19 organizaciones cooperativas, productivas, sindicales, comunales y agrícolas que suman 124 mil afiliados pidieron a la UE considerar sus críticas al proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa.

19 organizaciones cooperativas, productivas, sindicales, comunales y agrícolas rechazaron el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa y que aspira a sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal por abrir “más las puerta a los evasores y elusores”.

Las fracciones legislativas de Liberación Nacional —con excepción del diputado José Joaquín Hernández—, Liberal Progresista, Nueva República y algunos legisladores de la Unidad Social Cristiana, así como la disidencia de la oficialista Luz Mary Alpízar rechazaron el veto presidencial parcial que eliminaba el artículo que ahora le permitirá a las grandes empresas que generan ganancias en el exterior, con la colocación de capital logrado en Costa Rica, no pagar impuestos en el país. Se ha proyectado, por parte de asesores legislativos y el mismo Ministerio de Hacienda, que con esa ley las autoridades fiscales dejaran de percibir ₡64 mil millones en un plazo de cuatro años.

Las grupos de la sociedad civil, que suman 124 mil afiliados, lo expresaron así en una carta enviada a la Unión Europea (UE) en la que critican múltiples artículos del proyecto de ley por ser “ambiguos” dejando portillos para la elusión y evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales, contrario a los objetivos del organismo internacional.

“La ley es tan ambigua, alambicada, llena de interpretaciones particulares y con requisitos muy laxos, por lo que es relativamente fácil lograr la exoneración, aun siendo capitales de fuente extranjera, y que, de ninguna manera, soluciona el problema que señala la UE”, dice el documento dirigido a María José Garde, presidenta del Grupo de Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial (Economic and Financial Affairs Council) de la Unión Europea.

Múltiples definiciones utilizadas en la ley no están adecuadamente definidas o son indeterminadas, alegan las organizaciones, dejándolo abierta la interpretación, lo que precisamente la UE pidió resolver en Costa Rica ante la falta de legislación en la materia.

En el documento también exponen detalles de contexto que a su criterio el proyecto de ley no soluciona y que mantendría al país como un paraíso fiscal, por ejemplo, la total apertura del país a movimientos de capitales sin carga impositiva, los bajísimos intereses a la importación y una gestión tributaria y aduanera débil a falta de personal y tecnología.

También mencionan la política de exoneración de impuestos al 100% en las Zonas Francas, en donde también se permite el traslado de empresas del régimen definitivo para eludir el pago de impuestos.

“Si observamos estos detalles, nos damos cuenta que con el actual la Ley aprobada, no se logra solucionar el fondo de los problemas, más bien se está abriendo más la puerta a los evasores y elusores, afectando más a Costa Rica y a los socios comerciales”, dice la misiva.

Estas organizaciones ya habían enviado una nota a la UE, previo a la aprobación del proyecto, en la que pedían ser consultadas. El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Costa Rica indicó que compartía sus preocupaciones y apreciaciones.