El viceministro de Trabajo y Seguridad Social del Área Social y ministro a.i. de Trabajo, Luis Paulino Mora Lizano, dijo a UNIVERSIDAD que la principal apuesta de este Gobierno para combatir las pensiones de lujo es el proyecto de ley presentado por la pasada administración, que propone que en un plazo de 18 meses se cierren regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional.
“Nosotros estamos apostando por el proyecto 21.345 del cierre de los regímenes de pensiones”, afirmó Mora, quien fue viceministro de la Presidencia en la administración Solís Rivera y Director Nacional de Pensiones en la administración Alvarado Quesada.
Se trata del proyecto de “Ley de Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones”, propuesto en la pasada legislatura por el diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Según dicho texto, se propone cerrar los regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional en un plazo de 18 meses, manteniendo los derechos adquiridos de los actuales jubilados y la posibilidad de traspasar las pensiones actualmente vigentes.
Estos regímenes son el de Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares, Hacienda y Régimen General de Pensiones.
También, pone un tope a la pensión de los regímenes contributivos regulados en la ley e indica que no podrá exceder el monto equivalente a 23 veces la línea de pobreza, según determinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“Básicamente, se elimina el régimen, entonces, ya no habría pensiones por ese régimen, ni bajas, ni altas ni de ningún tipo. Quedamos solo con las pensiones ya otorgadas con un plazo transicional de 18 meses, en el que las pensiones se seguirán otorgando según jurisprudencia constitucional y a partir de ahí se cerrarán los regímenes”, continuó Mora.
Según el texto del proyecto de ley, se derogarían la Ley de Pensiones e Indemnización de Guerra (1955), la Ley de Pensiones para Ex Presidentes (1939), la Ley de Pensiones Viudas e Hijos Guardas Fiscales, Civiles y otros muertos en desempeño de sus funciones (1955), la Ley de Pensiones de Hacienda (1943), la Ley de Pensiones de Músicos de Bandas Militares (1935) la Ley de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Obras Públicas (1944), la Ley de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico (1939), el Régimen de Pensiones del Registro Nacional (1939) y la Ley de Pensiones a Empleados Municipales (1941).
Reformas de gobiernos anteriores ya afectaron prácticamente todas las pensiones de lujo
“Todavía hay margen para poder establecer algunos cobros adicionales de forma solidaria según el monto que se recibe”, dijo la exdiputada Marcela Guerrero Campos.
Poder Judicial y Magisterio quedan por fuera
Dicho proyecto de ley no incluye los regímenes del Poder Judicial ni del Magisterio.
En su transitorio III se indica que 18 meses después de la entrada en vigencia de la ley, las personas que se jubilen solo podrán hacerlo mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin perjuicio de que puedan acogerse a sistemas complementarios de pensiones.
Y se agrega que “se exceptúa de esta disposición los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial; también se exceptúan los traspasos de pensiones otorgadas de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992”.
Mora aclaró que los regímenes del Poder Judicial y del Magisterio son “muy robustos” y que “el traslado es más complicado”. “Habría que sentarse actuarialmente a ver cuánto le costaría al Estado hacer eso y cuánto le costaría a la Caja, sobre todo a la Caja, que hay que protegerla porque es la que nos va a dar pensión a la mayoría de los costarricenses. Obviamente no queremos hacer nada ilógico y por el momento no estamos centrándonos en ese plan”, insistió.
En su criterio las reformas necesarias en el tema de pensiones de lujo “es el traslado paulatino de todos los costarricenses al sistema de la Caja”. “Esa es la reforma necesaria. Ese es un primer caso y es el proyecto 21.345”, añadió.
Dicha iniciativa había cumplido su trámite completo en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa y llevaba casi diez meses lista para ser votada en primer debate en el plenario. Sin embargo, en mayo, una mayoría de fracciones acordó retrotraerlo para que vuelva a ser analizado por la Comisión de Sociales. El 1 de noviembre se conoció que el Poder Ejecutivo lo convocó a sesiones extraordinarias.
Impuesto a pensiones altas del Poder Judicial ya permitió recaudar ₡11.543 millones
Una de las reformas más complejas en cuanto a su negociación fue la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, que entró a regir en 2018.
Ministerio traslada 32 casos a la Procuraduría
El principal anuncio de este Gobierno hasta la fecha había sido que iniciaría unos “procesos de lesividad” contra exdiputados a los que se les otorgaron pensiones de lujo.
Mora detalló que, en total, el Ministerio de Trabajo ha identificado 81 casos de “personas a las que se les otorgó pensión por encima del tope”. De esos 81, ya se hizo el informe respectivo de 32 de ellos y la declaratoria de lesividad.
“Los procesos de lesividad se inician cuando la administración reconoce que se equivocó al otorgar un derecho. Cuando el acto es evidente y manifiestamente nulo se puede hacer en sede administrativa resguardando el debido proceso. Pero estos casos no son evidente y manifiestamente nulos; entonces, hay que hacer un procedimiento judicial”, aclaró Mora.
La semana pasada el Gobierno trasladó esos expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR), que como abogado del Estado será la encargada de presentar el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Con respecto a cuánto tardará este trámite, Mora dijo que habría que consultarle a la Procuraduría; pero que en principio “podría ser de inmediato porque los documentos van con toda la información, con los expedientes desmenuzados, por decirlo así”.
Esta no es la primera vez que se realiza este trámite. En la pasada administración se trasladaron 108 expedientes en proceso de lesividad a la PGR, para quitar la exoneración de la contribución solidaria a pensionados de lujo del régimen del Magisterio Nacional. Mora indicó que la mayoría de esos casos se resolvió en el transcurso de un año.
