El director ejecutivo de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Miguel Aguiar Bermúdez, sostiene que sus opiniones técnicas han sido desechadas por los nuevos integrantes del Consejo Rector, con el afán de implementar una “agenda ilegal”.
Así consta en la demanda por acoso laboral interpuesta el pasado 6 de marzo contra los ministros de Agricultura, Economía y Turismo, y contra el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). En esta denuncia, Aguiar expuso una serie de 63 hechos ocurridos en un plazo de nueve meses y adjuntó pruebas documentales.
En ese documento señala que su trabajo profesional ha sido descartado “sin ningún tipo de justificación técnica y con el solo afán de empezar a implementar una agenda ilegal, la cual técnicamente no comparto y por lo cual me he ganado la animadversión y acoso del sector gobierno, quienes buscan mi salida para implementar su agenda paralela”.
El pasado 12 de mayo, el Consejo Rector del SBD suspendió temporalmente a Aguiar, quien ocupaba el puesto desde 2012.
“La razón de ser del hostigamiento laboral” del que es objeto, según Aguiar, es que su posición es técnica y fundamentada, lo cual “implica una posición antagónica ante los intereses politiqueros que enarbolan los nuevos miembros del Consejo Rector”.
Como ha reportado UNIVERSIDAD, Aguiar explicó que dentro del plan para acosarlo laboralmente se desvalorizaron sus logros alcanzados como director ejecutivo; hubo intromisión en sus competencias como director; y hubo un hostigamiento particular desde el MAG, cuando era dirigido por Laura Bonilla Coto. Otro de los puntos controversiales fue que se le excluyó de la discusión de la reforma al reglamento del SBD.
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Miguel Aguiar destacó que “transferir recursos públicos a fideicomisos de carácter eminentemente privado”, ajenos a cualquier control era inviable desde el punto de vista legal.
$1.801 millones
El SBD se creó en el 2008 como un mecanismo para financiar proyectos productivos, viables, otorgando avales y garantías para facilitar el acceso al crédito. Está dirigido a personas emprendedoras, microempresas, Pymes, micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, modelos asociativos empresariales y beneficiarios de microcrédito, según la Ley que lo creó.
Los recursos totales del sistema ascienden a $1.801 millones (alrededor de ₡965.336 millones); pero un 98% de esos recursos ya están colocados o comprometidos, según el Informe de Colocaciones y Cartera de Crédito al 31 de marzo de 2023.
Funciona así: El beneficiario solicita el crédito ante uno de los 50 operadores financieros del SBD (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras o cooperativas de productores) y los recursos del SBD son girados a estos operadores, que tienen condiciones diferentes.
Según la Ley, se podrán garantizar operaciones de financiamiento y el monto máximo por garantizar en cada operación será hasta por el 75% de esta.
Por ejemplo, si una persona que solicita un crédito tiene una maquinaria para su taller, puede poner esa maquinaria como garantía. Si el banco se la recibe a un 60% de su valor, a esa persona le hace falta un 40% de garantía para poder tener acceso a su financiamiento. Entonces, si el proyecto es viable según el análisis del banco, se le puede emitir un aval, garantizando ese 40% que hace falta. Ese aval puede ser hasta por el 75% de esa operación, según la Ley.
No obstante, esa fue una de las cosas que quiso cambiar el nuevo Consejo Rector que nombró este Gobierno.
Las reformas del nuevo Consejo Rector
En mayo de 2022, la administración Chaves Robles conformó un nuevo Consejo Rector del SBD, integrado por William Rodríguez López, ministro de Turismo; Rubén Acón Toy, presidente de Canatur; Laura Bonilla Coto, ministra de Agricultura y Ganadería hasta setiembre del año pasado; y Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio.
Lo primero que impulsó este grupo fue la reforma al Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (8634).
No obstante, como refiere extensamente Aguiar en su denuncia, y como trascendió públicamente, la propuesta de reforma no fue puesta en consulta para valoración previa con Aguiar, ni los representantes de las cámaras empresariales de agricultura Álvaro Sáenz y Juan Rafael Lizano, ni de industrias Enrique Egloff, quienes integraban el Consejo.
Estos se dieron cuenta de la propuesta de reforma cuando salió a consulta pública el 23 de diciembre de 2022.
En esa versión se proponía, entre otras cosas, que los avales sean emitidos de forma obligatoria con un mínimo del 75%, cuando la Ley señala que el monto máximo por garantizar en cada operación será hasta por el 75%.
A principios de enero de este año, Aguiar denunció públicamente que no se les consultó sobre la reforma y los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez y Óscar Izquierdo denunciaron vicios de procedimiento en el proceso de consulta de reforma al Reglamento.
CGR alerta sobre ilegalidades
El 24 de enero, la Contraloría General de la República (CGR) se pronunció sobre la propuesta de reglamento en el oficio DFOE-CAP-0072, haciendo ver que contenía ilegalidades.
La CGR advirtió al ministro Francisco Gamboa que “en el reglamento propuesto se pretende incorporar un concepto de insuficiencia de garantía que no se desprende de la Ley”. También cuestionó que “se pretendía establecer un porcentaje mínimo de avales del 75% para el caso de insuficiencia de garantía de las operaciones de crédito del Fondo de Avales y Garantías; sin embargo, esto era contrario a lo dispuesto en la Ley 8634”.
Cuando todo esto se hizo público, el Consejo Rector echó para atrás y cambió el borrador de Reglamento para no incluir el cambio en el porcentaje de aval en la versión final.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Aguiar señaló que su posición sobre los avales “es que siempre tiene que haber dentro de la sana administración de los recursos la valoración sobre cuál es el nivel de insuficiencia de garantía”.
Aguiar explicó que, si una persona, pudiendo otorgar ese 60% en garantía, otorga solo un 25%, hay un mal uso de los recursos públicos. “Por un lado, la capacidad de emitir avales se va a reducir en relación con las necesidades que tengan otras unidades productivas; y, por otro lado, si ese crédito falla, usted estaría pagando una garantía mayor que la que debió haber dado”.
“La Contraloría General de la República, de cara a la solicitud que hizo un grupo de diputados, se manifestó al respecto con ese Reglamento e hicieron un cambio en eso. Pero hay una conducta que iba hacia eso”, exclamó.
“Si no hubiéramos visto esa consulta del 23 de diciembre, lo más probable es que el reglamento hubiera quedado aprobado de esa forma”, afirmó Aguiar.
Otros cuestionamientos
El 25 de abril de este año se publicó el nuevo reglamento del SBD en el Diario Oficial La Gaceta, sin que salieran a la luz todos los detalles de lo que ocurrió en los nueve meses previos, a lo interno del SBD.
La reforma al reglamento, sin embargo, sí incluyó otros cambios, que Aguiar también cuestionó. Por ejemplo, se establece que al menos un 40% de los recursos del SBD deberán ser destinados a las regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
Aguiar explicó que eso es muy “loable”; pero técnicamente podría ser inviable y complejo, y afectar la continuidad del SBD. Esto por cuanto si bien la banca pública tiene presencia en absolutamente todo el territorio nacional, ¿cómo cumple esa meta un banco privado que puede tener solo cuatro oficinas?
Otros cambios fueron que ahora el Consejo Rector podrá definir sobre el fondo de avales y otorgar créditos; y que, al menos, el 27% de los recursos deberán otorgarse a operadores no regulados, como, por ejemplo, microfinancieras, asociaciones y cooperativas de producción.
“¿Cómo calcularon un 27%? ¿Cuáles son esas entidades? ¿Hicieron los estudios de oferta y demanda? ¿Tienen la capacidad de gestión esas entidades para efectivamente poder canalizar los recursos y generar repago?”, cuestionó Aguiar.
“Para formar parte del sistema, una entidad tiene que acreditarse. La capacidad de acreditación tiene que considerar, entre otras cosas capacidad mínima, una estructura para otorgar financiamiento, que esa entidad tenga la capacidad real de repagar ese crédito. No es tan simple como decir ‘usted es la asociación tal y como asociación tal ahora usted ya puede dar préstamos’”, enfatizó Aguiar.
UNIVERSIDAD consultó sobre la demanda por acoso laboral al ministro de Economía, Francisco Gamboa, y a través de su oficina de comunicación se indicó que no se referirá al proceso y que será respetuoso de lo que en definitiva se resuelva. Mientras que el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, informó que “no va a emitir comentarios al respecto”. El ministro de Turismo, William Rodríguez, sólo indicó que “el tema está judicializado y seguirá su proceso”.
