El movimiento social Mujeres en Acción criticó este martes la actitud del Poder Ejecutivo durante y después de la mesa de diálogo multisectorial, de la cual fueron parte, y lo acusaron de favorecer los intereses del sector empresarial.
La agrupación presentó una propuesta para aplicar por una única vez un impuesto solidario del 1% a los grandes capitales y empresas, lo que generaría un equivalente al 2,27% del PIB, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, pero la opción no fue discutida.
“Este boicot a nuestra propuesta deja claro la existencia de las líneas que el Ejecutivo había pactado con el sector empresarial, particularmente, no tocar a los grandes capitales y fortunas. Todas las propuestas de impuestos altamente progresivos para atender la emergencia económica y social fueron rechazadas o, peor aún, invisibilizadas. En el mismo sentido, la venta de la cartera de CONAPE, a pesar de que fue vetada por APSE, fue aprobada por el Gobierno, evidenciado el valor diferenciado que en la práctica asignó el Ejecutivo a las posiciones de cada sector”, indicó el grupo en un comunicado de prensa.
Mujeres en Acción también criticó la decisión de Casa Presidencial de entablar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tema que no se discutió en la mesa de diálogo.
“Estamos ante un momento grave donde no se debe empeñar el destino de las futuras generaciones, entregando el país al endeudamiento externo. Debilitar y reducir lo que queda del Estado Social de Bienestar, violentando el marco de todos los derechos laborales, sociales y económicos adquiridos por las luchas históricas de los movimientos sociales, empobrecerá a la mayoría de la población, restringirá el acceso a los servicios y derechos humanos básicos, y ampliará la brecha de desigualdad que atenta contra el núcleo mismo de la democracia”, aseguraron.
El movimiento también censuró la metodología del encuentro, la cual consideran que buscaba “impedir la construcción política de acuerdos y agotar a los sectores sociales”, así como la pretensión del Ejecutivo de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la canasta básica hasta un 13%, la cual “se logró detener, en conjunto con otros sectores sociales (…) un resultado limitado, pero que sin nuestra presencia y la de otros sectores sociales no se habría logrado”.