El proyecto de ley preparado por el Gobierno para otorgar un apoyo económico a aquellos productores de arroz que se vean afectados por las medidas que liberalización del mercado del arroz impulsadas por la administración Chaves Robles advierte que dichos subsidios están prohibidos por la Regla Fiscal, a menos que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del subsidio.
El proyecto de Ley de Autorización al Poder Ejecutivo para realizar pagos directos a las personas productoras de arroz pequeñas y medianas (Expediente 23.238) estima que la compensación económica para los productores nacionales representaría aproximadamente unos ¢2.800 millones.
El pasado 6 de julio, el presidente de la República anunció dos decretos como parte de la Ruta del Arroz. El primero elimina el esquema de fijación de precios y el segundo reduce el arancel que pagan los importadores de arroz, de 36% a 4,5% para arroz en granza (sin procesar) y de 36% a 5% para arroz pilado (listo para ser vendido y consumido).
Ese mismo día el Gobierno anunció que les otorgaría un subsidio para que se preparen frente a la desregulación del precio del arroz con la entrada de arroz importado y para que incluso valoren dedicarse a otra actividad.
Según el texto del proyecto, “es necesario brindar un apoyo económico” a productores con menos de 100 hectáreas y que hayan producido en al menos tres períodos arroceros consecutivos, incluyendo el período 2021-2022. También es requisito haber estado inscrito ante el Ministerio de Hacienda como productor de arroz y estar al día con sus obligaciones tributarias.
El aporte estatal se realizaría de forma escalonada. Los productores con hasta 10 hectáreas de siembra recibirían ¢300.000 por hectárea; entre 10 y 20 hectáreas de siembra ¢250.000 por hectárea; entre 20 y 30 hectáreas ¢200.000 por hectárea; entre 30 y 40 hectáreas recibirían ¢150.000 por hectárea; entre 40 y 50 hectáreas ¢100.000 por hectárea, y si tienen entre 50 y 100 hectáreas, ¢50.000 por hectárea.
El dinero de la compensación económica provendrá del pago de los aranceles a la importación de arroz en granza y de arroz pilado “sin tratamiento preferencial (nación más favorecida)”, según el texto del proyecto de ley.
Sin embargo, el texto de la iniciativa aclara que el artículo 13, inciso d) del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), dice que “el Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos”.
Por lo que el proyecto de ley señala que es necesario solicitar autorización a la Asamblea Legislativa para implementar “programas de apoyo económico” en un contexto de aplicación de la Regla Fiscal.
El proyecto entró a la corriente legislativa este martes 19 de julio.
Productores de arroz califican propuesta del Gobierno de dar subsidios como burla hacia el sector
Gobierno anunció que presentaría un proyecto de ley para otorgar un subsidio a productores de arroz para que se preparen ante la entrada de arroz importado y que incluso valoren dedicarse a otra actividad.
