Una “recolecta” entre instituciones figura como una de las principales propuestas con que el gobierno busca la manera de que organizaciones no gubernamentales (ONG) puedan seguir apoyando al Patronato Nacioal de la Infancia (PANI) en la atención de personas menores de edad en situación de riesgo.
Así consta en un comunicado enviado esta tarde desde Casa Presidencial en que se anunció los intentos que el gobierno hace por evitar el cierre de las organizaciones sociales que realizan la indispensable labor.
Según se informó, la segunda vicepresidenta Mary Munive trabaja junto al PANI y realizaron “una serie de acciones para mantener el contenido presupuestario a la atención de estos grupos”.
Según denunció UNIVERSIDAD, el Ministro de Hacienda Nogui Acosta por escrito manifestó a Gloriana López, presidenta ejecutiva del PANI, que la aplicación de la regla fiscal le impide a esa institución acceder a ¢16.335 millones necesarios para mantener en funcionamiento a las organizaciones privadas que dan atención, cuido, alimentación e incluso albergue a la población vulnerable.
Regla fiscal genera emergencia en ONGs que atienden a más de 13.000 niños y adolescentes
Ahora, la primera de esas “acciones” divulgadas por el gobierno es “valorar junto al Ministerio de Hacienda la ejecución de las transferencias enviadas a las ONG´s, con el fin de mejorar y la facilitar la ejecución del presupuesto ya asignado”.
La segunda es trastocar el presupuesto del propio PANI, pues “se revisó la no ejecución de los otros programas presupuestarios” de la institución y se localizó montos que no se han ejecutado y que “perfectamente se pueden trasladar a la subpartida de transferencias”.
Es decir, se trata de tomar “remanentes presupuestarios del primer semestre 2022” para financiar “un monto aproximado de dos mil millones de colones”. Como se dijo, el monto requerido supera los ¢16 mil millones
“Manos que dan nunca estarán vacías”
Pero también y de forma más notoria se anuncia una “recolecta entre instituciones con recursos actuales o con recursos nuevos a partir de la valoración de la necesidad por parte del Ministerio de Hacienda”.
Es decir, la Vicepresidenta y el PANI de alguna manera sacarán la buchaca para pedir ayuda a otras instituciones, que también enfrentan el castigo de la regla fiscal, para gestar un presupuesto extraordinario que permita paliar la situación.
Se informó además que el PANI gestionó una modificación presupuestaria para “solicitar al Ministerio de Hacienda una dispensa presupuestaria adicional dada la necesidad y el interés superior de los menores”.
Cabe recordar al respecto que en su respuesta a la petición original del PANI para poder disponer del dinero, el ministro Acosta sentenció que “debido a la realidad económica que atraviesa el país y a las limitaciones que conlleva la aplicación y cumplimiento de la regla fiscal establecida en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el presupuesto del 2022 no existe posibilidad de incluir recursos adicionales, lo que imposibilita atender su petitoria”.
Por otra parte, el mismo comunicado del gobierno señala que la “reactivación económica” ha permitido supuestamente un “aumento en la recaudación de los recursos para el PANI, los cuales se estarían incluyendo en el nuevo presupuesto”.
“En el caso del PANI la prioridad es buscar los recursos necesarios que den continuidad a los programas fundamentales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad”, manifestó la vicepresidenta Munive.
