Como un “relajo ambiental generador de daños ambientales en las personas trabajadoras” calificó el abogado ambientalista Álvaro Sagot la situación que se vive en la Mina Bellavista, pues recién el pasado 31 de agosto el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria ante la contaminación por plomo de la sangre de las personas trabajadoras y el vertido de aguas sin tratamiento a un cuerpo de agua utilizado por la población local.
Esa orden sanitaria entre otras cosas pide realizar exámenes a todos los trabajadores del laboratorio, donde se detectó la mayor incidencia de plomo, que deben incluir hemograma, prueba de función renal y hepática, orina general, radiografía de tórax y audiometrías.
Además la orden sanitaria dirigida al representante legal de la mina, Óscar Echeverría Heigold, manda a “suspender de manera inmediata las actividades del laboratorio hasta tanto cuente con un sistema de tratamiento de aguas residuales especiales”.
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La orden sanitaria se basa en un informe de inspección realizado el 22 de agosto por personal del Área Rectora de Salud de Montes de Oro, Puntarenas y consigna que se llevó a cabo porque una semana antes se recibió “una alerta por posibles intoxicaciones por plomo en los trabajadores del laboratorio de la Mina Bella Vista”.
La inspección revisó los resultados de exámenes de sangre realizados a las personas trabajadoras por niveles de plomo durante los años 2020 al 2023, “evidenciando que en el último año se refleja un aumento significativo de los niveles de plomo”.
“Se revisan todos los exámenes del último año, donde se determina que 5 funcionarios presentan valores por arriba de 10 ug/dl (microgramos por decilitro), 6 funcionarios con valores mayores a 5 ug/dl y 13 funcionarios con valores menores a 5 ug/dl”.
De acuerdo con directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cuando la concentración de plomo en la sangre sea ≥5 µg/dl, se deben identificar las fuentes de exposición al plomo y tomar las medidas adecuadas para reducir / detener con la exposición”.
Esa entidad informa en su sitio web que el plomo es “una sustancia tóxica que va acumulándose en el organismo y afectando a diversos sistemas. Es especialmente nocivo para los niños de corta edad”. Además “se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos. Se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. La exposición humana se suele evaluar midiendo la concentración de plomo en sangre”.
Un caso llamativo es el de un trabajador de 26 años de edad, quien al momento de la inspección tenía seis meses de trabajar para la empresa minera y presentó un nivel de plomo en su sangre de 11.5 ug/dl,
Entre otras faltas encontradas, como extinguidores vencidos, se apunta en el informe que precisamente la zona de laboratorio “tiene un canal para que escurran las aguas provenientes del lavado de los pisos del laboratorio, este canal dirige las aguas residuales hasta una zona verde sin previo tratamiento. Estas aguas escurren a un cuerpo de agua”.
Algo similar sucede en la denominada área de hornos, que “cuenta con una pileta para el lavado de materiales, las aguas residuales provenientes de esta pila no cuentan con un sistema de tratamiento adecuado y estas escurren de manera libre por las zonas verdes”.
“Es importante resaltar, que el cuerpo de agua que está siendo receptor por escorrentía de las aguas residuales provenientes del lavado de materiales y limpieza en general del laboratorio es un cuerpo de agua utilizado por las comunidades de manera recreativa, por lo que existe contacto primario”, se añade con gravedad al respecto.
Es de notar que ese documento, además, consigna que el tema se trató el 28 de agosto en reunión virtual en la que participaron las autoridades del Ministerio de Salud Rodrigo Marín Rodríguez director de Vigilancia de la Salud, Eugenio Androvetto Villalobos , Director de Salud Ambiental y Protección Radiológica, Ricardo Morales Vargas, jefe de Salud Ambiental, Raúl Pacheco del Hospital Monseñor Sanabria, y Victoria Sánchez Loría, Subdirectora de la Unidad de Rectoría de la Salud.
Sagot consideró que es “imperdonable” que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental “no ordene inmediatamente la clausura, exija la paralización inmediata de labores y que ordene abrir expedientes sancionatorios contra los regentes ambientales y la empresa”.
El abogado ambientalista además cuestionó que la orden sanitaria del Ministerio de Salud no mandara la clausura de todo el proyecto. “Ese es el desarrollo sostenible minero que impera en Costa Rica. ¿Se pretende extender de nuevo? Esa es la pregunta clave”.
