El 11 de noviembre del 2020, durante una de las sesiones de diálogo multisectorial, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, aseguró que el Gobierno no puede variar las tasas de interés de los títulos de deuda porque eso conlleva “un serio problema para las partes”.
“Nosotros estamos enfocados en bajar la tasa de interés, estamos diseñando títulos y mecanismos que nos permitan reducir la tasa de interés, pero no podemos artificialmente obligar una baja. No podemos utilizando el poder que tenemos como Estado de sencillamente decir “la tasa de interés se baja y punto”, porque eso nos metería a nosotros, como Estado, y a todos los tenedores de deuda, en un problema muy delicado”, dijo en aquella ocasión.
Sin embargo, apenas dos meses antes, Hacienda renegoció el vencimiento de títulos de deuda interna, asignados a 13 distintos puestos de bolsa, para alargar su duración hasta el 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2031 y 2036.
“Como parte del megacanje de títulos de deuda interna que se convocó para esta semana, se logró la exitosa captación de ¢214.802 millones y de $103 millones, para un total de ¢275.984 millones”, dijo Hacienda en un comunicado de prensa.
En el canje se encontraban Títulos de Propiedad Cero Cupón en Colones, Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones, Título de Propiedad Tasa Real Ajustable Soberano en Colones, el Título de Propiedad Tasa Básica y el Título de Propiedad Tasa Fija en Unidades de Desarrollo, con vencimiento en 2020, 2021 y 2022.
Este proceso, sumado al interés de un sector participante de la mesa de diálogo multisectorial para una renegociación de la deuda, no lograron cambiar el parecer de Villegas, quien, en el mismo espacio, afirmó que la idea tiene una connotación negativa.
“La misma palabra ‘renegociación’ no es bien vista en los mercados internacionales y que podría llegar a generarse algún tipo de problema, por eso hablamos de ‘negociación de deuda’ y no de ‘renegociación’, porque una renegociación se da en circunstancias de default. Se vuelve esencial que cualquier cambio que hagamos tiene que darse dentro del mercado”, aseguró.
UNIVERSIDAD dirigió consultas, vía correo electrónico, al Ministerio de Hacienda, para conocer cuántos de estos plazos se negociaron con bancos privados, financieras supervisadas por Sugef y cooperativas.
Además, se preguntó si con las presiones desde la Asamblea Legislativa y la opinión pública sobre la voracidad de la deuda interna existen planes para renegociar intereses o coordinar algún nuevo megacanje. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Datos opacos
Junto con la ausencia de medidas para renegociar los intereses de títulos de deuda, la opacidad de quienes son tenedores de dichos bonos se ha instalado como una problemática, en medio de la crisis económica del país.
En noviembre, el diario La Nación publicó que, según datos del Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es acreedora del 14% de la deuda interna, el Instituto Nacional de Seguros (INS) del 7% y otro conjunto de instituciones públicas acumula el 15%.
Las operadoras de pensiones tienen el 27% y los bancos comerciales, el 18%. La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) acumula un 12% y “otros acreedores” representan un 7%.
Es precisamente en estos apartados donde se encuentra el mayor secretismo, ya que no es posible determinar cuántos de los ¢4,91 billones que manejan las operadoras de pensiones corresponden al sector privado.
Lo mismo sucede con los ¢3,27 billones en poder del sistema bancario, ya que los datos omiten señalar cuál porcentaje es de bancos públicos y cuánto de privados. Por si fuera poco, ¢1,27 billones están en manos de acreedores ocultos para la opinión pública.
Tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda han citado el secreto bursátil y Ley Reguladora del Mercado de Valores para justificar la negativa de brindar datos claros sobre los tenedores de deuda.
Colaboró con este artículo la periodista Natalia Díaz Zeledón.
