Los magistrados Fernando Castillo y Nancy Hernández rechazaron recusarse del trámite de una consulta facultativa sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), desde el 30 de junio. La petitoria fue firmada por alrededor de 215 personas, vinculadas a una protesta del pasado 28 de junio de agrupaciones sociales y sindicales.
Las firmas señalan que “no confiamos en su objetividad para resolver este asunto por los lazos que los unen con el presidente de la república (sic) principal promovente e interesado en la aprobación de esta nefasta ley”, por lo que piden que se recuse o retire a los magistrados de tramitar una consulta liderada por los diputados José María Villalta y Paola Vega.
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Para rechazar el señalamiento, el presidente de la Sala Constitucional, Castillo, aborda su relación con su hija, quien labora en Casa Presidencial desde el año 2010. La funcionaria llamada María Fernanda Castillo es abogada de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, según informó Casa Presidencial a UNIVERSIDAD, desde abril pasado.
“Hay que tener presente que mi hija no ha tenido ninguna participación en la elaboración y tramitación del proyecto de ley consultado, ni tampoco ha emitido ningún pronunciamiento sobre él en su condición de integrante de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia”, dice el documento firmado por el magistrado Castillo.
Por su parte, la magistrada Nancy Hernández aborda su candidatura como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue presentada por el Estado el pasado 27 de enero.
“Es cierto que el Poder Ejecutivo me hizo el honor de nominarme para un concurso internacional tomando en cuenta mi carrera como jueza y mis aportes a los derechos humanos, de lo cual me siento profundamente honrada (…) No existe forma de participar que no sea por una nominación de Estado”, dice el documento de Hernández.
Según informó prensa de Sala IV a este semanario, el trámite que acuerparon los bloques sociales y sindicales también fue rechazado porque “quienes interponen las recusaciones en cuestión no son las diputadas y los diputados consultantes, sino otras personas que no figuran como parte procesal en esta consulta facultativa de constitucionalidad”.
Este argumento técnico fue firmado por el magistrado Paul Rueda, “el magistrado con mayor antigüedad en el puesto, actuando como presidente en ejercicio”, según informó Sala Constitucional a este semanario.
Hija de presidente de Sala IV trabaja en Presidencia desde hace tres gobiernos
De acuerdo con información de Casa Presidencial, la hija del magistrado Castillo, María Fernanda Castillo Calvo, ingresó a laborar como asesora justamente dos días después del traspaso de Gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla. La abogada tenía 25 años en ese momento.
Por su parte, el magistrado Castillo fue nombrado magistrado por la Asamblea Legislativa el 16 de noviembre del 2009. De acuerdo con su curriculum, fue Procurador Constitucional en la Procuraduría General de la República (1999-2009); asesor del Área Jurídica de la Primera Vicepresidencia y del ministro de la Presidencia durante la administración Figueres Olsen (1995-1998); y fue asesor del directorio de la Asamblea Legislativa (1986-1990).
A lo largo de su carrera profesional ha servido al país en los tres poderes de la República. Fue asesor del Directorio de la Asamblea Legislativa (1986-1990); y asesor-coordinador del Área Jurídica de la Primera Vicepresidencia y del ministro de la Presidencia (1995-1998). También fungió como procurador constitucional (1999-2009).
Prensa de Casa Presidencial respondió sobre este nexo entre el magistrado en una consulta enviada por UNIVERSIDAD el pasado 26 de abril.
Respuesta enviada por Presidencia a Universidad
María Fernanda Castillo Calvo ingresó a laborar en Casa Presidencial desde el 10 de mayo del 2010, es decir hace 11 años. Se desempeña como abogada de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, en un puesto denominado Profesional de la Presidencia de la República 2.
La funcionaria no pertenece al equipo de asesores del Presidente de la República, por lo que no le asesora personalmente. De hecho, ni el mandatario ni ella se conocen. Su jefatura inmediata es la jefa de la Asesoría Jurídica, Marisol Bolaños, y actualmente percibe un salario total de ₡1.615.435 mensuales.
Castillo Calvo no tiene a cargo responder los recursos ante la Sala Constitucional. Entre las funciones que sí desempeña, se encuentran la atención de asuntos estrictamente relacionados con la gestión administrativa y laboral de la presidencia, tales como análisis y confección de prestaciones legales, estudios registrales y judiciales; confección y revisión de todo tipo de convenios interinstitucionales, reclamos administrativos, investigaciones preliminares, entre otras.
Las respuestas de los magistrados Fernando Castillo y Nancy Hernández pueden leerse en el siguiente documento:
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