Se estima que el proyecto de la ampliación de la Ruta 32 necesita entre $300 y $350 millones más para poder terminarlo de acuerdo al diseño original y con las obras complementarias necesarias. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informaron hoy que tendrán que ajustarse a $150 millones para rescatar la obra con los recursos disponibles; por ejemplo, eliminando los pasos a desnivel.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Batalla, dijo que cuando ingresó este Gobierno encontraron un proyecto “totalmente desfinanciado, con cerca de $150 millones de dólares en reclamos por parte de la empresa CHEC, con obras ejecutadas sin presupuesto y con una serie de solicitudes de los diferentes alcaldes y fuerzas vivas de las comunidades que están pidiendo una serie de obras adicionales”.
Según las autoridades, los reclamos de la empresa CHEC por $150 millones son responsabilidad de la administración anterior.
Mientras que el Ministro Luis Amador señaló que “la ciudadanía debe conocer la realidad del proyecto, está mal diseñado, sin supervisión y desfinanciado”. Amador explicó que “la única forma de resolver este desorden es bajando un poco el alcance del proyecto, según un comunicado de prensa.
“Por ejemplo los pasos a desnivel son estructuras muy bonitas; pero cada una tiene un costo de $10 millones y son varias. Pero no hay recursos, por lo tanto, habría que eliminarlos. En lugar de eso se deben hacer más aceras en ciertos sectores y algunos cruces a nivel con semáforos activados para que las personas puedan cruzar”, indicó Amador.
El proyecto de ampliación se firmó en el 2012, durante la administración de Laura Chinchilla; pero la orden de inicio fue hasta el 2016, “lo que provocó un primer desajuste en el precio final de la obra”, informó el comunicado. A partir del 2016 se tenía un plazo de 48 meses para su conclusión; sin embargo, al 2023 no ha sido finalizada.
Actualmente falta el 70% de las expropiaciones; aunque en el año 2016 se promovió Ley de Expropiaciones para agilizar las expropiaciones pendientes en un término de cuatro meses; pero se está durando dos años en cada expropiación.
