Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, quienes integraron el equipo de análisis de datos que funcionó en Casa Presidencial, se abstuvieron de declarar y responder las preguntas de los diputados esta mañana ante la comisión legislativa que investiga el caso de la ya disuelta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Los asesores -que estuvieron acompañados de sus abogados- hicieron cada uno una intervención inicial y luego se acogieron a su derecho constitucional de abstenerse de declarar, ya que el caso está siendo investigado por la Fiscalía.
La diputada Silvia Hernández (Liberación Nacional) destacó que “prácticamente todos los funcionarios de confianza de este gobierno de Carlos Alvarado, al momento de tener que rendir cuentas por sus actos en la función pública, se han acogido a su derecho constitucional de abstenerse a declarar”.
Citó al ex viceminisro de Planificación Luis Daniel Soto; el redactor del decreto de creación de la UPAD, Luis Salazar; la ex jefa de despacho del presidente de la República, Fely Salas; el director ejecutivo del Sistema único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) Erickson Álvarez; el asesor presidencial Santiago Álvarez; la embajadora de Costa Rica en Colombia y expresidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), María Fulmen Salas “y ahora las tres personas que tuvieron a cargo la operación de recolección y uso de datos sensibles”, resaltó Hernández.
La legisladora criticó: “nueve personas que no rinden cuentas bajo el ala complaciente y protectora del presidente de la República, nueve personas que evaden su responsabilidad con Costa Rica”.
En su comentario inicial, Diego Fernández se refirió a su vida personal, su origen, sus estudios y su desarrollo profesional. Relató que antes de trabajar en Casa Presidencial, trabajó como docente de maestría y en el sector privado, en inteligencia de negocios para empresas de Centroamérica.
“Llegué a trabajar en el despacho del señor Presidente porque me buscaron por mi capacidad técnica. Formalmente fui nombrado como consejero presidencial especializado, para asesorar al despacho del señor Presidente con mi opinión técnica cuando me lo solicitaran; mi labor era como científico de datos”, explicó Fernández.
“No he cometido delito alguno, nunca he vulnerado la privacidad de nadie, siempre seguí los protocolos que la ley costarricense y los reglamentos establecían”, declaró Fernández y agregó que “todo análisis de datos se siguió en el marco de los proyectos que se trabajan desde el despacho del señor Presidente”.
Por su parte, en su intervención inicial Alejandro Madrigal comentó que la UPAD fue conformada por el Presidente para tener claro el panorama para diseñar políticas públicas y que los datos utilizados se apegaron a la legalidad, sin violentar la privacidad de las personas.
Mientras que Andrés Villalobos dijo que el proceso ya se encuentra judicializado y por recomendación de su asesor legal no iba a referirse al tema.
El congresista Jonathan Prendas (Nueva República) preguntó en qué bufetes trabajaban los abogados que los acompañaban, a lo cual respondieron que al Bufete Facio & Cañas y a la firma legal Batalla. Según Prendas, preguntó eso porque “es importante saber qué tan expuestos están y qué tan cuidaditos están”.
Tanto la diputada Floria Segreda (Restauración Nacional) como Prendas preguntaron dónde estaban los datos recopilados actualmente y quién los resguarda.
El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con el caso UPAD, cuya investigación continúa en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa.
