La telaraña de relaciones, promesas y flujos de dinero muestran cómo los dueños de las grandes compañías Meco S.A., H Solís y al menos otras cinco empresas constructoras habrían sobornado a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para obtener licitaciones en mantenimiento vial, adjudicaciones de grandes obras de infraestructura y modificaciones de presupuestos de recursos públicos para enriquecerse a costa de ellos.
Tanto dueños de empresas constructoras, como gerentes de estas, empleados de empresas verificadoras o supervisoras, funcionarios del Conavi y del MOPT, y otros altos mandos están siendo investigados por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) del Ministerio Público por los delitos de cohecho, penalidad de corruptor, tráfico de influencias y otros, en perjuicio de los deberes de la función pública. Las autoridades han ordenado el levantamiento de secreto bancario, la anotación e inmovilización de personas jurídicas y la suspensión del cargo de los funcionarios públicos.
A cambio de dádivas, almuerzos, desayunos, cuentas en bares, una fiesta privada, licores, uvas, manzanas y puestos de trabajo para familiares, ellos cumplieron con dar un trato preferencial y expedito a facturas, modificar presupuestos del Conavi y facilitar información sensible a los dueños de las empresas. Así lo muestra el documento judicial de la causa penal No. 19-000025-r218-PE (del cual UNIVERSIDAD tiene copia), el cual enumera los hechos concretados por la investigación de la Fiscalía.
Pero, además, al desenmarañar la red de relaciones, se expone que varias de estas personas han mantenido un cruce constante entre el sector privado y la función pública, y viceversa, lo cual tiene un peso importante en la forma que operaba la organización criminal, indican las autoridades.
“Algunos miembros de la organización criminal o intervinientes que aparecen en la dinámica delictiva bajo investigación pertenecieron a empresas constructoras y actualmente se desempeñan como funcionarios públicos en el Conavi, MOPT o Ministerio de Hacienda. Otros egresaron de estas instituciones para convertirse en operadores de empresas constructoras o verificadoras de calidad”, destaca el documento.
“Estas conexiones laborales de los miembros del grupo criminal resultan relevantes, primero, porque implican enlaces estratégicos entre el sector privado y el público. Segundo, porque tales vínculos son aprovechados para generar beneficios indebidos en función del interés particular. Tercero, porque los conocimientos y experiencia adquiridas en materia de contratación administrativa e infraestructura vial permiten la ejecución de actividades delictivas con mayor precisión, discreción y efectividad”.
A continuación, un resumen de cómo funcionaba el esquema de corrupción y cuáles eran las relaciones entre funcionarios investigados, intermediarios y dueños de las empresas.
