“Ad portas” diversas organizaciones de personas con discapacidad, activistas por los derechos de esa población y sus familias rechazaron un acuerdo al que se llegó en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el sentido de limitar la polémica iniciativa de ampliar la vida útil de los buses a un año y únicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector, así como a cooperativas.
En esa instancia se estudia el proyecto de ley 22.530, que en su versión original busca reformar la Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (No. 7600) para ampliar la vida útil de los buses que transitan por las calles hasta que cumplan 20 años de fabricados.
La semana pasada se anunció como una fanfarria que se había llegado al mencionado acuerdo para ampliaría sólo por un año la vida útil de los buses de las mipymes, una iniciativa de la diputada Olga Morera, del ultra conservador partido Nueva República.
Acuerdo de diputados: grandes autobuseras no podrían extender vida útil de unidades
Beneficio será posible solo por un año para modelos 2006, 2007 y 2008 propiedad de empresas pequeñas, medianas o cooperativas, según acuerdo preliminar en la comisión legislativa de Asuntos Económicos
Al respecto, el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad hizo llegar el viernes pasado un oficio a los diputados y diputadas de esa Comisión en que manifestó su rechazo a la iniciativa: “han invisibilizado nuestras posiciones al seguir tomando decisiones sin las personas con discapacidad, como lo es la reciente moción de la diputada Olga Morera Arrieta, que a pesar de señalamos que la rechazamos ad portas y pedimos el archivo del proyecto de ley por no haber sido consultado a la población con discapacidad, insisten en seguir con la moción”.
Al respecto, desde ese Movimiento la activista Nicole Mesén explicó que no rechazar ese más reciente acuerdo “sería aceptar que todo el proceso del proyecto de ley no fue consultado a la población, tal como lo establece la normativa”.
Mesén destacó que en el oficio enviado a quienes integran la Comisión de Económicos se reiteró dos propuestas que esa organización desde un inicio ha planteado para cumplir con el objetivo que supuestamente se busca con el polémico proyecto de ley, solventar algunas de las penurias que el sector autobusero ha enfrentado a raíz de la pandemia.
En primer lugar, el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad propone una modificación al artículo 52 de a Ley de Tránsito, que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley 7600. En este caso la propuesta estriba en incluir un párrafo que conceda un plazo de seis meses a las mipymes de autobuseros para llevar a cabo el cambio de su flotilla.
“Esto es para que puedan tener ese lapso de tiempo para hacer el cambio, pero sin tocar la Ley 7600, no modifica la vida útil y por ende no lesiona derechos humanos”, subrayó Mesén.
La activista añadió que “esa fue la alternativa más viable que encontramos y que planteamos a las diputaciones”.
La otra propuesta que presentó ese Movimiento consiste en incluir dentro del Sistema Banca para el Desarrollo a las mipymes autobuseras para que puedan tener mayor acceso a créditos.
Mesén destacó que la primera iniciativa es pensada para lograr efectos en el corto plazo, mientras que la inclusión en Banca para el Desarrollo los tendría a mediano y largo plazo.
A pesar del sinsabor que significó esa última propuesta acogida en la Comisión de Económicos, la activista apuntó que “a raíz de la manifestación que hicimos a través del oficio, la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) solicitó a las demás diputaciones de la Comisión valorar nuestras propuestas. Tengo entendido que de momento todavía no hay un acuerdo a raíz del pronunciamiento que hicimos”.
Añadió que “todavía no tenemos claridad de lo que ahora sigue, hemos estado pendientes pero parece que las diputaciones están conversando al respecto de las propuestas que planteamos”.
