Tras la polémica aplicación a miles de estudiantes de los cuestionarios de “Factores Asociados”, vinculados a las pruebas FARO, la jueza de Familia y magistrada suplente de la Sala Segunda, Mauren Solís, presentó una denuncia, este lunes 15 de noviembre, ante la Fiscalía de Probidad, para que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, peculado y prevaricato.
“Es evidente que el Ministerio de Educación Pública (MEP) se excedió en el ejercicio de su poder de convocatoria, sometiendo a personas menores de edad a un interrogatorio prolongado y por escrito, que expuso a niños y niñas, a un cansado proceso para obtener información que no es académica”, reza la denuncia presentada contra ignorado.
Para la jueza del Familia del Tercer Circuito Judicial de San José, es preocupante que se anuncie una prueba de diagnóstico, pero que luego “resulte ser que se extrae información de otro tipo”.
“Ni yo que soy jueza puedo hacerle eso a un niño. Yo no puedo llamar a un niño engañado, decirle que viene para una cosa y viene para otra y someterlo a un interrogatorio por escrito durante más de cuatro horas y terminar preguntándole por cosas que no tienen ninguna relación sobre lo que le convoque”, comentó la jurista a UNIVERSIDAD.
Según Solís, con la acusación se busca que se investigue el planeamiento que tenía el MEP para utilizar la información recopilada, la finalidad de esa información, quién se iba a hacer cargo de esta, cuál sería el impacto real en los programas de estudio de la educación pública, así como “quiénes son las personas responsables de haber dado la autorización para una convocatoria con una finalidad distinta”.
La jueza criticó que se utilizara esta vía para captar la información, ya que, a su criterio, podría ser catalogada como sensible: “Por un lado le decimos a los niños que no se comuniquen con extraños, que no le den información sobre su vida a extraños y por otro lado, el ente rector de la política pública de educación más bien hace todo lo contrario”.
Igualmente, la magistrada se mostró angustiada por la larga duración de la aplicación de los cuestionarios, que en algunos casos se extendió por más de cuatro horas:
“Niños que no fueron advertidos de la duración de la prueba; niños diabéticos, niños prediabéticos, niños con problemas de déficit atencional, con otros requerimientos… No se les dijo que la prueba iba a durar más de cuatro horas; los padres no tuvieron ni siquiera posibilidad de tomar decisiones, porque no se les dio la información correcta”.
Daños ocasionados
Para Solís, también es importante valorar los posibles daños que se pudieron haber ocasionado a los menores que se sometieron a la aplicación de la prueba: “¿Como queda el niño para los siguientes exámenes que tiene que realizar? ¿Le va a generar ansiedad? ¿Cómo lo va a realizar? ¿El MEP se va a hacer cargo de reparar este eventual daño en la población menor de edad?”
Asimismo, se mostró preocupada por el tipo de preguntas que se realizaban, pues considera que pueden herir a los escolares: “Preguntarle si tiene casita propia o no es un tema que lo puede hasta lastimar, lo puede desconcentrar del resto de la prueba”.
También señaló que, desde el punto de vista de los derechos de los niños, el caso podría tratarse de un abuso de autoridad, ya que “es el ente rector de la política pública que los convoca bajo engaño, porque les dice: «Los voy a evaluar, les voy a hacer un diagnóstico sobre Español, Ciencias y Matemática». Y resulta que termino preguntándoles por cosas muy íntimas de su hogar. Eso es un engaño.”
“Bajo la excusa de una prueba de diagnóstico, se extrajo información no académica de personas menores de edad y su grupo familiar, aprovechando el cansancio generado por horas de desarrollo del examen y, aprovechando también que es el Estado el que convoca y ordena realizar la prueba. De esta forma, se ha generado una injerencia arbitraria en la vida de las personas menores de edad y sus familias”, se puede leer en la denuncia.
La jueza comentó a este semanario que se utilizaron fondos públicos “para extraer información de los niños luego de haberlos cansado”.
“Usted tiene un niño encerrado en un aula, bajo una convocatoria X, con un contenido X, su papá y su mamá no están y los maestros tienen el deber de cumplir las órdenes que la da su patrono. Eso está malo, algo raro hay ahí y yo preferiría que lo investigue el Ministerio Público”, concluyó Solís.
