Ministra de Planificación: Universidades estatales entrarán en nuevo sistema de empleo público

La jerarca señaló que la intención es ordenar a todo el sistema estatal con el nuevo proyecto de Empleo Publico, pero subrayó que esto dependerá —como ya ocurre con el plan fiscal— de resoluciones legales en materia de autonomía.

Las universidades públicas deberán integrarse al nuevo sistema de empleo público que impulsará el Gobierno a partir de la próxima semana, plazo que el Ministerio de Planificación (Mideplan) se puso como límite para presentar su nuevo proyecto de reforma al sistema de contrataciones y vinculaciones laborales con el Estado.

Así lo confirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido; quien afirmó que las universidades serán parte del texto que se ideó con el objetivo de flexibilizar el sistema laboral y aliviar las presiones del sector público sobre las finanzas nacionales.

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Garrido realizó estas declaraciones como parte de su audiencia ante los diputados de la comisión especial que analiza la gestión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), quienes aprovecharon para consultar sobre los contenidos del proyecto que se presentaría el próximo lunes.

Allí, la jerarca apuntó que “las universidades van a ser parte del nuevo proyecto de ley”, aunque también subrayó que desde su cartera serán “muy respetuosos de la decisión que señale la Sala Constitucional sobre la autonomía universitaria”.

“No obstante, el Estado es uno solo y como Estado único hay principios y temas generales que son de aplicación para todos”, concluyó.

Sobre esta inclusión, Garrido detalló que la intención es que las universidades se rijan bajo un régimen propio —por la especialidad de su naturaleza—; sin embargo, puntualizó que siempre habría una columna vertebral que deberán seguir, al igual que el resto de las instituciones, para reordenar sus condiciones.

“Las universidades tendrían su propio régimen, pero habría regulaciones específicas, generales, que tienen que atenderse para nuevos funcionarios. Son normas en toda la gestión del empleo público, desde el ingreso de los funcionarios hasta la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión de la compensación, la gestión del desarrollo y las políticas de conciliación, partiendo de la planificación estratégica y de una visión de desarrollo sostenible”, explicó.

Con estas palabras, Garrido zanjó las dudas de los diputados, quienes le cuestionaron sobre el tema, como nueva rectora de la materia.

Esto es así porque la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas brindó al Mideplan las riendas del empleo público en el país, las cuales ahora utilizará para liderar este proyecto de reforma.

Cumplimiento de las medidas

Pese a las aclaraciones de Garrido, no todas las dudas de los diputados quedaron totalmente evacuadas.

Los congresistas cuestionaron a Garrido sobre cómo avanza y avanzará el cumplimiento de leyes como el proyecto de empleo público y el recién aprobado plan fiscal, ante lo que la ministra fue especialmente sincera.

La jerarca fue enfática en que la intención ha sido y seguirá siendo abarcar a todas las entidades públicas en los proyectos de ley; sin embargo, enfatizó en que una buena parte de ese objetivo dependerá resoluciones legales.

Específicamente, Garrido señaló que habrá una gran cantidad de temas que deberán dirimir entidades como la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales deberán resolver disputas en materia de autonomía universitaria y convenciones colectivas.

Sobre el primero de los puntos, Garrido señaló que en la cartera que dirige están “a la espera de ver qué va a pasa” con acciones de incosntitucionalidad, pues de ello dependerá gran parte del impacto de las nuevas medidas.

Eso sí, recordó que si bien el artículo 85 de la Constitución Política habla de la autonomía universitaria, el artículo 191 hace lo propio sobre la existencia de un régimen único en materia de servicio civil, dos artículos que “tienen la misma altura constitucional” y que deberán aplicarse (cada cual a su forma).

“Es cierto que ya la Sala ha interpretado la autonomía en otras ocasiones, pero —a la luz del nuevo esfuerzo en empleo público— esperamos ver cómo lo va a interpretar de nuevo”, comentó.

Sobre las convenciones colectivas, recordó que allí es donde se hospedan la mayoría de los incentivos que podrían reordenarse, pero que “la duda es si efectivamente las convenciones pesan más o menos que las nuevas legislaciones, por ejemplo, en materia de anualidades”.

“En materia de cesantía un reciente dictamen de la PGR sí fue claro en que la nueva ley está por encima de la ley entre partes (las convenciones). No obstante, no se generaliza para todo, sino únicamente para el caso que se consultó”.

“Habría que esperar si esta interpretación es generalizada para todos los demás aspectos que la nueva ley rigió o si solo se contempla para algunos aspectos que están fuera de las convenciones”, señaló, en relación con la aplicación de la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Buenas señales

A pesar de todos los planes, la actitud de la jerarca del Mideplan no fue confronatativa con las universidades.

Por el contrario, la ministra destacó que estas entidades han demostrado una buena apertura para realizar modificaciones como parte del proceso de diálogo y además señaló que las entidades han realizado modificaciones internas en los últimos años para ir frenando sus curvas de crecimiento en materia de remuneraciones.

“En las conversaciones que he sostenido recientemente con los señores rectores, en el marco de la Comisión de Enlace y bilateralmente, notamos un reconocimiento de esa responsabilidad y confío en que, en caso de que la Sala Constitucional resuelva otra cosa, estarán aceptando poder caminar hacia una trayectoria más de sostenibilidad”, señaló.

Según Garrido, “es imperativo” que cada sector reconozca la importancia de adherirse a estas reformas, pues no hacerlo supondría poner en riesgo los cimientos del Estado que tenemos actualmente, como un todo.

Esta visión, aseguró, la ha observado en las universidades, pero debe profundizarse si no se quiere caer en una trayectoria insostenible.

“Hemos visto que se han hecho algunos esfuerzos muy relevantes en las universidades por tratar de mejorar o contener más el tema de empleo público, pero aún hace falta mucho trabajo por hacer (…) es verdad que han habido algunas acciones tendientes al ahorro y la sostenibilidad, pero siempre es posible hacer más”, concluyó.

La audiencia completa


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