Según datos del Ministerio de Trabajo, al 26 de marzo, 641 empresas costarricenses y 9459 empleados han visto afectado su trabajo, a causa de la emergencia nacional por el covid-19.
Se trata de 538 empresas que han aplicado la suspensión temporal de contratos, afectando a 8217 personas, y 103 compañías que han reducido su jornada laboral, con impacto en 1242 colaboradores.
Ante estas cifras el Gobierno instruyó constituir una Mesa Técnica de Protección Social, desde la cual 17 instituciones públicas articularán e implementarán nuevas medidas, para atender las personas que han visto sus ingresos reducidos durante el avance del virus.
“Estamos diseñando un instrumento de apoyo a quienes han sido despedidos, se les redujo la jornada o se les suspendió el contrato laboral por razones vinculadas con la emergencia de la COVID19. También buscamos abarcar a trabajadores independientes que puedan demostrar la suspensión de sus actividades por esta misma causa. Al tener recursos limitados busca ser un mecanismo para personas afectados en esta etapa pandémica”, explicó el Presidente Ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez.
Entre las medidas que se mantienen vigentes están la operación regular de la Red Nacional de Cuido y los Comedores Escolares y las transferencias de los programas Avancemos, Crecemos, Cuido y ayudas del INA a pesar de la no asistencia.
Además, el IMAS prorrogó beneficios para familias con alquileres (hasta junio), familias Puente al Desarrollo (hasta junio) y familias con personas adultos mayores, con discapacidad, con enfermedades crónicas o degenerativas, personas indígenas, mujeres víctimas de violencia (hasta diciembre).
Consultado por UNIVERSIDAD sobre la posibilidad de aplicar una figura similar al seguro de desempleo, el presidente del IMAS afirmó que dicha acción no se ha contemplado en los planes.
“Un seguro es un instrumento previsional , es decir, que se financia mediante el pago de primas de previo a que se concrete el riesgo. Esa no es la situación actual. Lo más parecido a un seguro de desempleo es el FCL creado en la ley de protección al trabajador”, explicó Bermúdez.
Desde el IMAS aseguraron que, a su vez, el Gobierno revisará los impactos presupuestarios que tiene la desaceleración económica sobre las instituciones del sector social, ya que el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), del cual se financian la mayoría de las instituciones, depende de la recaudación de las planillas.
