La acumulación de deudas persigue al empresario que solicitó el desalojo de cerca de cien familias en finca Chánguina, en el cantón de Osa.
Óscar Echeverría Heigold aparece relacionado con 62 sociedades anónimas. De ellas, seis aparecen con morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de acuerdo con datos de esa institución actualizados al 25 de febrero.
Las principales deudas contraídas con la CCSS provienen precisamente de Bananera Chánguina S.A. por ¢165.304.738, y Bananera del Térraba S.A., por ¢315.173.585. En ambos casos, las empresas son consignadas como “patrono inactivo moroso en cobro judicial” y suman ¢480.478.323.
Aunado a las deudas de las otras cuatro empresas cuya representación legal recae sobre Echeverría −sea como presidente o como secretario de las sociedades−, el total adeudado alcanza ¢482.172.022. Estas cuatro empresas son Río Minerales S.A., con ¢78.238; Metales Procesados MRW S.A., con ¢910.219; Grupo Bananero del Pacífico G B P S.A., con ¢613.129, y Finca Tatiscu S.A. con ¢92.113.
En reiteradas ocasiones se intentó localizar a Echeverría en las oficinas de motores Británicos. El lunes 29 de febrero se informó que no se encontraba él ni su asistente. El martes 1 de marzo se informó que el empresario estaba fuera de San José. Tras una tercera llamada se contactó a su asistente a quien se le explicó el contenido del reportaje y quien informó que el empresario está “fuera de la oficina” por 15 o 22 días y que era difícil poder contactarle. Este redactor dejó toda su información de contacto, pues se dijo que si podían comunicarse con él se le pasaría la información.
AÚN HAY MÁS
Las empresas Río Minerales S.A. y Metales Procesados MRW además impulsaron la explotación de oro en el cuestionado proyecto de la mina Bellavista en Miramar de Puntarenas e incluso presentaron una demanda contra el Estado en el 2010, en busca de que se les facultara para reanudar la actividad.
Entre esas empresas destaca Río Minerales S.A., cédula 3-101-029979, pues según datos del Ministerio de Hacienda recabados el 26 de febrero y actualizados al 8 de febrero, esa sociedad al corte del 31 de enero de este año debe ¢4.218.450.
La información de Hacienda cita como representante legal de esa sociedad a Peter Tagliamonte; sin embargo, una certificación expedida por el Registro Nacional el pasado 29 de febrero hace constar que Echeverría Heigold es presidente de la empresa y ostenta la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.
Este empresario aparece también como fiador de una deuda de Bananera Chánguina S.A. con el extinto Banco Anglo Costarricense (BAC) por ¢3.824.684.092. Los últimos datos que posee UNIVERSIDAD de deudores de este banco −cuya desaparición fue ordenada en 1994 por el entonces presidente José María Figueres− datan del 2014. La gestión de este Semanario ante el Banco Popular, administrador del fideicomiso del BAC, para conseguir la lista actualizada no tuvo respuesta al cierre de edición.
En lo que respecta al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Bananera del Térraba aparece con deudas por ¢4.971.770, según datos actualizados al pasado 26 de febrero.
Bananera Chánguina S.A. además le debe ¢5.810 al Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS). Mientras tanto, esa misma institución apunta que Bananera del Térraba S.A. se encuentra “en proceso judicial” y detalla que el monto de la deuda es por ¢234.448.
Compañía Río Minerales S.A. aparece en el IMAS con una deuda total de ¢42.128
Metales Procesados M R W S.A. también le debe al IMAS ¢15.995. Grupo Bananero del Pacífico GBP S.A., ¢27.398 y Finca Tatiscu S.A. ¢50.977.
Estos datos del IMAS fueron obtenidos de su sitio web el 29 de febrero y están actualizados al 27 de febrero. El total adeudado por estas empresas a la institución es de ¢376.758, con lo que el total de las deudas de las empresas mencionadas es de ¢4.316.423.093.
Esa cifra, cabe subrayar, toma en cuenta el mencionado monto de la deuda con el BAC.
EL INCENTIVO DE CORBANA
Desde agosto del 2012 y de nuevo en agosto del año pasado, el ciudadano Roberto Mora por medio de su blog El Cobrador de la CCSS, denunció que la Corporación Bananera Nacional (Corbana) aportó un “incentivo que se le giró al señor Echeverría Heigold por $1,7 millones como parte del $0,02 de impuesto por caja de banano exportada”. Ese dato fue reiterado por el diputado Gerardo Vargas en el plenario legislativo en agosto del año pasado y al día de hoy, esos $1,7 millones (a ¢542,20 el dólar) suman ¢921.740.000.
El texto de Mora añade que se trata de un incentivo que se entregó a productores nacionales para que pudieran salir de deudas, entre ellas las cuotas atrasadas con la CCSS. Menciona además que en el caso de Óscar Echeverría el Consejo Nacional de Trabajadores (Conatrab) “investigó y se determinó que nunca canceló su deuda con la CCSS con esos dineros”.
UNIVERSIDAD solicitó a Corbana datos sobre los fondos que esa entidad habría girado a este empresario y si ya canceló la deuda, pero al cierre de esta edición no se contó con la respuesta.
Si al monto ya citado de las deudas pendientes con diferentes entidades estatales se sumara el incentivo de Corbana, la cifra total ascendería a ¢5.237.893.093.
CONTRATO VENCIDO
La tensa y violenta situación que enfrentan las aproximadamente 100 familias de finca Chánguina y Cuadrante 3, se origina en 1991, cuando el entonces gobierno de Rafael Ángel Calderón se propuso reactivar la producción bananera en la Zona Sur y se buscó que cooperativas locales aportaran los terrenos.
Las tierras de finca Chánguina y finca Térraba pertenecieron a la United Fruit Company y tras el abandono de la multinacional estadounidense el Estado las cedió a Coopalca del Sur, la cual ese mismo año de 1991 las arrendó a las empresas Bananera Chánguina S.A. y Bananera del Térraba S.A. por 20 años.
De acuerdo con información de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en el 2001 esas empresas entraron en quiebra “y el patrono nunca canceló los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por lo que muchas y muchos de ellos tomaron posesión de la tierra, con la finalidad de cultivarla y así compensar la deuda que el patrono no les honró en sus extremos laborales”.
Daniel Villalobos, uno de los líderes campesinos de la zona, relató en la edición de UNIVERSIDAD del 12 de agosto del año pasado, que en ese 2001 el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez propuso que los campesinos se organizaran en cooperativas, con el fin de que se les pudieran entregar las fincas. De esa manera nació Cootraosa, de la cual es vicepresidente.
Sin embargo, en el 2002 Echeverría Heigold solicitó el desalojo al Ministerio de Seguridad, lo cual nunca se materializó, hasta que en el 2014 el empresario logró que la Procuraduría General de la República reactivara el proceso, que tuvo un primer capítulo el 30 de julio del año pasado.
En el caso concreto de Finca Chánguina, de acuerdo con Ditsö el contrato de arrendamiento otorgado por la entonces propietaria Coopalca del Sur venció en junio del 2011.
Incluso una resolución del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur −del 27 de abril del 2015− “ordenó su cancelación (del contrato de arriendo) por estimarlo vencido”. Según ha trascendido, el alegato para que Echeverría solicitara el desalojo en el 2002, es que una cláusula del contrato adelanta la posibilidad de extender plazos, si se daban acciones colectivas que impidieran el funcionamiento de la empresa.
Al cierre de esta edición se confirmó que el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur acogió una solicitud de medidas cautelares anticipadas contra Bananera Chánguina y Bananera Térraba, con lo cual el desalojo anunciado por el Ministerio de Seguridad queda suspendido.
Según informa el sitio en Internet EdgardoAraya.cr (diputado), tales medidas fueron solicitadas por 43 cabezas de familias ocupantes de finca Chánguina bajo la coordinación del legislador del Frente Amplio.
