El presidente de la República Rodrigo Chaves y la ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Esquivel anunciaron que el Gobierno iniciará un proceso de “lesividad” (proceso judicial) contra 78 exdiputados y exdiputadas de la República que reciben pensiones de lujo más altas que el salario de un diputado.
El mandatario explicó que desde setiembre de 2020 la Procuraduría General de la República externó su criterio sobre estas pensiones, diciendo que el tope establecido es el salario de un diputado.
Ese representará un ahorro anual promedio de ¢3.536 millones, informaron los jerarcas.
También indicó que la ministra haría pública la lista de los nombres de estas personas. Sin embargo, Chaves dio algunos ejemplos de personas, y mencionó a Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malavassi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera y Luz María Díaz Rocha, con pensiones de lujo de ¢8.146.000 por mes; Hernán Azofeifa Víquez y Álvaro Montero Mejía con pensiones de lujo de ¢8.085.000 por mes; y Danilo Chaverri Soto, Rolando Laclé Castro y Mario Charpentier Gamboa, con pensiones de entre 5 y 7 millones de colones.
“Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias dentro del marco de la ley de Costa Rica para quitar ese cáncer de las pensiones de lujo”, dijo Chaves.
La ministra Esquivel explicó que están revisando los topes de estas pensiones; pero también están analizando otros regímenes que maneja el Ministerio de Trabajo.
Esquivel aclaró que no la están eliminando por las condiciones especiales que tienen, sino que están validando un criterio de la Procuraduría. El Ministerio de Trabajo armará un expediente de cada uno de estos casos, lo documentará, lo remitirá a la Procuraduría, institución que presentará el proceso de lesividad.
Dicho proceso es un proceso judicial en el que el Estado reconoce que se equivocó, que tomó una decisión incorrecta y el juez vendrá a validar que lo que dice la Procuraduría es correcto y que sí había un tope para las pensiones de diputados, señaló Esquivel.
Asimismo, mencionó que están consultando si cabría alguna responsabilidad para los funcionarios que en su momento no tomaron decisiones, porque eso le hubiera ahorrado dinero al erario público.
La jerarca indicó que los nombres de las 78 personas se publicarían esta tarde en las redes sociales del Ministerio de Trabajo y de Casa Presidencial.
