La aplicación en forma tajante de la regla fiscal, la cual limita el gasto público, está a punto de dejar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) “desarmado” para asumir demandas por nuevos servicios de agua a poblaciones y usar recursos para atender las emergencias que demanden las Asadas por los extremos eventos climáticos.
James Phillips, director de planeamiento estratégico de la institución es igual de contundente cuando se le pregunta sobre el impacto del límite al gasto: AyA “está desarmado contra situaciones de emergencia”.
Y agrega: la institución proyecta un presupuesto “muy ajustado para el 2022” que tendría dificultades para el traslado de fondos a las Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (Asadas).
“Si esta situación sigue igual con el tema de la regla fiscal, ante una eventual emergencia, tener que asumir varios sistemas (de Asadas) al mismo tiempo pone en vulnerabilidad a los sistemas que ya tenemos…” Eliécer Dobles.
En el país hay alrededor de 1400 sistemas atendidos por Asadas que atienden a cerca de 1 millón y medio de personas (30% del total de la población) pero en zonas, como Occidente, la cobertura aumenta a 53%. Es decir 230 de 281 acueductos de la zona son Asadas, abasteciendo a una población de 189.123 personas.
Además, las personas que administran estos acueductos comunales no reciben beneficio económico y solo algunas, por medio del pago de tarifas, logran contratar administradores y algún personal de apoyo.
Estos sistemas mayoritariamente están ubicados en zonas rurales más vulnerables a los desastres como inundaciones o sequías y en ocasiones, cuando las personas encargadas no lo pueden administrar por falta de presupuesto o infraestructura, son asumidos por AyA.
“¡Imagínese con esa cantidad en la diversidad de climas y condiciones topográficas en que están las asadas! Muchas de las asadas son muy pequeñas y por el cambio climático casi no hay un año en que no tengamos emergencias. Un río creció y se llevó infraestructura, se secó la naciente y hay que proporcionar agua. La atención de emergencias es terrible y es donde menos fondos hay”, contó Emel Rodríguez, presidente de la Liga Comunal del Agua.
La Liga atiende a 84 asadas de Guanacaste, de esas 12 tuvieron problemas el año pasado tras el paso del huracán Eta, lo que las obligó a realizar alianzas y pedir fondos de cooperación para restablecer los servicios de agua.
La Región Chorotega es la que tiene más asadas con alrededor de 350 en total y también en donde están más consolidadas. En esta región, el AyA atiende 23 mil servicios pero la dirección regional proyecta que al menos 80 de las asadas están en riesgo y podría suceder que tengan que ser asumidas por el AyA, aunque este dato aún es extraoficial: “podrían ser más, estamos analizándolo aún” aclaró Eliecer Dobles, director regional del AyA en la Región Chorotega.
El servicio de agua potable de AyA está principalmente en las ciudades más grandes y tienen sistemas más robustos, menos vulnerables, que resisten a largo plazo, pero no están exentos de ser impactados por los desastres.
“Si para nosotros ya es complicado, para ellos (las Asadas) aún más. Si esta situación sigue igual con el tema de la regla fiscal, ante una eventual emergencia, tener que asumir varios sistemas al mismo tiempo pone en vulnerabilidad a los sistemas que ya tenemos porque prácticamente con lo mismo, con lo que se tiene, y son inversiones importantes”, explicó Dobles.
El ingeniero dice que ya sucede que se asumen sistemas nuevos sin poder contar con nuevo personal y esto hace que la atención de fugas, por ejemplo, se vuelva más lenta y presiona presupuestariamente cada vez más a la región.
Por ejemplo, solo asumir el acueducto de Santa Ana de Nicoya le representa al presupuesto del AyA ¢300 millones. Estas cifras pueden ascender dependiendo de la razón por la que la asada no le puede dar continuidad.
Al igual que las asadas, el AyA en la Región Chorotega logró invertir en infraestructura gracias a donaciones o proyectos de cooperación, que con el presupuesto propio no se hubieran podido llevar a cabo.
Funcionamiento de los proyectos Cañas y Bagaces estaría en riesgo por falta de personal
La institución invirtió en estos proyectos previo a la discusión de la regla fiscal y el impacto económico de la pandemia en su ingreso corriente (a causa de la pandemia); ahora no sabe si las plazas requeridas para su operación serán aprobadas.
El agua no solo es de vital importancia para responder a la pandemia del COVID-19, sino también para la reactivación económica del país en los próximos años y el desarrollo de estas comunidades podría verse paralizado por la falta de acceso al servicio.
“Si la asada no va delante con la capacidad hídrica no se pueden dar las disponibilidades de agua y eso pone un freno total al desarrollo. No se puede construir, abrir negocios o segregar la tierra. Uno de previo tiene que tener la certificación de agua para poder segregar la propiedad y tramitar permisos de construcción, hay bancos que ahora la piden para otorgar créditos”, explicó.
El nivel de acceso al agua en Costa Rica es del 92%, uno de los porcentajes más altos de América Latina, pero el país aún no muestra cambios que protejan a este recurso estratégico de las amenazas a la calidad y disponibilidad del líquido en el futuro, concluyó el Estado de la Nación en su informe del 2019.
Según el informe del 2020 del Estado de la Región, un 18% del área construida entre el 2016 y el 2019 está cubierta por una Asada que arrastra problemas de infraestructura, administrativos, financieros o de oferta hídrica.
Este aumento de demanda va de la mano de un acelerado crecimiento urbanístico, en el 2019 el área anual de construcción fue 62% mayor que en el 2010 con poca planificación urbana estratégica. Durante el periodo 2010- 2019 el 38% de toda la construcción en el país se localizó en zonas de alta frecuencia de desastres por eventos naturales.
“En una sequía prolongada, no podría operar la escuela, el hospital, nadie ¿Quién podría operar sin agua? (La falta de fondos para emergencias) traería muchos problemas, especialmente para contratar tanquetas de empresas privadas para llevar el agua a las comunidades en donde no hay”, agregó Rodríguez.
También, aunque el nivel de acceso al agua es alto en el país, hay desigualdades importantes en la calidad y la continuidad del servicio: en las zonas urbanas el nivel de acceso a agua potable sube a 96% y en rurales baja a 83%.
Las provincias con mayor rezago son Limón, Puntarenas y Guanacaste, a nivel nacional alrededor de 382 mil personas no tienen acceso al agua potable y en estas localidades son más de 60 mil, indicó el Estado de la Nación en el informe del 2019.
Atención a asadas ya era insuficiente
Emel Rodríguez, presidente de la Liga Comunal del Agua, considera que los sistemas de abastecimiento de agua deberían ir 50 años adelante del desarrollo, pero actualmente “la carrera va al lado, no adelante” y con un nuevo impacto al presupuesto del AyA pronto caeremos detrás.
El AyA tiene muchas responsabilidades con las Asadas, la principal es fiscalizar su funcionamiento para que cumplan con la ley pero también debe dar seguimiento a la operación: el manejo del acueducto, la contabilidad, la aprobación del diseño técnico de las mejoras de los acueductos y otros aspectos de organización social que son importantes para que rindan cuentas a sus abonados.
“Hacen un esfuerzo, sin embargo no cumplen ese rol al 100% (el de supervisar). Las Oficinas Regionales de Acueductos Comunales (ORAC) a nivel país trabajan de forma diferente algunas muy permisivas otras muy rigurosas al extremo”, explicó Olga Zárate, presidenta del Acueducto de Gigante y de la Unión de Acueductos de la Península de Nicoya (U).
Aunque estos acueductos comunales operan de forma independiente, estas siguen vinculadas a la capacidad de respuesta del AyA en, por ejemplo, la aprobación de estudios técnicos y solicitud de crédito con la mayor prontitud para dar continuidad a los servicios de agua.
Pero tanto los funcionarios de la institución como las personas administradoras de las asadas están conscientes de las limitaciones presupuestarias a las que el AyA se enfrentaba, incluso antes de la discusión de la regla fiscal.
“La capacidad de respuesta ya es lenta, una nueva afectación afectaría increíblemente. El AyA es insuficiente para atender las necesidades de las Asadas, la demanda tan alta, ellos tratan de hacer bien las cosas pero es muy poco presupuesto y muy poco personal”, agregó Rodríguez.
Estas limitaciones las impulsó a establecer alianzas de cooperación con ONG y el sector privado. La Liga Comunal del Agua, por ejemplo, se vio beneficiada de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de su alianza con la Fundación Avina.
“Pero las Asadas siempre van a tener relaciones con el AyA porque una Asada, dependiendo de la cantidad de abonados, puede o no ser sostenible, muchas son pequeñas 100-200 abonados y no es muy sostenible en el tiempo”, comentó María Fernanda Vargas, abogada consultora de Fundación Avina en temas de incidencia política.
Para la presidenta de la Unapen, las Asadas tienen tres retos por cumplir con el servicio: más costos por la moratoria de los abonados, más reglamentos y menos personas en las comunidades que quieren involucrarse, lo cual pone en riesgo de desaparecer la gestión comunitaria del agua.
