo Gurenia, en Térraba.
Según Vargas, en el 2020 Ortiz se enfermó y cuando la llevaron a la Clínica de Buenos Aires le negaron la atención porque no estar asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Tuvo que intervenir la Defensoría de los Habitantes para que la pudieran atender; sin embargo, falleció el 17 de setiembre de 2020.
“Fue un mundo para que a ella la pudieran atender porque no tenía seguro por el Estado. Ella es una recuperadora de tierras, mi tía se agravó y tuvimos que juntar recursos entre todos y llevarla a un hospital privado porque era una emergencia porque ella necesitaba ser atendida. Tuvimos que recurrir a la Defensoría de los Habitantes, denunciar a la directora de la Clínica de Buenos Aires para que la pudieran atender, la trasladaron al Hospital de Pérez Zeledón y la estaban amenazando que le iban a cobrar todo el dinero porque ella no tenía seguro. Y bueno, a los pocos días falleció”, dijo Vargas.
Marjorie Herrera, a cargo de defensa de derechos de pueblos indígenas de la Defensoría de los Habitantes, detalló que la familia de la paciente recurrió a la Defensoría porque a ella no se le brindó la atención porque no tenía el seguro vigente. Al no haberse catalogado como emergencia, debían realizar primero el trámite de aseguramiento, por lo que fueron referidas a Validación de Derechos. Sin embargo, la cita para presentar los requisitos se las dieron para un mes después.
“Dada la gravedad de su condición de salud y siendo que ya se les había rechazado por la falta de aseguramiento recurrieron a la Defensoría”, aclaró.
Herrera dijo que se gestionó con la Directora de la Clínica de Buenos Aires, donde se indicó desconocer el caso pero afirmaron que se valoraría a la paciente. La paciente fue atendida y dada la alteración de los resultados de los exámenes realizados, fue trasladada el mismo día al Hospital Escalante Pradilla, mencionó Herrera.
Estuvo internada varios días en el Hospital y luego fue egresada. Después volvió a la Clínica y de ahí nuevamente la trasladaron al hospital. Egresó del hospital y se le programó cita de valoración en Gastroenterología; pero pocos días después falleció, detalló Herrera.
UNIVERSIDAD consultó sobre todos estos casos, mediante la oficina de comunicación de la CCSS. Según declaraciones enviadas por la dirección médica del Área de Salud de Buenos Aires, no tienen quejas interpuestas por personas indígenas hacia la Clínica, con respecto a mal trato o cualquier otra situación.
“Sí se generaron tres casos de pacientes indígenas, que se recibió denuncia por parte de la Defensoría de los Habitantes, pero fueron por temas no correspondientes a mal tratos; las tres se abordaron en tiempo y forma”, indicaron.
Agregaron que “el personal se ha ido capacitando en la atención y en el protocolo de atención a la persona usuaria, sensibilizándose a un trato digno de respeto y de calidad hacia el paciente”.
Denuncias ante el Minae
Cindy Vargas también narró que hace un mes fue a presentar una denuncia ante la oficina del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en Buenos Aires porque hay gente que llega a talar árboles, a tirar basura e incluso a dejar animales abandonados a la finca recuperada de Irbo Gurenia, que es parte del corredor biológico que recorre toda la margen izquierda del río Térraba.
“Nos quitan los rótulos, nos cortan la cerca; cuando estamos ahí nos gritan, nos insultan, son amenazas constantes. Pero además, de hace un mes para acá se están acercando a tirar material electrónico, televisores, lavadoras, cosas extremadamente grandes”, dijo Vargas.
Según explicó, la funcionaria de la oficina del Minae le dijo que ella no tenía derecho a poner ninguna denuncia porque las Asociaciones de Desarrollo son las dueñas del territorio ante el Estado. Asimismo, que si denunciaban ese tipo de procesos llevaban un retraso de nueve años en los tribunales entonces que no perdiéramos el tiempo. También les dijo que ese conflicto le tocaba a la Municipalidad y que ellos no tenían competencia para actuar en nada de eso.
“Hasta el día de hoy no nos han respondido. Ya no sabemos ni siquiera cómo hacer. Tendríamos que defendernos solos y solas y así están funcionando todas las instituciones”, afirmó Vargas.
UNIVERSIDAD consultó al Minae mediante su oficina de prensa; pero no recibió respuesta alguna.
Vargas también señaló que no tienen acceso a recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). “A mí me responden que no califico en ningún nivel de pobreza y por lo tanto no puedo accesar a ningún proyecto productivo. Entonces nos tienen desamparados”, añadió.
Las intervenciones del PANI
La lideresa indígena de Salitre y recuperadora de tierras Mariana Delgado señaló que lo que ha visto es que cuando se han dado recuperaciones, llegan funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de la policía “como una forma de amedrentarlo a uno y le piden los nombres de todos los que están presentes en la recuperación”.
“Anotan los nombres de los menores y las edades y a través de eso viene el PANI a decir que los niños no pueden estar en recuperaciones, que son expuestos de la violencia, que si no se van les van a quitar los niños”, contó.
“Para mí eso no puede ser porque los niños tienen derecho a estar con sus padres, a crecer en el ambiente de ellos, si es en una recuperación, debe de ser ahí porque eso es lo que les enseñamos a nuestros niños, a luchar por lo que les pertenece y a defender sus derechos como indígenas. Algunas compañeras se han ido de las recuperaciones, otras han resistido, otras tuvieron que retirar sus niños de las recuperaciones”, refirió Delgado.
Actualmente las mujeres recuperadoras en Cabagra viven ese amedrentamiento de parte del PANI, dijo Delgado, y agregó “que da miedo porque ¿a quién le va a gustar que le quiten los niños?”.
También narró que una vez en una recuperación que fue muy violenta, “el grupo de terratenientes llegó a golpearnos, a golpear a las compañeras, todos fuimos golpeados. Lo llevan a uno para valorar en la Clínica de Buenos Aires, para ver las heridas que tiene y uno siente esas miradas de las enfermeras y doctores que lo rechazan y lo tratan muy groseras y groseros y uno se siente muy mal, uno se siente que ese no es lugar de uno; pero diay, lamentablemente es la clínica que tenemos de inmediato, a la que podemos asistir”.
“Eso uno lo siente a diario, cada vez que hay recuperaciones. Cada vez que hay que recuperar sabemos las consecuencias de eso, que ni los policías están contentos, ni los del OIJ, uno siente esa discriminación, esa forma de tratar a uno, como si uno fuera más bien el malo, la culpable, las mujeres las culpables porque son las que no se van muy fácil de las recuperaciones”, dijo Delgado.
También ha intervenido la Defensoría
De acuerdo con Marjorie Herrera, a cargo de defensa de derechos de pueblos indígenas de la Defensoría de los Habitantes, las personas indígenas han referido que el PANI ha identificado la participación de las mujeres en los procesos de recuperación de tierras como una situación de riesgo para los menores de edad”.
Herrera explicó que en una ocasión le estaban dando seguimiento a una denuncia de que en un proceso de recuperación de tierras funcionarios llegaron y las personas indígenas refirieron que los funcionarios del PANI les dijeron “si usted no se retira les vamos a quitar a los niños”.
Según consta en el oficio 01981-2019-DHR del 25 de febrero de 2019, enviado por la Defensora de los Habitantes Catalina Crespo a la presidenta ejecutiva del PANI Patricia Vega, en el cual se le solicita al PANI que analice un informe emitido por la oficina local del PANI en Buenos Aires sobre una recuperación que hubo en la comunidad de Puente de Salitre.
La Defensoría señala que la oficina del PANI en Buenos Aires emitió un informe, que “podría contener afirmaciones criminalizantes sobre el proceso de recuperación de tierras, al acusar a las personas indígenas de recurrir a prácticas violentas que son mal ejemplo para las personas menores de edad, y responsabilizándoles exclusivamente del conflicto, del ambiente en el lugar, y obviando las manifestaciones realizadas por las familias indígenas de que son víctima de amenazas, insultos y agresiones por parte de las personas no indígenas que permanecen en el lugar”.
Asimismo, la Defensoría indicó: “Preocupa también a esta institución, que en el informe se realicen señalamientos que plantean la pobreza como una condición invalidante del ejercicio de la paternidad, y no se haga referencia alguna al derecho de las personas menores de edad a permanecer en familia, bajo el cuido y protección de sus progenitores, ni a alguna acción institucional o coordinación, para mejorar las condiciones de esas familias.
Finalmente, la Defensoría solicita al PANI que analice y valore el informe “particularmente, en lo atinente a los derechos a la autonomía, autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas, y se adopten las medidas necesarias para solventar dicha situación”.
Herrera agregó que el PANI no cuenta con un protocolo o procedimiento de atención que reconozca las especificidades de los pueblos indígenas y con ello procurar una atención pertinente.
Sin embargo, aclaró que la mayoría de estos casos se han tramitado en la Dirección de Niñez de la Defensoría porque es la que ve los casos de menores de edad.
¿Cómo actúa el PANI en estos casos?
UNIVERSIDAD consultó al PANI y en una respuesta enviada por el Gerente Técnico, Eduardo Montero, en la que se informa que en estos casos de recuperaciones de tierras “se procede a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, valorando la situación en situ”.
“En tal sentido, se propicia un acuerdo junto con las personas adultas responsables de las personas menores de edad presentes, para la búsqueda de soluciones conjuntas, en donde sus hijos e hijas sean cuidados por otros miembros de la familia con el fin de que no permanezcan en la zona de conflicto”. También se indicó que “se les insta a cesar los comportamientos violentos entre las personas adultas, motivando a que busquen otras estrategias para resolver los conflictos, debido a que dicho accionar va en perjuicio de las personas menores de edad”.
Se consultó si es cierto que el PANI ha identificado la participación de las mujeres en los procesos de recuperación de tierras como una situación de riesgo para los menores de edad?
“No es cierto. El PANI es respetuoso del marco establecido en el Plan Nacional para la Recuperación de tierras en territorios indígenas (PLAN RTI) dado que se constituye en un mecanismo institucional basado en el diálogo para garantizar los derechos indígenas a sus territorios y a los recursos como la causa subyacente del conflicto, constituye a la vez la forma más ordenada y concordante con el Estado de Derecho de Costa Rica y la manera más segura que busca proteger a los habitantes indígenas y evitar el riesgo de violencia, ello se logra a través del establecimiento de un procedimiento estructurado y legal para atender la problemática de ocupación de personas no indígenas en los territorios indígenas”.
Montero añadió que el PANI posee un modelo de gestión para la protección de las personas menores de edad cuando eventualmente exista riesgo o se produzca una violación de los derechos de las personas menores de edad; no obstante cada situación es particular y debe ser valorada desde un enfoque de derechos humanos.
Situación se agrava desde 2010
Zuiri Méndez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que en Kioscos se enteraron de esta problemática de los malos tratos y discriminación en 2019 durante los Campamentos Audiovisuales de Mujeres y Territorios, donde participaron mujeres recuperadora de territorios indígenas.
Méndez dijo que según los relatos, esto siempre ha sucedido en el sur; pero se agrava después de que inician las recuperaciones de territorios indígenas desde 2010.
“Ya van 12 años de que distintos pueblos, el bribri de Salitre, el bröran de Térraba, el cabécar de China Kichá, el bribri de Cabagra han estado recuperando tierras y las mujeres que viven en esas recuperaciones han vivido diversas malas experiencias cuando buscan atención, ya sea de salud, de justicia en instituciones públicas. Estos malos tratos tienen una relación directa con las recuperaciones indígenas y dan cuenta de un racismo institucional, de personas funcionarias públicas, dentro de instituciones públicas contra personas indígenas”, resaltó Méndez.
“Principalmente es una fusión de un profundo racismo con una cultura patriarcal, en donde los grupos sociales de Buenos Aires ven como inferiores a los pueblos indígenas y aún más a las mujeres indígenas. También tiene que ver con una violencia que se despierta por mantener ese control de la propiedad privada de personas no indígenas, aún sabiendo que los territorios indígenas no les pertenecen”, enfatizó, al ser consultada sobre las causas.
“Hay un patrón de violencia sistemático de la forma en que este racismo y este patriarcado se manifiestan y es por los grupos violentos que se organizan, donde más de 200 personas van y atacan un territorio, una recuperación, amenazan de violencia sexual a las mujeres, queman sus ranchos, sus casas, sus cultivos, les persiguen”, recalcó Méndez.
“El Estado no ha logrado garantizar los derechos de las personas indígenas y como ellas y ellos lo han dicho en diferentes consignas, pareciera que en ese sentido no hay democracia para los pueblos indígenas en el país”, aseguró la docente.
En esta afirmación coincidió Mariana Delgado, de Salitre. “Es lamentable porque yo veo que no va a haber un cambio, a estas alturas el Gobierno no tiene voluntad de escuchar a los indígenas y hacer cumplir nuestros derechos. Lo peor es cuando uno ve el maltrato de esos funcionarios, que se supone que están para servir en casos que se necesitan”.
A veces yo me siento tan mal que uno quisiera como aislarse para no escuchar esas declaraciones y esas formas de tratarnos, pero es que nosotros creemos que estamos en una lucha justa por lo que nos pertenece, entonces eso me motiva y no hay por qué echar para atrás sino seguir adelante.
