Un nuevo proyecto de ley pondrá de nuevo sobre la mesa la posibilidad de establecer licencias de paternidad por tres meses (el mismo tiempo que se permite a las madres), con el objetivo de promover la corresponsabilidad en el cuido y evitar la discriminación laboral de mujeres embarazadas o en edad de embarazo.
Se trata del expediente 21.402, presentado por el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta; quien aseguró que tomó como insumos las recomendaciones que realizaron el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en una mesa interinstitucional coordinada por la Defensoría de los Habitantes.
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Entre otras novedades, el texto sugiere una fuente de financiamiento que permitiría obtener ¢18.000 millones anuales para financiar los permisos, a través de un aumento del 5,5% al 15% en la tarifa del Impuesto sobre la Renta para los reaseguros, los reafianzamientos y las primas cedidas de cualquier clase.
En esa línea, Villalta afirmó que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) había condicionado la apertura de este modelo a la consecución de nuevos recursos, algo que quedaría cubierto con esta nueva propuesta.
“Con este proyecto no solamente le estamos dando una fuente de financiamiento estable, sino que estamos contemplando no afectar a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). También estamos avanzando hacia mayor igualdad en la responsabilidad de cuido y protegiendo los derechos de las madres” puntualizó.
En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que los montos proyectados se desprenden del informe de Gasto Tributario de Costa Rica para el año 2017, un insumo que recoge periódicamente el detalle de los recursos que el país deja de percibir producto de sus incentivos fiscales.
Allí se consigna que el monto desapercibido por el concepto de reaseguros, reafianzamientos y primas es de ¢18.072 millones, apenas por debajo de los caso ¢20.000 millones que la CCSS ha promediado en los últimos años para cubrir sus subsidios por maternidad.
El proyecto, eso sí, abre la puerta para que la CCSS pueda establecer un incremento presupuestario, en caso de que los ingresos sean insuficientes, de modo que los pagos resulten siempre viables.
Según reza la iniciativa, la idea principal es paliar una “situación de desventaja” estructural que sufren las mujeres; “en buena medida motivada por la concepción tradicional del trabajo que deriva de un particular modelo de sociedad de estructura patriarcal dominante, en el que las mujeres constituyen la parte más débil de la relación laboral, y más débil aun cuando la mujer trabajadora se encuentra en condición de maternidad”.
Además, se busca reactivar las discusiones legislativas en la materia de estas licencias, en vista de que ya son varias las normativas que quedaron postradas en el pasado y pocas veces se había hablado de un tratamiento equitativo para hombres y mujeres.
Por el contrario, ya son varias las redacciones que han sugerido plazos mejores para los padres, una idea que mantendría la desventaja en materia de cuido y de oportunidades de trabajo.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de ley además propone varias otras reformas y adiciones al Código de Trabajo, incluida también la posibilidad de extender las licencias por dos meses (divisibles de común acuerdo entre los padres y madres) y de cinco meses cuando se trate de padres o madres solteras.
Asimismo, se abre la posibilidad a ampliaciones para madres de partos múltiples y de niños de nacimiento prematuro o que presenten alguna discapacidad, necesidades especiales y enfermedades crónicas (por un plazo máximo de ocho meses adicionales a la licencia posparto).
Además, se habla de posibles ampliaciones para madres de partos múltiples y de niños de nacimiento prematuro, que presenten alguna discapacidad o necesidades especiales, plazos que podrían extenderse hasta por ocho meses posteriores a la tradicional la licencia posparto.
Los costos de todas las licencias serán de cobertura colaborativa, a través de una relación tripartita entre el Estado, la parte patronal y los trabajadores y las trabajadoras cotizantes, al igual que las licencias por maternidad.
En caso de que los recursos del impuesto de renta no sean suficientes para el pago de las licencias, las cuotas de las partes podrían aumentarse; con excepción de las mipymes y los trabajadores con salarios inferiores a un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial.
Los periodos de lactancia obligatorios además pasarían de dos horas para dos turnos diarios; serían de cinco meses y podrían extenderse por un año extra con prescripción médica. Además, los permisos horarios serían extensibles para personas que no sean las madres, sobre quienes recaiga la responsabilidad alimentaria del niño o la niña.
El proyecto también establece protecciones especiales para mujeres que sufran abortos o cuyos hijos fallezcan en los días posteriores al parto, relacionados con la permanencia de los plazos de descanso y la posibilidad de extenderlos a través de los dictámenes pertinentes.
Por último, también se prohíbe la solicitud de pruebas de embarazo en cualquier entrevista de trabajo, ya sea para ingresar o permanecer en los puestos.
