El Grupo ICE advirtió que si el instituto no es excluido de la Regla Fiscal, mediante el proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa, el país sufrirá consecuencias por la restricción de inversión que le impide modernizar su infraestructura y podría imponer restricciones para comprar combustible en la época de afectación por el fenómeno de El Niño, cuando se debe incurrir en gastos adicionales para cubrir la demanda de electricidad.
Se trata del proyecto de Ley de Modificación del Título IV de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 23.330), que entró a la corriente legislativa el pasado 7 de setiembre; recibió dos dictámenes afirmativos en la Comisión de Hacendarios; y está en el orden del día del plenario.
La iniciativa excluye del cómputo de esta norma a las empresas públicas o instituciones autónomas que tengan actividades comerciales abiertas al régimen de competencia, así como al pago de intereses y comisiones de la deuda pública incluidas en el presupuesto de la República.
En una conferencia de prensa realizada la tarde del jueves, el presidente de Grupo ICE, Marco Acuña, destacó que el proyecto es “de suma relevancia” para la institución e hizo un llamado a los diputados para que vean la necesidad del mismo.
Acuña explicó que el negocio de electricidad del instituto es un negocio de más de ¢1 billón al año y que el presupuesto del ICE tiene un componente de inversión muy alto –como todas las empresas eléctricas del mundo- para poder mantener y expandir su infraestructura.
“Nosotros hemos estado sometidos a una restricción de inversión y de gasto muy considerable en los últimos años, que ha rezagado inversiones en el instituto; pero que nosotros estamos viendo que ya no son sostenibles. O invertimos o el país va a sufrir lamentablemente consecuencias en un mediano plazo”, expresó Acuña.
El jerarca señaló que no pueden desarrollar proyectos, llámese líneas eléctricas, subestaciones, plantas de generación; no pueden contar con recursos suficientes para materiales que se necesitan (como cuando hay tormentas o desastres naturales); se ha afectado el mantenimiento; y la demanda eléctrica crece pero la oferta sigue siendo la misma, por lo que podría llegar un momento en que la demanda supere la oferta y el país podría tener graves consecuencias.
“También podríamos tener restricciones para comprar combustible en la época de afectación por el fenómeno de El Niño, cuando tenemos que incurrir en gastos adicionales para cubrir la demanda de electricidad”, resaltó.
Debido a la Regla Fiscal, el ICE tiene impedimentos para modernizar su infraestructura, la cual tiene una vida útil determinada y podría llegar a ser obsoleta, poniendo en riesgo el mismo sistema eléctrico.
Asimismo, dijo que el ICE tiene líneas de crédito habilitadas que no puede usar. “Entonces tenemos dinero ahí disponible pero no podemos disponer de él”, añadió.
“Nosotros nos estamos fundamentando en que tenemos autonomía financiera, un presupuesto que no depende del Gobierno Central y un gasto de operación que depende de factores externos. Por ejemplo, este año el ICE gastó ¢40.000 millones más en compra de combustible para generar electricidad y tuvimos que recortar en otro lado para que la gente tuviera luz en sus casas; pero eso no es sostenible en el tiempo”, enfatizó Acuña.
La Regla Fiscal, establecida en el Título IV de la Ley del Fortalecimiento de las finanzas públicas (N° 9635) es un límite al crecimiento del gasto en las instituciones del sector público no financiero según dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); y el crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años.
Según el Ministerio de Hacienda, si la relación deuda/PIB está entre un 45% y un 60%, el crecimiento del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio de crecimiento del PIB, según la Regla Fiscal. Y el BCCR explica que para el año 2023 este crecimiento será de 2,7%. Es decir, que el gasto corriente del Gobierno no puede crecer más de un 2.02%.
