Universidades públicas mantendrán su autonomía en cuanto a evaluaciones de profesores, cursos, despidos, procedimientos y contrataciones de docentes, sin quedar excluidas del tema salarial, según tres mociones aprobadas hoy por la Comisión de Gobierno y Administración al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, explicó la diputada liberacionista Karine Niño a este medio.
La legisladora oficialista Paola Vega también aclaró que temas como el salario global deberán ser consensuados con el órgano rector y no impuestos, sin que esto implique que las universidades vayan a “escapar” de este salario global.
Esta tarde la Comisión aprobó las mociones 89, 90 y 91, que agregan un inciso f) al artículo 6 del proyecto que dice: “El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política”.
La diputada Niño dijo a UNIVERSIDAD que en los componentes de dicho inciso “se está planteando que se reconozcan las particularidades que tiene el empleo universitario en virtud de los estatutos orgánicos y lo que ha venido resaltando la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional”.
“Esta moción lo que hace es dejar claro que las universidades sean las que emitan sus disposiciones referentes a evaluaciones de profesores, cursos, fase recursiva, despidos, procedimientos, contrataciones de los docentes; no así que se excluyan del tema salarial. Se aclara que todo lo que tenga que ver con procesos organizativos y administrativos le corresponde a la universidad”, explicó Niño.
Salvaguardar el principio de autonomía
La diputada Paola Vega (Partido Acción Ciudadana) comentó a este medio que lo aprobado hoy no puede verse en individual porque “viene una lista de mociones que se consensuaron entre varios diputados para salvaguardar la autonomía”.
“Lo que busca esta moción es que el régimen de empleo público, bajo ningún motivo afecte la autonomía, la rectoría, que tiene la universidad para ejercer sus contrataciones, evaluaciones y demás. Así que los estatutos y la normativa interna, tal como lo estipula la Constitución Política y la jurisprudencia, van a tener un reconocimiento. Lo importante aquí es que se está salvaguardando el principio de autonomía”, destacó Vega.
No obstante, aclaró que ella mantiene su tesis de que las universidades públicas tienen que ser excluidas totalmente del proyecto de ley y que reiterará esas posiciones en plenario.
La moción 89 fue presentada por el diputado independiente Dragos Dolanescu.
“En el caso de la moción que yo presenté y que fue aprobada, lo que busco es dejar manifiesto en el proyecto de ley que esta autonomía debe respetarse sin afectar la capacidad del sistema de educación superior de independencia de administración, de organización y de cátedra”, expresó Dolanescu a UNIVERSIDAD.
Y agregó: “Las universidades deben ser realistas con las situaciones presupuestarias que vive el país. Pero las mociones aprobadas hoy garantizarán la autonomía de las universidades para organizarse, administrarse y de su funcionamiento. Creo en la palabra de los rectores de las cinco universidades de que ellos mismos tomarán medidas para autorregular los altos salarios y las gollerías de algunos empleados que se aprovechan del sistema”.
Ana Karine Niño insistió en que esta moción “en ningún momento excluye a las universidades estatales; eso es totalmente falso”. “Si hubiera sido así, en el artículo 2, referente al ámbito de cobertura de la ley se hubieran quitado. Tampoco es cierto que tengan un sistema aparte, ni que sean una isla”, señaló.
El ente rector
La Comisión también reiteró la aprobación a la moción 82, que da la rectoría en materia de empleo público al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y que señala que el Servicio Civil dirigirá y coordinará “la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público”.
Niño explicó que se buscará corregir y mejorar esta rectoría compartida entre el Servicio Civil y Mideplan, ya sea vía 154 (devolver el proyecto a comisión para mejorarlo), o abriendo el plenario a comisión “para dejar claro que la rectoría debe quedarse en Mideplan” y que el Servicio Civil tenga sus potestades.
La legisladora verdiblanca también presentó una moción “que recoge la aplicación del salario global de las universidades y dice que tienen que coordinarlo con el Mideplan”. “En el tema de salario tiene que haber una coordinación”, añadió.
Los legisladores continuarán conociendo mociones el miércoles a las 8:45 am. en una sesión extraordinaria que se espera que dure todo el día.
