Hablar de las propuestas políticas de Juan Diego Castro en sus aspiraciones presidenciales es imposible sin hacer alusión a la repetida frase de “mano dura”, una visión que el candidato por el Partido Integración Nacional (PIN) ha dejado plasmada en sus intervenciones en debates, apariciones públicas y hasta en su Plan de Gobierno.
Entre las ideas que propone en esta línea, Castro ha señalado que le gustaría “unificar todas las policías en una sola” y “meter a la cárcel a todos los delincuentes”, como lo señaló recientemente en el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Incluso ha llegado a manifestar que en su gobierno construiría nuevos centros penitenciarios utilizando como mano de obra a “los mismo presos” y que no “soltaría a ninguna golondrina”, como despectivamente acostumbra referirse a la población privada de libertad que ha recibido beneficios carcelarios para la ejecución de la pena.
Esta propuesta no es solo inviable legal, económica e infraestructuralmente hablando, sino que además contradice lo que el mismo candidato hizo cuando fue ministro de Justicia de la administración Figueres-Olsen (1997-1998) y se trasladaron 397 privados de libertad a regímenes semiabiertos.
Según Castro, también exministro de Seguridad (1994-1996), sus medidas serían las adecuadas para frenar el aumento en la tasa de homicidios, que dejó el número más elevado en la historia (603) en el 2017, algo que achaca a las políticas estatales de la actual administración en materia carcelaria, aunque sin pruebas de ello.
Sus propuestas en seguridad también las ha manifestado a través de ciertos voceros de su partido como es el caso de su amigo y exministro de Seguridad en la primera administración Arias-Sánchez (1986-1988), Álvaro Ramos; quien incluso señaló recientemente a este medio que la campaña política del PIN, hasta este 4 de febrero, continuará enfocada en ese pilar, a pesar del estancamiento de su candidato en las últimas encuestas.
La “mano dura” en materia de seguridad y justicia es el punto de encuentro de las principales propuestas de Castro, un abogado de perspectiva punitivista, que además ha aprovechado la coyuntura nacional y el reciente caso “del cemento chino” para proponer la creación de un organismo contra la corrupción.
Al respecto, el Plan de Gobierno dicta que “se creará una Agencia Estatal Anticorrupción (AEA) para atacar los actos de corrupción en el Estado y reducir las pérdidas para la sociedad (fondos públicos) por manejos indebidos e ilegales de los recursos fiscales”, un organismo que ubicaría en la Procuraduría General de la República (PGR) y que serviría para “identificar, investigar y sancionar los actos de corrupción”.
En este campo, el documento además señala que se “empoderará a la población” y que se “dará respuesta” a los casos de corrupción que “se han acumulado durante los últimos años”, aunque no establece cómo lo haría.
Generación de empleo
El tercero de los principales puntos en los que se terminará enfocando la campaña del PIN en la recta final de la campaña, según comentó Álvaro Ramos a este medio, es en la generación de empleo como una fuente para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.
Este es un punto también mencionado con insistencia por Castro en sus intervenciones, como en el debate del TSE, donde dijo que ese sería uno de sus pilares para combatir el déficit fiscal, pues aumentaría la cantidad de contribuyentes “fortaleciendo las empresas, (…) dándole chance a los emprendedores y a los empresarios”.
Para ello, el plan del PIN afirma que “se coordinará con las cámaras empresariales para entender cuáles son los principales obstáculos para que el sector productivo contrate más personas y dar prioridad a sus soluciones”.
En el campo fiscal, además, comentó que procuraría “modernizar los impuestos” y frenar “la evasión y la elusión fiscal”, algo que en su Plan de Gobierno traduce como la sustitución del impuesto de ventas por uno de valor agregado (del 13%), el establecimiento de un sistema de renta global y la colocación de más equipo humano en la Dirección de Tributación.
También aseguró que buscaría mejorar los sistemas de información e implantar impuestos planos (flat taxes) para las rentas y las personas jurídicas, cuya tasa “se estimará con base en criterios técnicos”.
Por último, el plan del PIN propone que se cuantifiquen “todas las exoneraciones o tratamientos fiscales favorables”, de modo que se transparente el costo de las exenciones fiscales.
