La magistrada presidenta de la Sala Tercera Patricia Solano señaló que un proyecto de ley que propone crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública “resulta una invasión a la división de poderes” y crea un serio conflicto para los magistrados que integran la Sala Tercera.
Solano compareció esta mañana en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, para referirse a un proyecto de ley propuesto por los diputados liberacionistas Gilbert Jiménez, Dinorah Barquero y Alejandra Larios.
El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Expediente 23.612) busca atacar el problema de la inseguridad en el país, creando un sistema rector que coordinaría los cuerpos policiales de seguridad nacional y municipal. También propone que la máxima jerarquía policial del país esté en manos del presidente de la República, que ejercería exclusivamente el mando supremo de la Fuerza Pública.
Solano expresó que le preocupan las atribuciones que plantea el proyecto para el Poder Judicial y adelantó que rendirá un informe al respecto el lunes en corte plena.
El proyecto crea un Consejo Nacional de Seguridad, integrado por el presidente de la república, los titulares del Ministerio de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Presidencia, Justicia y Planificación.
Como invitados especiales permanentes señala al presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General y al presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
La magistrada Solano explicó que esto es un escollo inicial porque el Poder Judicial tiene competencias claras y delimitadas asignadas en la Constitución Política.
“Nos parece que resulta una invasión a la división de poderes y crea un serio conflicto porque la Sala Tercera es un tribunal más, y la función primordial que tenemos los magistrados integrantes de la Sala Tercera es de juezas y jueces”, resaltó Solano.
También apuntó que se crearían conflictos de interés y motivos de inhibitoria porque tendrían que conocer procesos penales contra integrantes del Poder Judicial y que eso afectaría el curso normal de los procesos judiciales.
“Me dio la sensación de que se considera al Poder Judicial como si fuera un apéndice del Poder Ejecutivo”, añadió Solano.
Por su parte, el diputado Gilbert Jiménez, dijo que lo que se busca era que los integrantes del Poder Judicial participen en dicho consejo para que se les pueda pedir rendición de cuentas y para que den explicaciones sobre cosas que se estén haciendo mal y que afectan la situación de inseguridad que se vive en el país.
