La Ministra de Planificación y Política Económica (Mideplan), Laura Fernández Delgado, defendió los proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo para “aclarar” la interpretación de la Ley de Contratación Pública, con el fin de que el Gobierno contrate directamente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el proyecto de Ciudad Gobierno sin realizar un concurso público.
La ministra señaló que en los proyectos de ley presentados como opciones a los diputados se aclara, entre otras cosas, que se “permite la selección directa en función de mayor rentabilidad para satisfacer el interés público”.
Fernández compareció la tarde de este miércoles ante la Comisión Permanente Ordinara de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa para referirse a los dos proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo el 14 de diciembre pasado.
Se trata del proyecto “Reforma de los artículos 67 y 77 de la Ley 9986 Ley General de Contratación Pública (expediente 24.099) y del proyecto “Interpretación Auténtica de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública (expediente 24.100).
Fernández señaló que desde que funcionaba la anterior Ley de Contratación Administrativa (hoy la Ley General de Contratación Pública) el país venía desarrollando este tipo de proyectos de arrendamiento de bienes por construir habilitados por vía reglamentaria sin mayores entrabamientos y mencionó como ejemplos el Proyecto Geotérmico Pailas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el edificio de BN Valores.
La ministra insistió en que “esto no es una cabezonada para sacar a golpe de tambor Ciudad Gobierno”.
También mencionó que “no es que el Estado le está alquilando a un tercero para que después ese tercero le alquile al Estado”, sino que “en la formulación económica el precio del terreno se saca de la ecuación y lo que se pagaría de ese arrendamiento es lo que está para arriba (construido sobre el terreno)”. “El Gobierno pone el terreno y pagaríamos sobre los diseños, la construcción”, añadió.
No está listo estudio de pre-inversión
Con respecto a los avances del proyecto Ciudad Gobierno, Fernández aclaró que lo que se tiene es el levantamiento de requerimientos de las 36 instituciones públicas que incluiría; la guía de diseño; y que el estudio de pre-inversión estaba en formulación, cuando llegó la advertencia de la Contraloría General de la República (CGR).
Ciudad Gobierno es un proyecto que nació en 2014, durante la administración Solís Rivera, para construir un complejo arquitectónico en terrenos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en las inmediaciones de Plaza González Víquez y la Estación al Pacífico, que incluirá la infraestructura propia para 36 instituciones del Gobierno, con el fin de que el Estado ahorre en alquileres de edificios y preste servicios públicos de manera concentrada.
En febrero de 2023 y por negociaciones hechas por la administración Chaves Robles, se anunció que la obra se financiará con un crédito de $450 millones que otorgará el BCIE, banco que desarrollará, administrará y arrendará los edificios bajo la modalidad de “arrendamiento operativo de inmuebles por construir”, bajo la Ley de Contratación Pública y los transferirá al Estado después de 25 años.
El 6 de setiembre de 2023, la CGR advirtió a los jerarcas del Mideplan y de Hacienda que no se podía usar el procedimiento especial previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública de la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles porque es imposible ese tipo de modalidad en terrenos que son propiedad del Estado -como en este caso- y aclaró que se tenían que seguir todos los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley y sacarlo a concurso público.
Según declaró hoy Fernández, uno de “los aspectos que necesitamos clarificar o que necesitamos que sea incluidos de manera expresa en la norma para evitar el problema de la interpretación que estamos teniendo” es “la selección del contratista, que puede ser de cualquier naturaleza jurídica, y que se deben respetar los requisitos definidos”.
Otros aspectos que mencionó la ministra que se requieren clarificar son “que podrán desarrollarse en propiedades de entes públicos para lo cual se otorgarán derechos de uso”; aclarar que es un arrendamiento operativo y no financiero (deuda); y precisar los requisitos que el artículo 67 le pone a la administración, que según Fernández son “un avalúo de lo que la administración va a arrendar, un estudio de mercado, estudios de viabilidad y rentabilidad”.
Gobierno quiere que diputados refuten a la Contraloría y avalen al BCIE para que construya Ciudad Gobierno
La CGR determinó que el proyecto de Ciudad Gobierno debe pasar por el proceso completo de licitación y recordó que el arrendamiento financiero con el BCIE es “deuda pública”.
Diputada Pilar Cisneros arremete contra la Contraloría por traspié de Ciudad Gobierno
Diputada asegura que argumentos para no autorizar proyecto de Gobierno carecen de fundamento legal e impedirán ahorro de $17millones
Chaves insiste en empujar proyecto ‘Ciudad Gobierno’ con las condiciones que cuestionó la Contraloría
Presidente dijo que lamenta impedimento para avanzar con el proyecto, pese a que objeciones de la CGR se basan en condiciones escogidas para el desarrollo del complejo de edificios gubernamentales en San José.
