“Si me pregunta por un protocolo para mujeres desaparecidas, no lo tenemos, solo para personas desaparecidas”, dijo Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, cuando la diputada Nielsen Pérez le consultó si la institución contaba con un protocolo diferenciado, conforme a las recomendaciones que se desprenden de convenciones internacionales.
“Hemos girado instrucciones escritas a todas las delegaciones para efecto de que el abordaje de las personas desaparecidas sea símil, sea homogéneo, sea regular. Nosotros no tenemos distinciones entre hombres y mujeres, sin embargo el nivel de resolución de casos es prácticamente idéntico”, dijo Espinoza, quien asegura que en el país se localizan al 99,9% de las personas que se reportan como desaparecidas.
El jerarca compareció hoy jueves 25 de junio ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para responder por los señalamientos de inacción en el caso de la desaparición y femicidio de Luany Valeria Salazar.
Mientras tanto el abogado de la madre de la víctima, Joseph Rivera, opinó que el testimonio del jerarca fue falso, estigmatizante y demuestra un terrible odio a las mujeres.
La diputada Pérez insistió en la urgencia de diferenciar los parámetros de acción, de acuerdo con recomendaciones de entidades como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Zoyla Rosa Volio, en cambio, celebró que las desapariciones se atiendan igual, sin diferenciar género “porque somos el género humano y de eso tratan los derechos humanos”.
Espinoza explicó que la policía judicial no hace “diferencia si son hombres o son mujeres, no hacemos más o menos acciones dependiendo de quien sea la víctima, no tenemos preferencias, ni favoritismos” y agregó que en Costa Rica, en materia de secuestros y desapariciones de mujeres, “no tenemos la situación tan difícil que ha provocado la emisión de esos precedentes jurisprudenciales”.
Por eso, dijo, se tienen protocolos para abordar “temas de personas” que han sido esencialmente efectivos. “Como los resultados son tan buenos no hemos pensado en la necesidad de tener un protocolo para mujeres, yo creo y es una hipótesis, que las circunstancias difícilmente hubieran cambiado”, indicó.
El jerarca brindó datos sobre las personas desaparecidas en los últimos siete años y afirmó que se han resuelto el 99,9% de las denuncias por desaparición de personas. Solamente de 31 personas se desconoce el paradero, siete de las cuales son mujeres. Agregó que el OIJ atiende las desapariciones a pesar de que no constituyen delitos.
Tras repasar el panorama general el jerarca detalló las diligencias realizadas por la policía judicial en el caso de Luany.
Sobre el caso de Luany
Durante la comparecencia, el director del OIJ defendió las acciones de la institución al tiempo que apuntó retraso en la denuncia, problemas sociales en el entorno de la joven y consumo de drogas. También reclamó a su familia que la información se brindó de manera fragmentada y detalló las relaciones personales de Luany.
Según dijo, la denuncia se realizó cerca de 40 horas después del último avistamiento de Luany por parte de su familia, y aventuró que según las conclusiones de la autopsia, es posible que para ese momento la joven ya hubiera fallecido. Dijo que se realizaron gestiones como pedir una foto para circularla y empezar con la victimología (proceso de entendimiento de las características de la víctima).
Espinoza detalló los contactos y testimonios que se recibieron, reclamando en varias ocasiones que Patricia Zamora, madre de la joven, no habría brindado suficiente información previamente, a pesar de que la misma Zamora facilitó el contacto con los testigos que ampliaron los detalles.
El jerarca caracterizó el barrio donde vivía Luany como una “zona difícil, muy complicada, con mucho consumo de drogas, muy pobre”, detalló una relación sentimental que la joven sostenía con una persona vinculada a actividades delictivas y se refirió ampliamente al consumo de drogas en el entorno.
De hecho, en no menos de cuatro ocasiones dijo que toda la información que la madre de Luany dio en primera instancia se resumía en “mi hija no está y le gustan las drogas”. Patricia Zamora, a través de su abogado, desmintió esta afirmación y aclaró que ella le dijo a la policía, únicamente porque le preguntaron, que su hija consumía alcohol y fumaba ocasionalmente.
El abogado de Zamora, Joseph Rivera opinó que el director del OIJ es “un mentiroso, un machista y entiende cero de temas de género”.
“Quiso desprestigiar a la víctima para justificar su mala actuación como Director”, comentó.
Varios diputados y diputadas alabaron el accionar del OIJ y señalaron su eficiencia mientras que la diputada Nielsen Pérez insistió en la urgencia de implementar protocolos diferenciados para atender los casos con enfoque de género y reclamó a la policía judicial la forma en que históricamente han echado mano de la estigmatización de las mujeres.
“Cuando se usan estereotipos se afecta el derecho a vivir una vida libre de violencia” señaló y detalló cómo en al menos dos ocasiones recientes la entidad ha publicado contenidos donde se recomienda a las mujeres no usar ropa corta o no estar solas en lugares oscuros.
Espinoza respondió admitiendo que esas publicaciones eran estigmatizantes y que sucedieron por errores en los sistemas. “El ánimo nunca fue hacer esas diferencias”, dijo y agregó que en temas de género el OIJ tiene “mucha sensibilización, tenemos una unidad de género, damos capacitación de masculinidad y sí pensamos en estos temas, pero de vez en cuando las cosas no salen tan bien”.
