“Debido a la realidad económica que atraviesa el país y a las limitaciones que conlleva la aplicación y cumplimiento de la regla fiscal establecida en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el presupuesto del 2022 no existe posibilidad de incluir recursos adicionales, lo que imposibilita atender su petitoria”.
Así respondió el 31 de mayo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre la posibilidad de acceder a 16.335 millones que permitan evitar el cierre de 200 organizaciones sociales que atienden a más de 13.000 niños y adolescentes vulnerables, al menos hasta el 30 de junio, cuando se agota el dinero disponible.
Acosta escribió eso el oficio DM-1101-2022, en respuesta a Gloriana López Fuscaldo, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución pública que trabaja en coordinación con esas organizaciones de naturaleza privada, donde niños y adolescentes reciben cuido, alimentos o incluso domicilio, pues 2.300 viven ahí y no con sus familias.
Para atender a esa población se intentó aprobar un presupuesto extraordinario en el cuatrienio pasado, cuando se aplicaron numerosos recortes al área social, pero el proyecto fracasó y el problema quedó para el Gobierno y diputados actuales, pues no hay dinero para que esas organizaciones trabajen una vez finalice este mes.
Por eso la gestión de López Fuscaldo con Nogui Acosta,a quien envió el 26 de mayo el oficio PANI-PE-OF-1470-2022, mediante el que solicita un presupuesto extraordinario por ¢16,507,589,951.44, así como la exclusión de esos recursos de la consideración para el cumplimiento de la regla fiscal.
El rechazo del Gobierno central se corresponde con su defensa a la regla fiscal, el instrumento de límite de gasto público que se incluyó en la Reforma Fiscal del 2018 y que impide aumentar el uso de recursos en escenarios de alto endeudamiento, como es el caso ahora mismo.
Sin embargo, esa misma regla fiscal ha puesto en jaque la operación de algunos servicios públicos, como es el caso ahora con el PANI, que depende de las organizaciones privadas para atender a los 13.557 menores de edad, a la vez que estas entidades dependen de que les giren los recursos para trabajar.
“Tendríamos que cerrar programas y decir a los niños ‘no los atendemos aquí’ y qué ¿Que se vayan a la calle? Muchos más bien han salido de situaciones en sus familias biológicas. En otros casos las madres tendrían que dejar de trabajar para cuidarlos. La respuesta no puede ser tan fría. Un ministro de Estado no puede quedarse diciendo que no hay plata. Sabemos que no es fácil, pero hay una realidad humana, son niños que hay que atender.”, dijo Donald Murillo, representante de la Asociación Roble Alto, que atienden a casi 900 menores.
Roble Alto es miembro de la Unión de Asociaciones Privadas de Atención a la Niñez (Uniprin), cuyo pronunciamiento advierte de que enfrentarían un cierre técnico y sus trabajadores deberán ser separados de sus puestos laborales.
“Las múltiples problemáticas que se podrían desencadenar, nos obligan a pensar en la posibilidad de que un porcentaje de estos niños deban acudir de manera obligatoria a dinámicas de desprotección, revictimizados y que les deje situación de calle, sin el cobijo de sus familias de origen o similares donde fueron violentados sus derechos. La situación se agrava aún más para los 7.822 NNA protegidos en las alternativas residenciales y hogares solidarios”, añade Uniprin en la solicitud que su presidenta, Gisella Fallas, hizo este miércoles al presidente Rodrigo Chaves para una “audiencia urgente”.
