El Gobierno activó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que permitiría a las empresas prolongar por más tiempo la reducción de jornadas laborales de sus empleados, la opción que se habilitó en el país en abril para evitar despidos ante el impacto económico de l pandemia de COVID-19.
El proyecto contenido en el expediente 22.265 fue convocado por el Ejecutivo para las sesiones legislativas extraordinarias, que comenzaron hoy y se extienden por ocho meses, en los cuales toda la agenda de los diputados depende de lo que en Zapote definan.
La reducción de jornadas es una posibilidad a la que se han acogido casi 7.500 empresas, con afectación sobre más de 146.000 trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo. Del total de empresas, 6.000 han hecho prórrogas a esa reducción de jornadas a 83.000 empleados. De esas cifras, casi una quinta parte corresponde al sector turístico, especialmente golpeado por las medidas para frenar los contagios del coronavirus y por la contracción de la demanda.
El proyecto de reducción de jornadas es parte de la ampliación de la convocatoria del Ejecutivo, después de que un primer paquete de expedientes fue catalogado como insuficiente por diputados opositores.
En esta segunda convocatoria está el proyecto de reducción de jornadas y otros expedientes de poco calado y controversia política. Entre ellos, una reforma para el Consejo Nacional de Viabilidad pueda intervenir rutas cantonales y un articulado para extender los beneficios del ecoturismo y el turismo rural comunitario en las cosas, además de una ley de nacionalización de mercancías y la creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe, según un comunicado de la Presidencia.
Se incluye ahí una reforma a la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la aprobación del convenio de protección y restitución de bienes del patrimonio natural y cultural entre el Gobierno de la República de Costa Rica y Bolivia, además de un acuerdo de cooperación entre ambos países.
La semana pasada el Gobierno envió la primera convocatoria, que consistió en 48 proyectos, la mayoría vinculados a los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial del sábado 21 de noviembre, lo que enojó a varios sectores políticos por considerar que el presidente Carlos Alvarado dejó de lado propuestas que tendrían un mayor efecto ante el contexto económico actual.
