El Poder Ejecutivo anunció este lunes que destinará ¢7.200 millones para la compra de vacunas contra la COVID-19, los cuales incluirá en el tercer presupuesto extraodinario que se presentará este lunes en la Asamblea Legislativa.
“Esos ¢7.200 millones provienen de ahorros en intereses que se han realizado en la gestión de la deuda interna y externa, gracias a créditos más beneficiosos para Costa Rica que se han aprobado con el aval de la Asamblea Legislativa para cambiar deuda cara por otra más barata”, afirmó Casa Presidencial en un comunicado de prensa.
El ministro a.i. de Salud, Pedro González, aseguró que tanto su ministerio como el de Relaciones Exteriores y Culto lideran el equipo que analiza las diferentes opciones en el mercado.
“Hemos tenido contacto con seis casas farmaceúticas: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Sinofarm, Moderna y Sputnik V, que es la vacuna rusa. Se están valorando tiempos de entrega y los resultados de las primeras fases de investigación en humanos. Ninguna casa ha finalizado la fase tres; sin embargo, están avanzadas”, explicó.
González agregó que, de momento, se maneja la posibilidad de tener los insumos únicamente para mayores de edad.
“Todas las opciones que se han recibido son para mayores de 18 años; algunas de las casas recomiendan rangos de edad entre 18 y 85 años para su aplicación. Las vacunas para niños, si bien en algunas casas farmacéuticas aún están en investigación, es un producto que va a salir mucho más tarde”, dijo.
Junto con esta negociación, el país será parte del acuerdo COVAX, un mecanismo internacional impulsado por la OMS, para asegurar acceso a la vacunas COVID-19.
CNE aplicará régimen de excepción para compra
El Gobierno recurrirá al régimen de excepción para que la Comisión Nacional de Emergencias pueda aplicar mecanismos extraordinarios y comprar la vacuna de forma más rápida.
Según explico Eduardo Mora, miembro de Asesoría legal de la Comisión Nacional de Emergencia, esta opción se presenta a partir de la declaratoria de emergencia nacional que vive el país.
“Esto implica salirnos, en un procedimiento específico, de los trámites normales que llevaría una contratación administrativa, con el fin de poder realizar una adquisición de suministros de una manera expedita pero que también garantice la seguridad jurídica de la compra”, indicó Mora.
El funcionario dijo que los fondos disponibles podrán ser usados inclusive durante el próximo año, por lo que no representa un peligro si no se aplican totalmente durante este 2020.
“Los recursos del fondo nacional de emergencia no sucumben ante el periodo presupuestario de cada año, sino que se mantienen en ejecución mientras se mantiene la emergencia, por lo que un proceso que podamos iniciar ahora en el último trimestre del año lo vamos a poder activo durante el año entrante”, añadió.
Según la vicecanciller de Relaciones Exteriores, Adriana Bolaños, la Caja Costarricense de Seguro Social podría ser el órgano ejecutor de este proceso.
