La Alianza Sindical del Poder Judicial, que agrupa cinco sindicatos, solicitó por escrito que “se analice e investigue el actuar de la magistrada Roxana Chacón durante las sesiones de Corte Plena”, particularmente en la sesión del 15 de noviembre.
En esa oportunidad, se trató la posible reelección del representante de los trabajadores en el Consejo Superior, Carlos Montero. La votación fue favorable al funcionario, pero no alcanzó los 17 votos requeridos para que fuera reelegido.
Posteriormente, según recuerda la Aliazna Sindical del Poder Judicial en un comunicado “el malestar de la magistrada Chacón fue evidente” y la jueza arremetió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, pues antes de la votación leyó un texto en que anunció que votaría negativamente, por considerar entre otras cosas que el criterio sobre la representación de los trabajadores y trabajadoras debía venir de sus propias organizaciones.
En el documento que según se informó fue enviado el pasado miércoles, la Alianza se refirió a “desafortunadas manifestaciones” realizadas por la magistrada Chacón, en contra de las organizaciones sindicales, sobre todo al emplear términos como “asuntos guerrilleros” o “acciones guerrilleras” para intentar descalificarlas.
Cabe recordar que en esa oportunidad, luego de la votación adversa a Montero -previo a lo cual Chacón se había desecho en elogios para el funcionario- la magistrada presentó un recurso de revisión de la elección, alegando que al leer el razonamiento de su voto, Cruz había influenciado en la manera cómo votaron magistrados y magistradas suplentes en esa oportunidad.
Situación “alarmante”
El periplo continuó entonces en la sesión del pasado lunes 22 de Corte Plena, cuando se debía decidir sobre el recurso presentado por Chacón.
Al inicio de esa sesión la Corte Plena debió invertir tiempo en conocer primero un recurso de revocatoria que presentó Montero contra Cruz, que fue rechazado 16 votos a cinco.
Luego, al usar la palabra Chacón para justificar su recurso, la magistrada introdujo un elemento nuevo, adujo una “poco usual ausencia” de magistrados y magistradas titulares, lo cual permitió la presencia de los suplentes cuyo criterio luego de la votación desdeñó.
Cuestionó de esa manera la coincidencia de unas vacaciones aprobadas por Cruz para cuatro personas, más incapacidades y un permiso y aseveró a partir de un texto que estaba leyendo: “todas estas autorizaciones fueron autorizadas por el señor presidente Fernando Cruz Castro”.
Otro elemento nuevo que mencionó Chacón fue que intentó mostrar un vínculo conspirativo entre la secretaria general adjunta de uno de los sindicatos y una de las magistradas suplentes que estuvo presente el día 15.
Al igual que sus aseveraciones sobre los magistrados y magistradas suplentes el día 15, en esta oportunidad este cuestionamiento sobre las ausencias generó indignación entre quienes fueron aludidos por su teoría.
Luego de ello, Chacón tomo la palabra de nuevo y arremetió con un evidente enojo contra Fernando Cruz, y lo acusó porque “está poniendo mayores requisitos donde la ley no establece mayores requisitos, porque deja la objetividad de lado para asumir la posición de un sindicato. El Presidente de la Corte tiene prioridad por los asuntos de este sindicato”.
Cruz por su parte lamentó que la discusión “ha sido un torrente de descalificaciones” y expresó que “yo no quiero entrar en estas discusiones y calificaciones, doña Roxana usted con toda legitimidad tiene el derecho de hacerlo y ojalá que en un futuro nos tratemos mejor”.
Así, la Corte Plena votó 13 votos a nueve por admitir el recurso de Chacón, y lo acogió con doce votos contra diez.
Luego, se procedió entonces a repetir la votación para decidir si el funcionario Montero era reelecto en su puesto. Esa votación arrojó el resultado de 13 votos a favor y nueve en contra, con lo cual no se logró el mínimo de los 17 votos para que fuera reelecto.
Es decir, después de todas las discusiones, presentación de recursos y demás que consumieron unas cuatro horas y media de la Corte Plena, se llegó al mismo resultado, pero con más heridas abiertas en el seno del Poder Judicial.
Luego de esos hechos, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) envió su propio comunicado en el que salió al paso del argumento de Chacón respecto al supuesto voto influenciado, según ella, de magistrados y magistradas suplentes el día 15.
“Tal razonamiento violenta la norma constitucional que otorga a la Magistratura Suplente la misma legitimación y garantía de actuación que a los titulares”, apunta ese texto divulgado el pasado miércoles.
La Acojud consideró “alarmante” que sea posible “distorsionar los acuerdos tomados por una Corte legalmente constituida” y subrayó el riesgo que esa práctica implica, a la luz de que ese órgano próximamente conocerá los nombramientos de magistraturas en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Fiscalía General y la Dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Es inexcusable que la magistrada Chacón Artavia haga uso de lenguaje amenazante, tono de voz hostil e irrespetuoso, cohonestado con el silencio cómplice de otras personas integrantes de Corte Plena, para fomentar un entorno de violencia contra quienes disienten y arremeter también contra la investidura del Presidente de la Corte”, se lee en el pronunciamiento.
La Acojud elogió como una “práctica positiva recomendada en los estándares internacionales de transparencia”, el hecho de que Cruz hubiese ofrecido el razonamiento de su voto y apuntó que “causa perplejidad que por ese proceder, la magistrada Chacón violente al Presidente y haya alegado la nulidad de la votación, lo cual más bien promueve la opacidad de estas decisiones ante la ciudadanía”.
