El Gobierno de la República anunció que impulsará varios proyectos de concesión de obra pública de infraestructura vial, bajo la modalidad de alianzas público-privadas, por un valor total de $1.940 millones (alrededor de ¢1,1 billones). Para estos, aún buscan el financiamiento para asegurar el aporte estatal.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo en una conferencia de prensa virtual realizada el jueves que “los organismos especializados han señalado que, frente al Covid-19, la construcción de obra pública es una de las mejores formas para recuperar el empleo y el crecimiento económico”.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, enumeró los proyectos a los que se refieren: la carretera San José-San Ramón; la carretera San José-Cartago; la ampliación de la Ruta 27, San José-Caldera; y la carretera entre San José-Río Frío que se conecta con la Ruta 32.
La inversión total estimada para la ampliación de la Ruta 27, San José-Caldera es de $500 millones (aproximadamente ¢282 mil millones), es un proyecto de concesión vigente, cuyo concesionario es Autopistas del Sol S.A (Globalvía), indicó José Manuel Sáenz, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
En el caso de la carretera San José-Cartago, se intervendrán 24,3 km de vía sobre la carretera Florencio del Castillo, con una inversión total estimada de $400 millones (¢225.600 millones). En octubre de 2019 la Junta Directiva del CNC aprobó la postulación de la empresa constructora MECO.
El proyecto San José-Río Frío, detalló Sáenz, consiste en ampliar la Ruta 32 entre Barrio Tournón y la intersección en el Restaurante Doña Lela y un tramo del Parque Nacional Braulio Carrillo. La inversión total estimada es de $640 millones (¢360.960 millones). Hernán Solís- GETINSA TPS es el consorcio que realizó la propuesta.
Y por último, la ampliación del Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, de aproximadamente 55 km, es un fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica (BCR), bajo la supervisión del MOPT-CONAVI. La inversión total estimada es de $400 millones (¢225.600 millones) y la obra fue adjudicada en diciembre de 2019 al Consorcio CODOCSA S. A.- Quebradores Pedregal S. A.- CACISA.
Fuentes de financiamiento y aporte estatal
André Garnier, ministro de Enlace con el Sector Privado, dijo que el Gobierno está apostando por la estrategia del mecanismo de alianzas público-privadas para que “un socio privado que tiene acceso a los mercados de capitales en el mundo participe como socio del Estado en la realización de las obras, con lo cual se minimiza la necesidad de aportes estatales”.
El ministro Méndez Mata indicó que el Gobierno ya empezó a conversar con el Banco Centroamericano para la Integración Económica (BCIE) “para que podamos contar con recursos que den el soporte necesario para que pueda facilitarse la ejecución de los proyectos, de requerirlo”.
Garnier se mostró además dispuesto a la participación de los fondos de pensiones en el aporte de recursos.
“Pienso que es una alternativa que hay que abrir, a todos los fondos; es una estructura que se ha usado en todos los países del mundo. Como Chile, que es tan exitoso en su programa de concesiones, donde todos los fondos tienen la oportunidad de invertir y de mejorar los rendimientos de estos fondos. Todos esos mecanismos deberían activarse para poder realizar las obras con el menor aporte estatal indispensable”, opinó Garnier.
Garnier dijo que quería hacer “un llamado muy especial al sector privado, no solo nacional, sino internacional, al sector de inversión, a que se acerquen y conversemos y participen en estas obras que van a estar saliendo”. Comentó que el CNC firmará un convenio con la agencia de atracción de inversión extranjera CINDE, “para tener los fondos y que la gente esté preparada para invertir y participar en estas obras”.
La ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, subrayó que en la recuperación ante la crisis causada por la emergencia del coronavirus, “un elemento fundamental pasa justamente por acelerar proyectos de infraestructura y hacerlo mediante mecanismos innovadores como las alianzas público privadas”.
“La inversión pública, hoy más que nunca, es absolutamente crítica para promover el crecimiento económico, para dinamizar el sector construcción, que había venido teniendo decrecimiento incluso antes de la llegada del Covid-19, garantizar a la ciudadanía mejores bienes y servicios y, sobretodo, para retomar el camino de la sostenibilidad fiscal”, refirió Garrido.
Las alianzas público-privadas son una técnica para desarrollar y financiar infraestructura o servicios públicos. Aunque no existe un modelo único, el Estado transfiere la mayoría de los riesgos al sector privado, que es el deudor del proyecto y el que debe financiar, diseñar, construir, operar y mantener la obra. En Costa Rica estos contratos pueden ser: concesión de obra pública; concesión de obra con servicio público; contrato de optimización de activos de infraestructura; concesión de gestión de servicios públicos; gestión interesada y contrato de colaboración pública privada.
