Luego de ayer se conociera el por tanto de la resolución de la Sala Constitucional que restituyó a dos integrantes de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la reacción de varios sindicatos del sector salud no se hizo esperar y destacaron entre otras cosas la reivindicación del Estado social de derecho ante “arbitrariedades” del poder político de turno.
Cabe recordar que en diciembre varias organizaciones, como el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae Afines) o la Unión Médica Nacional interpusieron un recurso de amparo, el cual según se conoció ayer fue declarado con lugar por la Sala IV, con lo cual anuló el acuerdo de Consejo de Gobierno mediante el cual se había destituido a la junta directiva de la CCSS.
Sala Constitucional reinstaura a representantes sindical y cooperativista ante la Caja suspendidos por el Gobierno
Esta tarde se conoció por tanto en que dio la razón al Sindicato Nacional de Enfermería y anuló la disposición de Consejo de Gobierno de diciembre.
Juan Carlos Durán Castro, dirigente en la CCSS del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr), llamó a una reflexión “mesurada” sobre el fallo de ese tribunal, con el fin de “dimensionar sus alcances legales y constitucionales para exigir con movilización y protesta social bien atiempada, que todos los acuerdos tomados sin quorum estructural y que configuran el golpe de facto que hemos descrito, sean declarados nulos de forma inmediata”.
Durán, quien funge como trabajador del servicio de Cirugía Ambulatoria del Hospital San Juan de Dios, llamó la atención a que “estamos ante una disputa entre élites viejas que se niegan a morir y que recibieron un empujón de los gurúes de la Sala Constitucional y otras élites nuevas que impulsa Don Rodrigo Cháves Robles desde su narrativa populista de pura mercadotecnia y sin verdaderos avances para la gente, pero aún así debemos potenciar un buen aprovechamiento del fallo”.
El dirigente hizo un llamado a “tomar la ofensiva en lo legal contra las personas que han sido las marionetas del populismo y mercadotecnia del Presidente”, pero ponderó que “el fallo es solo un buen golpe al sistema, el poder real aún no esta de nuestro lado, eso toma más trabajo y tiempo”.
Por otra parte, mediante un comunicado, la Unión Médica Nacional consideró que se trata de un “fallo histórico” que “le recuerda a los políticos de turno que nuestro país está cimentado sobre las bases del respeto y que las leyes deben cumplirse. Costa Rica es un Estado social de derecho, por lo tanto, la prepotencia no va con la idiosincrasia del tico”.
Añadió que la Sala constitucional “pone en su lugar a todas aquellas autoridades que intentan entrometerse a la fuerza” en la CCSS, calificó la resolución como una “reprimenda jurídica” que “marca un nuevo derrotero”, en el cual “ningún discurso o argumento populista está por encima del debido proceso”.
La Unión Médica además aseveró que “a la CCSS la quieren debilitar y privatizar”, puesto que “la intromisión política, la remoción de puestos y el nombramiento de otros a dedo, se ha convertido en el pan de cada día en dicha institución”.
El comunicado añade que fue “ante la arbitrariedad del gobierno” que se presentó el recurso de amparo y que al ser declarado con lugar, la autonomía de la CCSS “vuelve a prevalecer por encima de cualquier intromisión o intento politiquero por destruirla”.
Otra organización que celebró la decisión de la Sala IV fue el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname).
Mario Quesada, presidente del Siname consideró que el tribunal “está devolviendo a la legalidad la junta directiva de la Caja; está restituyendo a las personas que fueron nombradas en forma legal, siguiendo un proceso debidamente establecido en la ley constitutiva de la institución, donde fueron suspendidos por una medida cautelar establecida por el consejo de gobierno con criterios técnicos y jurídicos no ajustados a la legislación costarricense”.
La posición de Siname ha sido que la medida de la administración Chaves que suspendió a los directivos, “iba con la clara intención de quitar a aquellos miembros que no estuvieran alineados con la posición del gobierno”.
Quesada reflexionó que de momento sólo se conoce el por tanto de la resolución., por lo que “es prematuro referirse al fallo”.
Añadió que si bien es preciso esperar la redacción integral del mismo, sí lo halló “coherente con lo que nosotros como sindicato hemos venido señalando: fue un error por parte del gobierno haber tomado esa decisión y eliminar puestos que son de elección multisectorial como corresponde a una democracia”.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) a través de sus redes sociales celebró “que se haga justicia” y reiteró que la separación de quienes integraban la junta directiva “era ilegal”. “Siempre lo sostuvimos y por eso nuestro total apoyo siempre para nuestra legítima representante Martha Rodríguez González”.
Tal como ya publicó UNIVERSIDAD, Lenín Hernández, Secretario General del Sinae-Afines, subrayó entre otras cosas que “lo importante es que se con esta resolución se respeta la institucionalidad, no se trata sólo de la CCSS, es un mensaje directo al Presidente de que no puede administrar Costa Rica como si fuera una empresa, que se debe respetar la división de poderes que ha permitido la paz social”.
Mientras que Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a través de sus redes sociales proclamó que “¡la actual directiva ha estado tomando acuerdos ilegalmente! Se abre, incluso, la vía penal para pedir cuentas”.
