El Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tenía conocimiento de que no era necesario incluir a las universidades, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a las municipalidades y al Poder Judicial en la Ley Marco de Empleo Público (10.159) para cumplir con los compromisos de ahorro asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así se evidencia en un estudio construido por Mideplan, al cual UNIVERSIDAD tuvo acceso, donde se presentaban las estimaciones de ahorro en tres diferentes escenarios que podrían ser generados por el entonces proyecto de Empleo Público.
Según el documento, en el “Escenario de exclusión total” de las instituciones autónomas grados 2 y 3, así como los Poderes independientes, el ahorro promedio anual para la primera década alcanzaba el 0,81% del producto interno bruto (PIB), mientras que en el “Escenario de exclusión parcial A”, donde una parte de los trabajadores de estas instituciones quedan bajo la escala salarial del Ejecutivo, el ahorro alcanzado sería 1,04% del PIB.
“Los diputados tomaron decisiones a ciegas”, Welmer Ramos, exdiputado.
“En ambos escenarios de exclusión parcial o total, cumplimos con el 0,8% del PIB lo comprometido con el FMI o lo superamos en 0,23% del PIB”, dice el texto “Estimación del efecto fiscal del expediente legislativo No. 21.336 Proyecto de Ley Marco de Empleo Público según el voto de la Sala Constitucional”.
Supuestamente este fue remitido a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa el 19 de octubre de 2021.
Esto habría sido un día antes de que se aprobara el informe de mayoría que luego dio lugar a la actual ley, que incorpora la exclusión parcial, como un remiendo a las 35 inconstitucionalidades que la Sala determinó en el proyecto original.
De hecho, según se cita en el mismo documento, el acuerdo de ahorro con el FMI oscilaría entre un 0,5% y 0,8% del PIB durante los primeros cinco años, por lo que ambos escenarios superaban con creces este compromiso.
Así las cosas, los diputados no conocieron, en los periodos de mociones ni antes de votar la iniciativa en primer debate el 17 de junio de 2021, que la inclusión de las instituciones con autonomía y el Poder Judicial no era necesaria para cumplir el acuerdo con el FMI.
Asimismo, en el informe de mayoría que salió de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el 20 de octubre de 2021, no se hace referencia al estudio que el Ejecutivo habría entregado el día anterior.
Diputados solicitaron información sobre el proyecto
UNIVERSIDAD consultó a diversos diputados de la anterior legislatura, quienes confirmaron que nunca conocieron dicho documento, a pesar de que solicitaron información en reiteradas oportunidades, tanto al Mideplan, como al Ministerio de la Presidencia, entre otros.
“En mi caso no tenía ningún conocimiento de ese informe. En varias ocasiones se le solicitó, en el Plenario y en varias comparecencias se le solicitó a la ministra (Pilar) Garrido los estudios sobre el impacto de la reforma y al menos de ese estudio que ustedes están mencionando no tenía conocimiento y claramente no fue informada la Asamblea Legislativa; lo ocultaron a la Asamblea Legislativa”, dijo el exdiputado frenteamplista, José María Villalta.
Villalta consideró que esta situación “es grave”, puesto que constituye información que tanto la exministra de Planificación Pilar Garrido como el Gobierno “debieron haber aportado para justificar la toma de decisiones y al no hacerlo claramente lo que estaban haciendo era tratar de inducir a error a la Asamblea Legislativa, ocultar información relevante”.
De igual forma, el exlegislador del Partido Integración Nacional (PIN) Walter Muñoz señaló que él también solicitó información sobre el impacto fiscal del proyecto al Ministerio de la Presidencia e indicó que nunca se les dio a los diputados toda la información necesaria: “Si el documento llegó, nunca se conoció; se trató de esconder”.
También, el exdiputado Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que Mideplan nunca envió estas estimaciones en las fechas en que el texto podría haber sido objeto de una modificación porque ya había pasado el tiempo de las mociones que podían proponer los diputados para cambiar el proyecto y que fue “una respuesta extemporánea”.
Ramos consideró que la omisión de esta información incidió en la toma de decisiones: “Mideplan nunca fue capaz de presentar la información cuantificada de lo que significaba el ahorro, de cómo iba a ser generado eso. Los diputados tomaron decisiones a ciegas. Mideplan no fue capaz de poner diferentes escenarios”, declaró el ex legislador.
Se le preguntó a Ramos por qué cree que Mideplan no envió estas estimaciones al Plenario desde antes: “Mideplan no tenía el cuadro general del empleo público y no tenía cómo ordenarlo y clasificarlo. Puso una serie de excusas para no generar esa información”, indicó.
Igualmente, la exdiputada independiente Paola Vega confirmó a este Semanario que no conocía este documento: “Nunca vimos eso”.
Diputado Pedro Muñoz denunció penalmente a la ministra
Por su parte, el exdiputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), dijo a este medio que él hizo “preguntas relevantes de manera oportuna y no me las contestaron”.
“Sí existe insatisfacción de mi parte. Existía en aquel momento y existe ahora porque yo hice preguntas pertinentes y oportunas y no me contestaron, al punto que tuve que ir a la Sala Constitucional y meterle una denuncia penal a la ministra (Pilar Garrido) porque aún cuando la Sala dijo que yo tenía razón, que no me habían contestado, no le dio la gana de contestar, incluso con la orden de la Sala Constitucional, por lo cual tuve que denunciarlos penalmente”, recordó Muñoz.
El 11 de octubre de 2021, Muñoz solicitó a Pilar Garrido la metodología usada para calcular el impacto del salario global y que aclarara si se estaban incluyendo los ahorros generados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. También solicitó una copia de la base de datos usada para calcular el impacto del proyecto de ley y el monto que se ahorraría por congelar los salarios de puestos que tuvieran un salario global por debajo del salario que actualmente reciben, además de otra información.
No obstante, como no obtuvo respuesta, interpuso un recurso de amparo contra el Mideplan. El 19 de noviembre la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó a Garrido dar respuesta al diputado. Sin embargo, como esto no ocurrió, el 6 de diciembre Muñoz denunció penalmente a la ministra por desobediencia ante el Ministerio Público, según consta en documentos. Finalmente, el Mideplan respondió al diputado el 8 de diciembre.
En la respuesta a Muñoz, se presentan escenarios similares a los del estudio que demuestra que se cumple con el FMI, aunque con cifras finales distintas. En el escenario de exclusión total, por ejemplo, el dato brindado al exdiputado alcanza el 0,74% del PIB, mientras que el documento de Mideplan habla del 0,81%.
Una nota al pie en el cuadro de Muñoz señala que no se incluye la estimación del ahorro por reemplazo de funcionarios contratados bajo la modalidad de salario global.
No fue posible contactar a la exministra de Planificación Pilar Garrido para que se refiriera a la existencia de este documento, explicara por qué razón no se compartieron estos escenarios con los diputados y la diferencia entre cifras, ya que no contestó llamadas ni mensajes, a pesar de que estos tenían confirmación de lectura.
Se intentó contactar a la exdiputada liberacionista Ana Lucia Delgado, quien presidió la Comisión de Consultas de Constitucionalidad; no obstante, al cierre de edición no contestó las llamadas ni mensajes telefónicos.
