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Junta Directiva del INA da la razón a sindicato y trabajadores que denunciaron movimientos irregulares de dineros de becas

El Sindicato de Trabajadores del INA informó que el movimiento presupuestario había afectado a estudiantes de todas las sedes y ascendía a ¢1.615 millones.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ordenó detener y revertir la gestión de becas para el programa INA + capaz, que beneficia a estudiantes en entidades públicas y privadas fuera del INA, hasta que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre esos recursos.

Como reportó UNIVERSIDAD, el Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina) y otros trabajadores de la institución denunciaron que la administración superior estaba desfinanciando las becas de sus estudiantes regulares para desviar los recursos financieros “hacia empresas u organizaciones privadas”.

La Junta Directiva vio el caso en una sesión extraordinaria realizada el 16 de marzo en la que se tomó el acuerdo unánime de ordenar “que la administración detenga y reverse temporalmente la gestión de Becas + Capaz, hasta tanto la Contraloría General de la República se pronuncie en positivo sobre la aprobación de esa meta en particular dentro de la subpartida y que se considere una solución a los estudiantes activos, de lo cual la Gerencia General presentará en la próxima sesión una propuesta al respecto”.

Así consta en una comunicación del Acuerdo JD-AC-87-2022. En la misma también se ordena “que la auditoría interna lleva a cabo una investigación sobre situaciones presentadas en torno a la subpartida 16202 Becas a Terceras Personas”.

Fabián Pacheco, encargado del Centro Especializado de Agricultura Orgánica del instituto y varios otros trabajadores informaron la semana pasada que las becas de sus estudiantes, mayormente personas indígenas y campesinas, se estaban recortando para desviarlos a INA + capaz.

Mientras que Ricardo Jara, de Sitraina, había denunciado que el presupuesto de estas becas ya había sido aprobado desde el año pasado por la Junta Directiva, pero ahora se pide desviarlo hacia otra partida presupuestaria, “pasándole por encima a las directrices de la Contraloría”. Según Jara, “lo más grave aún es que están quitándole a esas personas su posibilidad de estudiar para desviarlas hacia otro nuevo proyecto ensayo de este Gobierno”.

Por ejemplo, la proyección de ayudas económicas 2022 de los Centros de Formación de la Unidad Regional Cartago es de ¢539.948.741 para distribuirlos entre 1.431 estudiantes.

En la sesión de junta directiva se discutió que “no contar con dicho presupuesto, significaría una grave afectación al no poder disponer de la totalidad del presupuesto asignado, considerando que estos recursos van dirigidos hacia las poblaciones más vulnerables y que requieren en forma prioritaria los servicios de capacitación y formación profesional, a fin de poder vincularse al mercado laboral”.

Sin embargo, Sitraina informó que el movimiento presupuestario había afectado a estudiantes de todas las sedes y ascendía a ¢1.615 millones.

El programa INA + capaz fue lanzado en octubre del año pasado y se enmarca en la reciente reforma a la Ley Orgánica del INA impulsada por este Gobierno.

Según el INA, su propósito es ampliar la cobertura institucional, entonces, además de las carreras y cupos que ofrece la institución, el INA podrá becar a personas para que estudien en centros de formación públicos y privados, nacionales e internacionales, que dispongan de una acreditación y aval técnico institucional.

Su primera fase se lanzó en Guanacaste,  como una alianza con las mesas de diálogo que promocionaba la Primera Dama y coordinadora de Guanacaste, Claudia Dobles. Así fue que se lanzaron 635 cupos para cursar las especialidades de inglés avanzado y CISCO (redes y comunicaciones) porque se habían identificado demanda ocupacional en Servicio al Cliente y Soporte Técnico.

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