Ley de renta global reduce la lista de países llamados paraísos fiscales

¿Por qué el proyecto de ley de renta global redujo el número de países considerados paraísos fiscales? Esa es la interrogante que asesores legislativos de la fracción del Frente Amplio responden al tratar de explicarse cómo una iniciativa presentada por el Gobierno para generar más recursos públicos, contrariamente contribuiría con la evasión y la elusión fiscal.

Algunos economistas consultados por UNIVERSIDAD, como Leiner Vargas, catedrático de la UNA, y Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, se inclinan por la tesis de que el proyecto, por el contrario, carece de una propuesta para cerrar portillos.

Un paraíso fiscal es un territorio que suele contar con sistemas tributarios opacos y secreto bancario, lo que permite a sus usuarios beneficiarse de su reducida o nula fiscalidad sin que se haga pública.

El legislador frenteamplista José María Villalta dice que la propuesta gubernamental de ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual es un retroceso en el combate contra las inversiones o establecimiento de empresas en este tipo de territorios.

¿Cómo es que por arte de magia de 21 países considerados paraísos fiscales se deja por fuera a 12 catalogados como los “más agresivos” en evadir impuestos?, se preguntó Villalta.

Las doce naciones que dejaron de formar parte de la lista son: Islas Bermudas, Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Mauricio, Chipre, Suiza, Singapur, Irlanda, Barbados, Países Bajos  y Hong Kong.

Incluso, el diputado del Frente Amplio denunció que este cambio favorece al ministro de Enlace con el sector privado, André Garnier, por sus negocios en jurisdicciones no cooperantes.

“Con esa resolución, que es completamente ilegal, se excluyeron de la condición de paraísos fiscales muchas jurisdicciones que claramente lo son, como las Islas Vírgenes Británicas, donde el ministro Garnier tenía inversiones, tenía negocios, y nos parece que ahí está su mano, porque es quien ha movido todas estas cosas”, criticó Villalta.

Antes, los países debían cumplir al menos uno de dos criterios para que calificaran con banca off shore ( inversiones hechas fuera del propio país en cuentas bancarias en territorios de baja tributación), que se resumen en:

• Países que tengan un impuesto a las utilidades inferior en más de un 40% al que se aplica Costa Rica.
• Territorios con los cuales Costa Rica no tenga un convenio para el intercambio de información fiscal.

Con la nueva ley se agregan otros dos criterios:

– Países que no cumplan con los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en transparencia e intercambio de información fiscal.

– Lugares que tengan uno o más regímenes preferenciales en materia fiscal.

Cualquiera podría preguntarse que es positivo integrar dos nuevos criterios por cumplir, pero según el diputado del FA el asunto no es así de simple, porque ahora puede cumplir dos de los cuatro conceptos.

“Ahora es más difícil que un país entre en esta condición de paraíso fiscal”, aseguró Villalta.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, mediante un comunicado emitido en octubre de 2019, justificó la exclusión de los países a los que hace referencia el diputado asegurando que “tienen suscrito y vigente el convenio multilateral de intercambio de información” con Costa Rica.

“Con esa resolución se excluyeron de la condición de paraísos fiscales… a las Islas Vírgenes Británicas, donde el ministro Garnier tenía inversiones, tenía negocios, y nos parece que ahí está su mano, porque es quien ha movido todas estas cosas”, José María Villalta.

Prohibición a funcionarios

Villalta es de la tesis de que contrario a este proyecto de renta dual, el Gobierno debería impulsar legislación que prohíba a los funcionarios públicos tener negocios en paraísos fiscales.

“Los funcionarios públicos tienen que dar el ejemplo en el país. No pueden ocupar un cargo y al mismo tiempo tener negocios en paraísos fiscales, precisamente para evitar que se den contradicciones como la de ahora, donde el Gobierno habla de una grave crisis fiscal y se cometen faltas”, dijo en clara alusión al ministro Garnier.

El legislador recordó que la idea de este tipo de prohibición había sido un acuerdo tomado en la mesa de diálogo multisectorial, pero el Gobierno únicamente presentó una propuesta para que los funcionarios públicos con negocios off shore los declaren ante la Contraloría General de la República.

“Es una burla a la ciudadanía, un sinsentido, porque esa obligación ya existe”, afirmó.

Siguen sin incluir cambios

Para economistas, como Leiner Vargas, el proyecto de Renta Global más bien tiene otras carencias, como no incluir modificaciones para luchar contra la posibilidad de establecerse en paraísos fiscales, lo que deja un portillo abierto que se mantiene en la legislación costarricense desde hace mucho tiempo.

“Yo no le pegaría esa ‘pulga’ al proyecto porque ya existe, pero tampoco la resuelve; no está generando ninguna legislación que reduzca ese riesgo y eso básicamente tiene que ver con que el proyecto que tenemos. Si bien es cierto está considerando la renta global, la está considerando cuando se refiere a los trabajadores, pero cuando se refiere al tema empresarial la renta sigue siendo considerada de una forma bastante laxa”, explicó.

Vargas agregó que el país carece de una normativa “que esté realmente evitando la salida de capital hacia países con sistemas fiscales más laxos o menos rigurosos con el tema del origen del capital y de la generación de rentas por parte de personas o empresas”, lo cual es obviado por la propuesta presentada por Casa Presidencial.

“Papeles de Panamá”: otra deuda pendiente

El tema de los paraísos fiscales y su impacto para las finanzas del país ya había sido tratado en abril del 2016, a través de los “Papeles de Panamá”.

En esta investigación, de la que participó UNIVERSIDAD, se evidenció el ocultamiento de propiedades, empresas, activos, ganancias, evasión y elusión tributaria por parte de diversos empresarios y figuras en el país.

Las publicaciones derivaron en una comisión legislativa, la cual se encargó de analizar el tema y proponer recomendaciones. Sin embargo, el informe sigue archivado.

Al igual que con la propuesta de Renta Global, el diputado Villalta dirigió su crítica a la falta de acción del Poder Ejecutivo, el cual, asegura, no se ha interesado en el tema.

“Si el Gobierno realmente quisiera entrarle a ese problema habría que poner en votación y discusión esos informes legislativos y tomar en serio las recomendaciones que ahí están”, expresó.

Durante la mesa multisectorial de diálogo, llevada a cabo en noviembre del 2020, los sectores sociales apoyaron una propuesta para pedir a la Asamblea Legislativa que conociera el informe y acatara las recomendaciones. Sin embargo, los grupos empresariales rechazaron la opción al asegurar que ese no era el escenario para tratar el tema. Por la diferencia de criterios, la idea no fructificó.

¿Cómo mejorar la lucha contra la evasión, elusión y el fraude fiscal?

Ante el vacío que deja la ley de Renta Global y la falta de nuevas medidas en la lucha contra el traslado de beneficios a paraísos fiscales, el economista Fernando Rodríguez señaló la necesidad de establecer una nueva ley, ya que “los problemas de evasión y elusión surgen de un mal diseño de la legislación de impuestos”.

“Ahí está la génesis y puede ser que se deba ir más allá y ver otra legislación que acompañe. Tenemos que revisar el código de comercio para evitar, por ejemplo, la posibilidad de hacer, de manera indiscriminada, sociedades anónimas para cualquier cosa, que eso no se esté convirtiendo en un vehículo para evadir o eludir, pero eso significa que hay que entrarle a la discusión”, aseguró.

Rodríguez reafirmó la necesidad de retomar las recomendaciones de la comisión de los “papeles de Panamá”, para tener una base para dichas reformas legales.

Además, el economista considera que en el país se comete un error al creer que este tipo de maniobras fiscales se deben atacar únicamente desde la tributación de impuestos.

“Esa es la forma más fácil de abordar el tema y la menos formal, porque hay que tener en cuenta que muchas veces cuando una empresa no está pagando se está amparando en la ley; se usan los mecanismos de elusión que la ley les permite. Tenemos una legislación de renta mala, que se ha ido mejorando por partes. Ahora tenemos una mejor ley del IVA, pero con muchas exoneraciones y tratamientos diferenciados, que habría que disminuir o eliminar, y un código tributario que ya toca modernizarlo, que se le han ido haciendo parches. Hasta que esas cosas no se resuelvan no se va a poder tener un buen sistema”, detalló.

El también ex viceministro de Hacienda resaltó la necesidad de mantener una discusión activa sobre estos temas porque “cuando decimos que estamos en una situación crítica lo que asumimos es que hay que entrarle al problema desde todos los campos posibles”.

“Para entrarle al tema de los paraísos fiscales necesitamos otra legislación, porque no se están generando todas las soluciones, pero nuestro principal problema lo tenemos en casa. Cuando se ve el nivel de impago, de incumplimiento en el impuesto de personas jurídicas, que es del 60-65%, no se entiende lo que pasa. Hay un nivel importante de elusión y evasión a lo interno, hay muchos negocios que no están pagando. ¿Para qué se van a ir a afuera si aquí pueden hacer toda la jugada porque la ley se los permite?”, cuestionó.

Por su parte, el economista Leiner Vargas sostiene que una medida fundamental es cambiar el manejo del secretario bancario en el país, para darle seguimiento real a movimientos sospechosos de capitales.

“En este país seguimos de una manera bastante laxa al sistema bancario y el movimiento de transacciones. Lamentablemente, se hace para los más chicos, pero los grandes movimientos de capital se tratan de una forma bastante laxa y eso favorece el movimiento ilícito de capitales en el país. Las soluciones pasan por tener la posibilidad de intervenir ante situaciones de incrementos patrimoniales por fuera de lo normal, tanto a personas jurídicas como físicas”, aconsejó.

En cuanto a la intención de limitar la posibilidad de registrar beneficios provenientes de jurisdicciones no cooperantes, Vargas considera necesario el manejo de acuerdos de tributación con otros países, así como el intercambio de información tributaria.

“Esto permitiría saber si las organizaciones empresariales del país están teniendo movimientos de capital que no sean consistentes con relaciones comerciales o atinentes al negocio con el cual están involucradas. Así se podría tener pistas de estos mecanismos falsos de movimiento de capital, porque realmente detrás de ellos esconden una gran cantidad de elusión y evasión”, señaló.