A pesar de que la Asamblea Legislativa archivó un proyecto por el cual se buscaba instituir la publicación anual de la lista de empresas que declaran percibir “cero” utilidades para efectos del pago de impuestos, el Ministerio de Hacienda continuará proporcionando esta información a quien lo solicite, apoyado en “lo que ha dispuesto previamente la Sala Constitucional” y “respetando a su vez los derechos y garantías de los contribuyentes”.
Así lo afirmó a UNIVERSIDAD la directora general de Tributación, Priscilla Zamora, quien también reveló que, como parte de la labor fiscalizadora que realiza el Ministerio contra la evasión y la elusión de impuestos, actualmente fiscalizan 12 casos derivados de las revelaciones de los “Papeles de Panamá”, en la cual participó este Semanario.
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“Los contribuyentes emplean una amplia gama de combinaciones de aspectos normativos, económicos, registrales, entre otros, con el fin de diseñar estrategias que permitan disminuir la cuantía de la cuota tributaria a liquidar”, dijo Zamora.
Sin embargo, afirmó que la labor fiscalizadora del Ministerio continúa incluso en el contexto de reducción de la actividad económica debido a la pandemia de COVID-19 (ver la entrevista).
Los “Papeles de Panamá” fueron publicados de manera sincronizada el 4 de abril de 2016, a las 4 p.m., hora local, por 111 medios de comunicación en 82 países, gracias al trabajo de 386 profesionales coordinados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En el caso de Costa Rica, la relación con el bufete panameño fue intermediada por oficinas legales locales como Castro Fernández, Arias & Muñoz, Gonzalo Fajardo y Asociados, Facio & Cañas; Zurcher, Odio & Raven, Batalla y Asociados, entre otros. Generalmente, los clientes solicitaron constituir sociedades anónimas en Panamá y en “paraísos fiscales” como Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Curazao, Bermuda, la Isla de Man, Sychelles, el Estado de Nevada, entre otros.
En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda creó un equipo investigador especial con el respaldo de la Asamblea Legislativa, la cual también llevó a cabo su propia investigación.
En el 2017, la institución dio a conocer un primer corte de 51 casos identificados por el equipo especial conformado por ese Ministerio que incluía la identificación de 96 personas físicas y jurídicas costarricenses asociadas con esquemas legales dudosos, facilitados por el bufete panameño Mossack Fonseca, de un total de 120 encontradas en relación con nuestro país en aquella filtración.
En ese momento también dio a conocer que le seguía el rastro a una empresa costarricense que reportó utilidades por más de ¢2.000 millones y que, por lo tanto, califica dentro de la categoría fiscal de Grandes Contribuyentes.
Priscilla Zamora, directora general de Tributación: “Continuaremos atendiendo a los interesados en obtener la información”
Recientemente se archivó el proyecto legislativo que buscaba publicar anualmente los nombres de las empresas que declaran “cero” ganancias y que, por ello, no pagan impuestos. ¿Qué opina sobre esto?
—Por parte de la Administración Tributaria, se respeta la decisión tomada por los legisladores con respecto al archivo de dicho proyecto de ley.
La Administración Tributaria continuará atendiendo los requerimientos individuales presentados por los interesados en obtener dicha información, en apego al principio de legalidad y a lo que ha dispuesto previamente la Sala Constitucional, respetando a su vez los derechos y garantías de los contribuyentes.
Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y lo aprendido con exposiciones públicas de los mecanismos usados por empresas y bufetes de abogacía para eludir y evadir impuestos, como los “Papeles de Panamá”, ¿ha mejorado o no el comportamiento tributario de las empresas y su verificación por Hacienda?
—El impacto de los cambios introducidos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán observarse cuando finalice el periodo fiscal en curso y cuando se lleven a cabo inspecciones tributarias que conlleven la verificación de la correcta aplicación de la normativa que fue modificada.
Es importante recordar que, en términos de planificación fiscal, los contribuyentes emplean una amplia gama de combinaciones de aspectos normativos, económicos, registrales, entre otros, con el fin de diseñar estrategias que permitan disminuir la cuantía de la cuota tributaria a liquidar.
Con las diversas iniciativas fiscales aprobadas, se ha procurado tanto promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes como dotar de herramientas a la Administración Tributaria, para mejorar sus mecanismos de control y verificación.
Por último, debe tenerse en cuenta que, en las actuaciones de control tributario intensivo realizadas por la Administración Tributaria, el objetivo es verificar que el contribuyente haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones formales y materiales y, en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes, ya sean de naturaleza administrativa o penal.
En el caso del trabajo de fiscalización realizado por Hacienda, a raíz de los “Papeles de Panamá”, había al menos un proceso activo contra un gran contribuyente. ¿Cuál es el estado actual de ese caso?
—Actualmente se tiene 12 casos en proceso de actuación fiscalizadora, cuya etapa no puede ser revelada en virtud de la confidencialidad de la información tributaria.
¿El contexto de la pandemia puede ser usado por contribuyentes para continuar “justificando” que hay “cero” ganancias o ustedes pueden controlar mejor esta información?
—Tal como se indicó, en el comportamiento de los contribuyentes inciden una serie de factores que los pueden motivar a actuar de una forma u otra.
Evidentemente, la pandemia por la COVID-19 ha generado fuertes repercusiones en la economía, las cuales se verán reflejadas en la condición económica de los contribuyentes. Sin embargo, la Administración Tributaria hará uso de toda la información, herramientas y recursos de los que dispone para llevar a cabo los controles que corresponda y verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.
