El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, declaró que “harán un alto en el camino y plantearán posibles soluciones y nuevos pasos a seguir” con respecto a la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de dejar sin efecto el proceso de compra de los nuevos escáneres que la administración Chaves Robles prometió instalar en puertos y fronteras del país para combatir el narcotráfico y el contrabando.
Carvajal dijo que están haciendo el análisis jurídico y que interpondrán recursos de apelación ante la decisión de la Contraloría.
En un video difundido por presidencia, el ministro Carvajal dijo que “este Gobierno ha procedido etsrictamente en apego a la Ley de Contratación Administrativa, utilizando un mecanismo que es legal, que es la contratación entre entes de derecho público”.
Según Carvajal -quien fue designado por el presidente Rodrigo Chaves para coordinar la instalación de los escáneres-, la CGR interpretó la ley de manera distinta y dice que no pueden combinar procedimientos que ya estaban en curso.
“Los escáneres puestos en cada frontera debilitan el poder que tienen los carteles narcotraficantes en Costa Rica, por eso es una herramienta esencial en la lucha contra la narcoactividad”, agregó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
La polémica operación de los escáneres
El pasado 13 de julio empezaron a operar dos nuevos escáneres de mercancías en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), de la empresa APM Terminals, en Moín.
Como reportó UNIVERSIDAD, de acuerdo con información divulgada por el fiscal adjunto Mauricio Boraschi, desde que se instalaron esos escáneres un total de 1.240 kilos de cocaína que se embarcaron en ese puerto han sido incautados en Europa.
El Gobierno prometió que al 2024 estarían operando además dos escáneres en la terminal de Caldera, uno en uno de los muelles de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), uno en Paso Canoas y uno en Peñas Blancas. Los escáneres serán administrados por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
En febrero pasado, el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes Quesada, confirmó a este medio que Racsa subcontrataría a una empresa privada para que opere los escáneres.
Racsa formó un consorcio con las empresas Corp Low Risk, Distrivet Sociedad Anónima, Propinsa y Astrophysics para operar los escáneres. Sin embargo, esta es la alianza que ha sido cuestionada. Como reportó el medio Diario Extra, Corp Low Risk no había emitido una sola factura en toda su historia al momento de ser elegida para la contratación.
Además, como ha reportado el medio La Nación, el exdiputado y excandidato presidencial Otto Guevara Guth escribió al gerente de Racsa adviertiéndole que había que “proteger al presidente” porque la prensa podría titular “Gobierno de Chaves da escáneres a empresa de papel de colombiano’. Esto por cuanto el expresidente del Instituto de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas Dijeres, cuestionado por su vínculo con un sospechoso del Caso Corona (en el que se investigan tráfico internacional de drogas por presuntamente exportar cocaína líquida a Europa y Asia), contactó a Racsa con Corp Low Risk Costa Rica.
Contraloría ordenó al Gobierno cumplir con el marco jurídico
Según el oficio DFOE-DEC-3207 enviado el 20 de diciembre por la CGR a Carvajal y al director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Nelson Morera, el concurso para la compra de los escáneres debía anularse porque el SFE estaba usando de forma simultánea dos excepciones que son incompatibles.
El SFE estaba en proceso de hacer una contratación directa entre entes públicos, una excepción que permite la Ley General de Contratación Pública siempre y cuando el ente a contratar realice el 70% del trabajo. Pero en este caso Racsa iba a subcontratar al cuestionado consorcio citado.
La Contraloría explicó que esa “excepción de contratación entre entes de derecho público, es incompatible con la figura de la alianza estratégica”, como la que hizo el Gobierno con Racsa y el consorcio.
También les cuestionó no haber realizado un estudio de mercado, lo cual era un requisito indispensable para determinar las mejores opciones en la relación calidad – precio y los sujetos con mayor experiencia demostrada; y para hacer un análisis comparativo entre los potenciales agentes públicos y privados que sean idóneos.
La CGR también ordenó al MAG cumplir con el marco jurídico en materia de contratación pública para seleccionar cualquier contratista, para lo cual les dio tiempo hasta hoy 21 de diciembre.
Más de 1.200 kilos de cocaína han salido de APM Terminals desde instalación de los escáneres
Así lo expuso el fiscal y exdirector del ICD Mauricio Boraschi en programa radial, donde puntualizó que son cinco los cargamentos que se han detenido en Europa provenientes de Costa Rica, uno salió de muelle de Japdeva y otro se trató, aparentemente, de un barco en tránsito. El total proveniente de Costa Rica alcanza 1.800 kilos.
Gobierno instaló dos escáneres en APM Terminals y los restantes cinco se instalarán “de aquí al 2024”
Para el próximo año estarán operando los siete escáneres que la administración Chaves Robles prometió, indicaron las autoridades.
Gobierno reafirma que serán funcionarios los que controlen y revisen mercancías que pasen por escáneres y no empresa privada
Racsa confirmó que en las próximas semanas se seleccionará la empresa privada que brindará el servicio de operación de los escáneres.
