La comisión legislativa de Asuntos Económicos acordó en la tarde de este martes limitar el posible beneficio de extensión de vida útil de autobuses, para que solo puedan hacerlo por un año adicional las empresas pequeñas, medianas y cooperativas que además cumplan con la ley 7.600 para personas con discapacidad.
El acuerdo preliminar se logra después de meses de discusión y debate sobre la conveniencia o riesgos de permitir la ampliación de 5 años la vida útil de cualquier autobús, incluso los de grandes consorcios, para que pueda circular hasta con 20 años de antigüedad, como se propuso en 2021 ante la crisis generada por la pandemia.
Ahora esto será posible solo por un año para los vehículos que sean propiedad de pymes y cooperativas, modelo 2006, 2007 y 2008. “Hoy finalmente hubo consenso de que esa es la línea. Es una victoria de la ciudadanía, que ha insistido en que no se puede seguir privilegiando a grandes autobuseros”, dijo Sofía Guillén, diputada de Frente Amplio.
Olga Morera, de Nueva República, valoró encontrar un “punto medio” entre sostenibilidad de las empresas y los derechos de los pasajeros, aunque lamentó que hay comunidades donde ya se suspendió el servicio.
Guillén celebró que este acuerdo preliminar daría un año de extensión de vida útil a algunas unidades “sin poner en riesgo la vida de las personas usuarias” y sin beneficiar innecesariamente a grandes autobuseras con capacidad de modernizar sus vehículos.
Este acuerdo, sin embargo, debería materializarse en mociones del proyecto de ley que estudia la comisión para después pasarlo al plenario legislativo.
Además, la bancada de Frente Amplio anunció que hará una consulta a la Sala Constitucional para verificar que el proyecto no provoque un retroceso en accesibilidad.
