La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, aseguró que no permitirá que ninguna institución esquive la regla fiscal, que impondrá un tope del 4,67% al crecimiento del gasto corriente en las instituciones del sector público no financiero en sus presupuestos para el próximo año.
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Así lo afirmó la jerarca ante los diputados esta semana, a quienes aseguró que “cualquier intento de salirse de esa regla va a topar con pared”.
“El Ministerio de Hacienda más bien está haciendo todos los ajustes para apegarse a la regla, porque esta ministra no vendría aquí con un presupuesto que no cumpla con la ley y, si en algún momento la ministra se volviera chiflada y viniera con ese presupuesto, yo sé que ustedes jamás lo van a aprobar, así que (lo que digan algunas instituciones) se convierten en meros deseos y nada más”, puntualizó.
Aguilar respondió así luego de que varios diputados le cuestionaran sobre la aplicabilidad de la medida, cuya primera aplicación se realizará en 2020, cuando se ejecute el primer presupuesto que se tramite después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En esa ley, los diputados redactaron cuatro tractos del control del gasto, en una proporción que pondera el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de la deuda pública.
En este año se aplicará el tercer escalón de esa norma, según el cual “el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal (de los últimos cinco años)” cuando “la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 45% del PIB, pero inferior al 60% del PIB”.
Al respecto, la ministra puntualizó que además los presupuestos son revisados por la Contraloría General de la República, entidad que “fundamentalmente utiliza el criterio de legalidad y tampoco podría siquiera aprobar un presupuesto de esos (si no aplican lo que establece la ley recién aprobada)”.
La ministra no quiso hacer referencia a ninguna institución de las que han presentado objeciones con la aplicación de la regla, a pesar de que el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le preguntó directamente por una lista de “los rebeles”.
“Yo no voy aquí, como dicen los chiquillos, de acusetas. Ustedes saben que la aplicación de la regla implica un cambio muy importante para todos; de hecho, me parece que para las municipalidades han tocado la puerta aquí para que oficialmente se les excluya de la regla y también ha habido algunos intereses de interpretar la ley de forma diferente, pero la ley es muy clara, y dice que es de aplicación general para el sector público no financiero”, respondió la jerarca.
Las únicas excepciones de la norma son para los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo la Caja Costarricense del seguro Social (CCSS); toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad de competencia (excepto cuando la deuda sobre sus activos sea superior al 50%); y para la factura petrolera de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Además, la regla fiscal propone que Hacienda pueda “presupuestar y girar los destinos específicos legales (las transferencias estatales obligatorias de ley) considerando la disponibilidad de ingresos corrientes”, en caso de que la deuda pública supere el 50% del PIB.
El caso de las ‘U’ públicas
Cuestionada por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, en relación con la aplicación de la regla fiscal en instituciones cuyo crecimiento presupuestario es de mandato constitucional, como las universidades públicas, la ministra aseguró que estas no tendrian mayores inconvenientes en los próximos años.
El conflicto de la regla fiscal en este caso es que podría chocar con el artículo 85 de la Constitución Política, según el cual los presupuestos universitarios nunca podrán recortarse y deberán ser ajustados “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda” (la inflación).
Ese indicador podría ser mayor que el tope del crecimiento que termine estableciendo la regla fiscal; sin embargo, la ministra descartó que eso vaya a afectar el presupuesto de los próximos años.
En esa línea la jerarca señaló que la regla solo aplica en el gasto corriente, por lo que las universidades podrían armonizar ambos rubros para que el presupuesto crezca de la manera correcta.
“Para una transferencia del orden de ¢500.000 millones o un poco más que reciben las universidades, si usted se fija en su histórico, más del 10% de esos recursos van a infraestructura”, apuntó la ministra.
Al respecto, el diputado Villalta no quedó satisfecho con la respuesta porque, en caso de que la deuda pública supere el 60% del PIB, la norma también aplicaría para gastos de capital, un umbral de la deuda que el país estaría superando en 2021 según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al respecto, la ministra de Hacienda concluyó que, por lo menos para los próximos dos presupuestos (de 2020 y 2021), no habría problemas si se mantienen las condiciones previstas, pero subrayó que “llegado el momento habrá que valorar cómo atender esa decisión”.
“También es importante que durante todo este proceso las universidades hagan un esfuerzo de contención del gasto corriente, de tal manera que puedan, como deben hacerlo, adoptar las normas de remuneraciones y tener muchísimo mayor espacio para su crecimiento”, puntualizó.
