Diversas instituciones del Gobierno han eliminado 28 trámites usando la declaración jurada de las personas, como parte de la implementación de un decreto emitido en junio de 2019. La ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, aseguró que las instituciones no están obviando el proceso de inspección que les corresponde, sino que la persona declara que está cumpliendo con los requisitos y posteriormente la institución irá a hacer una verificación, cuando los funcionarios puedan programar sus salidas de campo.
El Gobierno dio a conocer hoy en una transmisión de Facebook Live, cómo está funcionando el sistema de la declaración jurada y mencionaron ejemplos como la renovación del Certificado Exportador para Establecimientos Procesadores de Productos y/o Subproductos de Origen Animal para consumo humano, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la solicitud de un servicio de electricidad ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo que más de 100 trámites aún están en la mira, para que se puedan hacer de esta forma, con el fin de “simplificar la vida de las personas”.
Mientras que el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, explicó cómo funcionaba el trámite para renovar el certificado de exportación de diferentes productos, como pescado, carnes, frutas, verduras, hortalizas.
“Antes para renovar el certificado había que presentar la cédula, un documento que verificara que la firma en los documentos era la firma original, ir a las oficinas de Senasa en Barreal de Heredia, llenar documentos y llevarlos en físico, y luego esperar la verificación y revisión en las plantas; un proceso engorroso, lento, complicado. Hoy requerimos que las oficinas sean ‘cero papel’ y en 10 días se tiene listo el certificado de exportación”, afirmó Renato Alvarado.
Reforma fue impulsada por “Costa Rica Fluye”
En junio de 2019 el Gobierno emitió el decreto 41795 “Sobre la Agilización de los Trámites en las Entidades Públicas, mediante el Uso de la Declaración Jurada”. Desde entonces se han modificado trámites ante la Secretaría Nacional de Evaluación Ambiental (Setena), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Hacienda y el de Obras Públicas y Transportes (Mopt) entre otros.
Pero además, el 14 de mayo de este año se firmó la Directriz 085 Mideplan-MEIC “Sobre las medidas para acelerar la simplificación de trámites, requisitos o procedimientos que impactan de manera favorable a la persona ciudadana y al sector productivo” y se anunció como “parte de las medidas urgentes que ejecuta el Gobierno para la recuperación económica tras Covid-19”.
Dicha directriz fue planteada para reducir tramitología en entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y municipalidades y se indicó que aceleraría la plataforma de la Ventanilla Única de Inversión, dando prioridad a la construcción y a la apertura de nuevos negocios.
En ese momento se informó que algunos de los trámites que se reducirán son el Registro de Agroquímicos otorgado por el Servicio Fitosanitario, que pasará de 6.570 a 44 días hábiles; la Licencia Ambiental con Estudio de Impacto Ambiental de Setena (de 528 a 126 días hábiles); la inscripción del auxiliar de la función pública aduanera para empresas de zonas Francas (de 238 a 3 días hábiles); y el permiso sanitario de funcionamiento Categoría A y B otorgado por el Ministerio de Salud (de 91 a 7 días hábiles).
Sin embargo, el 27 de mayo de este año, el Gobierno anunció la firma de un convenio con la Asociación de Empresarios Horizonte Positivo para la ejecución del proyecto “Costa Rica Fluye”, aunque éste había iniciado dos años antes.
Según comunicó Presidencia en ese momento, “a través de una estrategia de ‘regulación inteligente’, el programa proporcionará una solución completa para diseñar y asistir en la eliminación o simplificación de aquellos requisitos, trámites y regulaciones que ya no son necesarios en 25 instituciones”.
Se informó que proyecto se ha venido impulsando desde el despacho del ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier y que llevó casi dos años. El proyecto se financiará con $2,5 millones que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y donación de empresas, se detalló.
El día de la firma del convenio, José Rossi, presidente de Horizonte Positivo, señaló que el proyecto brindará “información estratégica para la toma de decisiones por parte de las instancias competentes del Gobierno, lo que incidirá en la reactivación económica, el combate a la pobreza, la formalización de las empresas y la mejora en la calidad de vida de las personas”.
Mientras que el presidente Alvarado declaró que “alianzas público-privadas como ésta son una herramienta más en la búsqueda de aliados en este renacer de nuestra economía en la nueva normalidad que nos ha dejado el COVID-19”.
