El director del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial, Roger Mata, expuso este lunes la preocupación de la Corte Plena por 38 mociones que se tramitan en la Asamblea Legislativa y que tendrían impacto sobre el presupuesto 2021 de la institución.
Según Mata, el Congreso considera como “gastos superfluos” algunas partidas que son de importancia para el correcto funcionamiento del Poder Judicial.
“Los diputados consideran que se puede recortar en el programa de alimentos y bebidas, pero este es para privados de libertad, testigos y víctimas que se presentan desde varios lugares. La partida de alquileres de cómputo se ve afectada e incidiría peligrosamente con el norte de apostar por la tecnología en razón de la pandemia. También está la partida de consultorías, que en nuestro caso es con la que pagamos intérpretes y no se trata de que nos van a dar un producto que no sea necesario”, detalló.
El funcionario agregó que mucha de las mociones son “genéricas” y carecen de un respaldo técnico real, por lo que varias instancias técnicas del Poder Judicial las han estudiado para tratar de que no sean aprobadas
“La misma Contraloría General ha subrayado el impacto por esta forma en la que se han planteado las mociones. Esto las vuelve difíciles de controlar, porque son decisiones tomadas sin ningún criterio y afectarían la dinámica del funcionamiento de la institución”, dijo Mata.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aseguró que “la dinámica del presupuesto se ha hecho un poco más compleja por la situación fiscal que vive el país”, por lo que se ha comunicado con algunos diputados para expresar la posición de Corte Plena.
“La idea era hacer una síntesis de las preocupaciones que tenemos y que no vaya a ser que por una moción, por el afán de economizar, que es loable, vayamos a tener una supresión de servicios radical, servicios que no se pueden dejar de dar. Tuve buena respuesta de los diputados de la comisión a las que le mandé mis observaciones, pero están en la etapa final”, afirmó Cruz.
Originalmente, el presupuesto del Poder Judicial para 2021 sería de ¢462 mil millones, aproximadamente 0.82% menos que el dispuesto para el 2020.
