Juan Diego Castro, candidato del Partido Integración Nacional, que a su vez encabeza las encuestas electorales y es el abanderado del discurso de mano dura, afirmó que durante su gobierno “no habrá un solo reo condenado en la calle”, pero, ¿es esto factible?
La aplicación del Código Penal, así como una serie de convenios internacionales de derechos humanos a los que el país está adscrito, impedirían a Castro cumplir con esta promesa. Las leyes nacionales buscan que la cárcel no se utilice como una herramienta de castigo sino como un mecanismo rehabilitador.
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El artículo 51 dicta que “la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora”.
De acuerdo con el artículo 70 del mismo código, “el condenado podrá solicitar su rehabilitación, después de transcurrido la mitad del término fijado para la pena de inhabilitación impuesta en sentencia firme; el Juez reintegrará al condenado en el ejercicio de sus derechos”.
“Todos los sistemas penitenciarios del mundo tienen opciones una vez que se ha cumplido cierta parte de la condena. El buen comportamiento, educación y trabajo, les permite a los privados de libertad optar por regímenes abiertos. Yo no conozco ningún sistema penitenciario que no tenga alguna flexibilidad. Es prácticamente imposible para un sistema soportar un encierro total”, explicó el ex magistrado José Manuel Arroyo.
A menos de que exista una reforma al Código Penal, con las implicaciones internacionales y posible rechazo de la Sala Constitucional, así como una oposición en el Congreso, a Castro no le quedaría otra más que hacer cambios en la vía administrativa, es decir, al Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, vigente desde 2007.
El candidato del PIN podría reformar el artículo 18, que regula el egreso de los privados de libertad de un centro institucional a uno semi-institucional, así como el artículo 26 sobre las valoraciones extraordinarias.
“El Instituto Nacional de Criminología podrá solicitar al Consejo Técnico Interdisciplinario de los Centros Penitenciarios, valoraciones técnicas fuera de los plazos ordinarios cuando ello sea necesario, ya sea por necesidades institucionales debidamente fundamentadas o por situaciones sobrevenidas en la ejecución de la pena, en virtud del principio de humanidad en el cumplimiento de la pena”.
No obstante, una reforma de este tipo podría ser impugnada por algún privado de libertad a quien se le vea violentada su dignidad, por lo que la Sala Constitucional podría frenar sus intenciones.
“Es irresponsable plantear que no va a haber un mecanismo de flexibilización para personas que lleven tiempo en la cárcel y buena conducta”, dijo Arroyo.
Los traslados
Trasladar privados de libertad de cárceles cerradas a sistemas semi-abiertos, no nació en la administración de Luis Guillermo Solís, más bien, es una práctica que no escapa a ningún gobierno.
Inclusive, mientras Juan Diego Castro fue ministro de Justicia, durante la administración de José María Figueres, se liberaron 397 privados de libertad, es decir, se trasladaron a cárceles semiabiertas, en donde los reos podían salir los fines de semana. Para ese momento, la población penitencia era de unas 4.900 personas, casi cuatro veces menos que la de hoy.
Reincidencia
Castro ha utilizado el incremento en homicidios para relacionarlo con las liberaciones de privados de libertad, sin embargo, no existen datos que confirmen una relación de causalidad.
Por el contrario, se obtiene que, según datos de Adaptación Social y el Ministerio de Justicia, un 5,8% de los privados de libertad que fueron trasladados a cárceles semi-abiertas, volvieron a prisión el año anterior por una nueva causa.
Esta cifra aumentó en el último año, tras mantenerse en 3,7% entre 2015 y 2016.
Entre los casos más graves, de las 4.487 personas ubicadas en cárceles semi-institucionales, 14 regresaron al sistema penitenciario por homicidio, es decir, un 0,3%.
Hacinamiento
Si bien Costa Rica fue aplaudida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, las propuestas de Castro podrían generar un nuevo embudo y una crisis humanitaria.
Actualmente entran más reos al mes que los que salen. Solo en 2017 salieron de las cárceles regulares unos 8.761 privados de libertad, mientras que en el mismo año, ingresaron 10.354 personas.
Se trata de la mayor brecha entre egresos e ingresos de los últimos cuatro años, una situación que obliga a las autoridades a dos cosas: encontrar métodos de sanción alternos al encerramiento o construir más espacios y nuevas cárceles. Esta última opción es parte de las soluciones que ofrece Juan Diego Castro.
“No hay sistema que soporte ese ritmo de crecimiento. Ahora, si lo que queremos es compararnos con Rusia o Irán, esa será una decisión del Gobierno que llegue. Ese es el paso que seguiría si creemos que lo que hay que hacer es encerrar gente”, comentó el exmagistrado Arroyo.
Una situación de hacinamiento crítico podría llevar a un juez a emitir una orden de traslado de reos, como sucedió en 2015, y le corresponde a la administración fijar los requisitos y cumplir con el número solicitado.
Crisis fiscal
La opción de construir nuevas cárceles también sería difícil de implementar en un contexto donde la crisis fiscal del país complicaría las inversiones del nuevo Gobierno.
Actualmente, el déficit fiscal se encuentra en 6% del Producto Interno Bruto. Costa Rica recibió, a inicios del año anterior, rebajas en su calificación de riesgo por parte de las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings.
De hecho, el gobierno de Luis Guillermo Solís construyó tres nuevas cárceles en Pérez Zeledón, San Rafael de Alajuela y Pococí. Estos nuevos inmuebles, con un enfoque de trabajo y estudio, tuvieron un costo conjunto de 36 mil millones de colones, que se obtuvieron mediante un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
La creación de más cárceles no solo eleva la deuda ante organismos internacionales, sino que engorda la planilla del Estado. La inauguración de dos de estos recintos obligó la apertura de 408 nuevas plazas. Para el funcionamiento de estas unidades productivas se requieren 3.500 millones de colones anuales, correspondientes al pago de salarios de cocineros, guardas, psicólogos y profesionales a tiempo completo.
Una crisis fiscal que aún no se resuelve, así como una serie de medidas que podrían ser impugnadas en la Sala Constitucional juegan en contra de las propuestas de Castro.
“Si estas medidas llegan a implementarse, le demostrarán al país que son propuestas completamente demagógicas, no consideran la legalidad ni los compromisos internacionales del país”, agregó Arroyo.
