La jueza del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Juliana Jiménez, ordenó al Ministerio Público modificar la petición de desestimación por el delito de divulgación de secretos por parte del director del Organismo de Investigación Judicial, en el caso de la joven Luanny Valeria Salazar.
Así lo informó el penalista Joseph Rivera, que asesora a la familia de la joven, asesinada a manos de Kenneth Mejía en junio del 2020.
Según una resolución fechada el pasado 16 de junio, la jueza admitió la solicitud de desestimación de cuatro acusaciones interpuestas por el mencioando abogado contra el jerarca, pero rechaazó la gestión en el caso de divulgación de secretos pues consideró que “el ente fiscal cuenta con suficientes elementos probatorios para formular un requerimiento distinto al presentado”.
Todas las acusaciones, comentó Rivera, fueron presentadas por él mismo ante la Fiscalía. Se trataba de una denuncia por incumplimiento de deberes, motivada por la inacción del jerarca en la búsqueda de la joven cuando se encontraba desaparecida; otra por falso testimonio ofrecido a criterio del Rivera ante la Asamblea Legislativa y una más por perjurio, por las declaraciones “falsas” brindadas bajo juramenteo a la Comisión de Género el 4 julio 2020.
Finalmente, se le acusaba de prevaricado pues emitió una resolución administrativa sobre las investigaciones que se realizaban para determinar los errores y responsabilidades en el caso y divulgación de secretos, no sólo por brindar información confidencial sino por adelantar detalles de un caso en investigación, poniendo personas en riesgo.
“No le bastó con mancillar la memoria de Luanny diciendo barbaridades y falsedades con tal de excusar su pésimo accionar, es que puso en riesgo la vida de su familia y otras personas, porque reveló detalles de investigaciones abiertas, incluyendo una de narcotráfico y crimen organizado”, dijo Rivera.
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Cabe recordar que en octubre pasado, Espinoza fue sancionado por sus declaraciones en esa comparecencia, justo por el mismo motivo por el que ahora se le ordena a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusarlo.
Además, el jerarca del OIJ compareció en la Asamblea Legislativa para defender las acciones de la institución en el caso, aunque usó su tiempo para señalar a la familia por un supuesto retraso en la denuncia, problemas sociales en el entorno de la joven y consumo de drogas. Además reclamó a su familia que la información se brindó de manera fragmentada y detalló las relaciones personales de Luany.
En esa audiencia Espinoza detalló los contactos y testimonios que se recibieron, reclamando en varias ocasiones que Patricia Zamora, madre de la joven, no habría brindado suficiente información previamente. También caracterizó el barrio donde vivía Luany como una “zona difícil, muy complicada, con mucho consumo de drogas, muy pobre”, detalló una relación sentimental que la joven sostenía con una persona vinculada a actividades delictivas y se refirió ampliamente al consumo de drogas en el entorno.
A pesar de esto, la FAPTA decidió solicitar al juzgado la desestimación de las cinco acusaciones, pero la jueza Jiménez, del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, no estuvo de acuerdo y dio a esa instancia cinco días para modificar la resolución, período que vence este mismo lunes 27 de junio.
“Si se considera la tesis del Ministerio Público en la que el imputado se encuentra bajo un error de prohibición, se deberá analizar en otra etapa del proceso, ya que, el error de prohibición no genera tipicidad culposas, afecta el grado de culpabilidad dependiendo si se está frente un error de prohibición vencible o invencible” indicó la juzgadora.
La FAPTA por su parte indicó que, “de conformidad con la legislación procesal penal, se encuentra revisando la resolución”, por lo que “no puede referirse ni adelantar criterio, en consecuencia, no es posible responder la consulta realizada”.
Joseph Rivera adelantó que tras esta victoria, la familia presentará una querella civil contra Espinoza por haber mancillado el nombre de Luanny y por haberles puesto en peligro. “Los funcionarios públicos pueden ser sancionados en las tres sedes: administrativa, penal y judicial, y esa es mi misión, que ese señor pague por lo que le hizo a la memoria de Luanny y a su familia ese día, en todo lo que se pueda”.
Por daños y perjuicios, dijo el penalista, la familia pedirá una compensación de hasta 150 millones, que esperan ganar e invertir en poder adquirir una vivienda fuera del barrio, donde la joven fue brutalmente asesinada y donde no se sienten seguros (tras lo mucho que han sido expuestos).
