La diputada Rocío Alfaro denunció este miércoles que la presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Missy Wing Ching, intervino en una compra directa para tercerizar la seguridad portuaria de Limón y Moín. Alfaro aseguró que se trata de debilitar la seguridad de Japdeva, en un momento en el que existen señales sobre tráfico de drogas dentro del país.
“Se está delegando en manos privadas algo que no es posible de hacer”, afirmó.
Alfaro explicó que, por normativa, la seguridad portuaria es un servicio público.
Por ejemplo, citó que existen votos de la Sala Constitucional, incluyendo uno del 2022, en el que se reafirma que “la seguridad nacional, control aduanero, la migración y otras funciones propias del Estado son indelegables e irrenunciables”. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) suscrito en el 2010 por Costa Rica también afirma que “la contratación de servicios privados no es adecuada para brindar estos servicios”, según dijo Alfaro en el plenario.
“No podemos obviar que la situación de la seguridad en los puertos es fundamental para determinar si nuestro país sigue siendo el país exportador de drogas en el que se ha convertido y que así es conocido, vergonzosamente, en el resto del mundo”, aseguró la frenteamplista.
La diputada narró que la presidenta de Japdeva “participó en reunión de la Comisión de Licitaciones (de Japdeva), es una potestad que no le compete, es muy inadecuado, y se podría considerar que hay presiones para que finalmente se haga esta contratación”.
El departamento técnico que realizó el análisis del cartel y las ofertas, “recomendó que se declare infructuoso porque el único oferente no cumplió con los requisitos que se plantearon en el cartel”.
Un comunicado de prensa de la fracción del Frente Amplio amplía que Wing Ching “llegó para coaccionar las recomendaciones dadas por el departamento solicitante y para que se corrigiera la decisión de declararla infructuosa y, por el contrario, darle curso a la adjudicación”.
Asimismo, Alfaro denunció que la contratación externa triplicó el costo de la seguridad de Japdeva; pues el monto mensual de la institución dedicado a seguridad era de ₡27 millones y, ahora, la contratación tiene un valor de ₡91 millones mensuales.
La diputada también recordó que, por la Ley Órganica de Japdeva, es a la institución a quien le corresponde el servicio propio de la seguridad de los puertos.
“Esto ha garantizado que tanto Moín como Limón no hayan caído en la situación que ha caído el puerto de APM, que es escandalosamente público”, dijo Alfaro, refiriéndose al presunto tránsito de drogas.
“Respetuosamente solicitamos al Ejecutivo, a JAPDEVA y a la Contraloría se tomen en consideración estos argumentos, a efecto de no tercerizar o concesionar los servicios de Seguridad Portuaria en el Atlántico. Mas cuando se está traficando tanta droga por el puerto privado de APM”, asegura el comunicado de prensa enviado a medios.
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“Si logramos cerrar la salida de cocaína por esos puertos no va a entrar la cocaína a Costa Rica porque el negocio es exportarla”, aseguró el presidente en su gira a Limón, apostando acción a instalación de escáneres.
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ANEP denunció que esto sucede a causa de que la dirección de la Policía de Control de Drogas no quiere implementar roles nocturnos. UNIVERSIDAD consultó al Ministerio Seguridad, que indicó responderá en el plazo de diez días.
