Aplicar a las cooperativas la misma escala de renta que rige a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y establecer un tope generalizado a la cantidad de intereses que los contribuyentes pueden deducir de sus declaraciones de renta a través de la norma de subcapitalización eran intenciones de Hacienda que finalmente no fueron “políticamente viables”, afirmó la ministra de esa cartera, Rocío Aguilar.
Aguilar participó la noche de este martes en un foro que se desarrolló en la Universidad Latina sobre la reforma fiscal, en la que señaló que atenuar las medidas que buscaban incrementar los ingresos y evitar la elusión fueron condiciones necesarias para contar con los votos de algunos diputados y avanzar con el proyecto.
Según la ministra, estos cambios fueron indispensables para lograr la aprobación del segundo texto sustitutivo que presentó el Hacienda a los diputados, sin el que la cartera habría perdido varias otras medidas que impulsaba el nuevo gobierno.
Ese texto apenas contó con el apoyo de cinco de los nueve votos en la comisión especial que tramitó el texto, tres de Liberación Nacional (PLN), uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y, por supuesto, el del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Según Aguilar, esos cinco votos no habrían sido posibles sin los cambios, pues “así como es inviable pensar en el IVA del 15% en este momento”, también lo era la proposición de los gravámenes a las cooperativas y la norma antielusiva para los diputados.
Sobre la norma de subcapitalización, la jerarca indicó que si bien “no había sido cuantificado dentro de los efectos del proyecto, posiblemente fue una de las reformas más duras de pasar” y aceptó que “efectivamente ha quedado debilitada respecto a lo que era originalmente, pero políticamente no fue viable más como de lo que quedó”.
En cuanto a las cooperativas, dijo que ese también era un tema conflictivo, pues ellas “no fue posible y hubo que sacarlo del proyecto porque si no Hacienda se hubiera quedado sin un texto sustitutivo que fuera aprobado por el Congreso”.
En otras palabras, Hacienda señala que las decisiones fueron vitales para conjurar el apoyo del PLN, del PUSC y de sectores empresariales y cooperativos representados políticamente; votos que eran esenciales, pues Restauración Nacional (PRN), el Frente Amplio (FA) e Integración Nacional (PIN), dueños de los restantes cuatro votos del foro legislativo, se oponían a muchas otras propuestas consideradas como esenciales por el Ejecutivo.
Desde el PLN y del PUSC siempre manifestaron su inconformidad con la redacción de la norma de subcapitalización; mientras que las desavenencias con el impuesto a las cooperativas ambas agrupaciones lo atribuyen a negociaciones de esos sectores con el Ejecutivo.
Al respecto, la diputada María Inés Solís recordó que ella incluso presentó una moción para devolver el impuesto al plan que sólo votó a favor su compañero de bancada Pedro Muñoz en la comisión fiscal, y escribió recientemente en su cuenta de Twitter que “le da la impresión de que las cooperativas tienen los contactos suficientes en el PAC y en el PLN para que las defiendan”, algo que desde el PLN rechazan, pues se dicen anuentes a la carga y achacan las negociaciones sobre ese tema al Ejecutivo.
Casi fusiladas
Por un lado, la propuesta el Gobierno con las cooperativas era adherirlas a la escala con la que actualmente se gravan las utilidades de las pequeñas y medianas empresas. Esa escala gravaba con un 5% hasta los primeros ¢5 millones, con un 10% hasta los ¢7,5 millones, con un 15% hasta los ¢10 millones y con el 20% de los ¢10 millones hasta los ¢106 millones, cifra desde la que se cobraría un 30% (regular).
Por otro lado, la norma de subcapitalización planteaba limitar los gastos por intereses que las empresas pueden agregar en sus declaraciones de renta hasta un 20% de sus utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (UAIIDA, por sus siglas en español), una medida fiscal antelusiva recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y parte del paquete de sugerencias tras las investigaciones por los “Papeles de Panamá”.
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Hacienda estimaba un impacto cercano a los ¢12.000 millones con la primera medida; mientras que la segunda no había sido contemplada en los rendimientos del proyectado, pero estudios de Tributación en 2016 señalaban una posible recaudación de hasta ¢90.000 millones.
Para contextualizar ambas cifras, sumadas son más que los ¢66.000 millones que se estimaba recaudar con el IVA original del 2% a la canasta básica (recientemente rebajado a la mitad) y los ¢27.000 millones por el 2% del IVA a los servicios de educación privada (ahora exonerados).
Finalmente, las normas no se incluyeron como se plantearon, sino que a las cooperativas se les gravó con un 10% la repartición de excedentes; mientras que a la norma de subcapitalización se le exceptuaron todos los créditos con entidades reconocidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y por cualquier otra superintendencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Oposición
Según la ministra Aguilar, no haber realizado estos cambios en el proyecto no habría permitido avanzar con el texto, mismo que ahora sólo ha sido respaldado (al menos su texto sustitutivo) por los diputados en la comisión fiscal del PLN y de PUSC.
En cuanto a la norma de subcapitalización, la oposición ha sido de varios sectores; sin embargo, tanto el PLN como el PUSC han estado especialmente involucrados en en las modificaciones a esa redacción.
Por un lado, el PLN siempre señaló que no era correcto imponer el límite a emprendedores y empresas que se endeudan legítimamente y más bien abogaron por facultar al Estado para comprobar la veracidad de los endeudamientos; mientras que, por el otro, el PUSC recientemente fue más allá y presentó una moción —aprobada junto con el PLN y el PAC— para que se pueda levantar el límite en casos específicos por solicitud “fundamentada” de los contribuyentes.
En cuanto a las cooperativas, tanto el PLN como el PUSC rechazan las injerencias, especialmente los socialcristianos, que incluso intentaron devolver el gravamen escalonado.
No obstante, la congresista del PLN, Yorleny León, subrayó que sería totalmente falso afirmar que su partido haya presionado para que no gravar a las cooperativas, pues —por el contrario— están “convencidos” de que sus utilidades deberían gravarse.
Al respecto, aceptó que gestionaron trámites con el Gobierno para que atendiera a representantes cooperativos como hicieron con otros sectores, pero afirmó que la decisión de echar para atrás con el gravamen fue únicamente tomada por el Ejecutivo, que pactó realizar el cambio del pago por utilidades (lo que gana la cooperativa) al pago por excedentes (lo que la cooperativa distribuye a sus asociados) tras conversar con ellos.
“Las cooperativas vinieron insistentemente a hablar con nosotros sobre la exoneración y nosotros respondimos que a Liberación Nacional piensa que ya las cooperativas tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, los enviamos a negociar con Hacienda, con la condición de que sólo continuaríamos apoyando la reforma fiscal si se les atendía porque no había sido posible. Ellos fueron entonces al ministerio y negociaron con ellos salir del impuesto sobre la renta, que fue lo que pasó cuando la megamoción que llegó aquí”, indicó la liberacionista.
Sobre el impuesto de renta a las utilidades de las cooperativas, León incluso señaló que el PLN está convencido de que deberían pagarlo y apuntó que corresponderá al Gobierno “valorar sus negociaciones y decidir si envía un proyecto de ley específicamente para ese tema”.
