El Sistema de Emergencias 9-1-1 tendría que cerrar en abril de este año si no se exceptúa de la aplicación de la regla fiscal, debido a la imposibilidad de utilizar los recursos para afrontar deudas de gastos operativos, a pesar de tener disponible el dinero, explicaron esta mañana autoridades de esta entidad, en la Asamblea Legislativa.
“Nuestro llamado es una vez más a que se apruebe y se convoquen los proyectos de ley promovidos por la Asamblea Legislativa con el fin de exonerar al Sistema de la aplicación de dicho instrumento de control fiscal, dado que nosotros no representamos ningún cargo al presupuesto y estamos obligados por ley a utilizar de manera debida los recursos que se generan producto de la tasa”, dijo la directora del Sistema 9-1-1, Elena Amuy.
El financiamiento del 9-1-1 se da a través de la Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911 (7566), donde se estipula una tasa de 0,75% que se cobra a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, por lo cual la inclusión de este Sistema en la regla fiscal no contribuye a disminuir el déficit fiscal.
Según la directora del Sistema 9-1-1, en 2021 la entidad se vio en la obligación de recortar ₡643 millones en el presupuesto ordinario, por la aplicación de la regla fiscal: “Este recorte en el presupuesto generó un desmejoramiento en la calidad del servicio que se brinda a todos los usuarios del sistema”.
Amuy manifestó que desde el Ministerio de Hacienda se les informó la posibilidad de recurrir a la aplicación de una cláusula de escape de la regla fiscal, no obstante, para poder continuar brindando el servicio se optó por dejar de pagar algunos de los servicios de telecomunicaciones que les brinda el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Lo anterior se traduce ahora en una deuda de más de ₡70 millones con el ICE, los cuales no pueden ser cubiertos por la institución debido a que el presupuesto del 2022 se sigue ajustando a la regla fiscal, explicó la dirigente del 9-1-1.
“Tenemos una prórroga de pago, que vence el 31 de marzo para poder cumplir con los pagos del 2021, con el agravante de que si no realizamos dichos pagos podríamos tener la suspensión de los servicios. Esto generaría automáticamente la muerte del sistema y la imposibilidad de brindarle el auxilio a los costarricenses cuando recurran a la llamada de emergencia”, dijo Amuy.
Entre tanto, el diputado José María Villalta comentó que “tenemos un Sistema al que se le obliga a acumular plata de impuestos que pagamos todos los costarricenses, que no se pueden usar para otra cosa, mientras el servicio está al borde del colapso porque no se le deja usar esa plata para pagar los gastos básicos de operación; las salidas que ha propuesto el Gobierno no son eficaces”.
Igualmente, la diputada Paola Vega indicó que por “negligencia del Gobierno y si no se hace nada”, en abril de este año el país se quedará sin el Servicio de Emergencias 9-1-1, lo cual “es, a todas luces, alucinante”.
“No es un tema de despilfarro, no es un tema de que no les alcance la plata. El tema es que la plata está, que la plata se puede usar, pero por una aplicación absurda y austericida de la regla fiscal están ante una situación que básicamente les va a provocar un cierre técnico”, agregó Vega.
Por su parte, Villalta manifestó que “estamos hablando de proteger la vida y salud de las personas, no estamos hablando de plata que se van a gastar en confites o que el Gobierno puede usar para otras cosas”.
