La Procuraduría General de la República (PGR) resolvió esta semana que ni el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) ni las transferencias del fondo a instituciones está bajo el marco de la Regla Fiscal. Así se concluye en un oficio firmado por el procurador Alonso Arnesto Moya dirigido al director interino de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, porque Hacienda intentó no aplicar la excepción.
El documento detalla que esta excepción está en aplicación por una disposición de la Ley de Fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) (Ley No. 10234), que fue aprobada al finalizar el último periodo legislativo, en mayo.
El procurador afirma que las “instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF” continúan sujetas a la aplicación del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que aplica la generalidad de la Regla Fiscal.
Pero que “en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”, afirma el documento.
La excepcionalidad a la Regla Fiscal para los 19 programas sociales que reciben dinero de Fodesaf fue negociada por los diputados del periodo anterior, según explicó a UNIVERSIDAD el exdiputado José María Villalta. Entre estos programas están incluidos los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP), becas estudiantiles del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), recursos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como las pensiones del Régimen No Contributivo.
“Intentamos salvar a Fodesaf de la Regla Fiscal, vimos una oportunidad en la negociación de esa Ley que como saben sus promotores buscaban establecer una exoneración temporal para las nuevas empresas del Régimen de Zonas Francas”, explicó Villalta.
Según informó UNIVERSIDAD el mismo Ministerio de Trabajo reconoció la afectación a los programas sociales de Fodesaf, durante el trámite de la ley para crear Zonas Francas fuera de la Gran Área Metropolitana. Frente Amplio objetó la exoneración, pero “la mayoría de partidos tenían los votos para aprobar esa ley, era cuestión de tiempo para aprobarse, porque tenían una abrumadora mayoría”.
Ministerio de Trabajo reconoce que proyecto de ley para que Zonas Francas se instalen fuera del GAM afectará Fodesaf
Un proyecto de ley, que se negocia en la Asamblea Legislativa, exonera a las empresas de zonas francas nuevas que se instalen fuera de la GAM del aporte a Fodesaf durante sus primeros cinco años de operación.
Zonas francas aportan ₡93.440 millones anuales a Fodesaf, pero proyecto exonerará a las que se instalen fuera del GAM
El proyecto de ley ya se encuentra en el plenario y es uno de los que priorizarán los diputados en las últimas semanas que les queda en la Asamblea Legislativa.
Frente a esta disyuntiva, no obstante, los diputados cedieron a aplicar una expresa excepción a la Regla Fiscal sobre los programas sociales, con tal de mantener las exoneraciones para las nuevas empresas.
El documento de la Procuraduría cita que, desde junio, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda, emitió un criterio técnico que coincide con lo que afirma el procurador. Procuraduría reitera, en distintos momentos del escrito, que la Regla Fiscal es inaplicable sobre “ todos los recursos que conforman el FODESAF, sin diferenciar entre los órganos o entidades que se encargan de su distribución, a través de figuras como la transferencia presupuestaria, por ejemplo”.
Durante la pandemia, según reportó UNIVERSIDAD el año pasado, las transferencias de Fodesaf se redujeron en un -8,52% durante los años de la pandemia. Los programas más afectados por los recortes son el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) y el Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) que administra el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi). IAFA inclusive perdió a su junta directiva el año pasado, por la imposibilidad de operar la institución en respuesta a los recortes. El Banvhi mantiene cerradas las ventanillas de solicitudes de bonos, incluyendo aquellos que financia el Fosuvi.
“El Ministerio de Hacienda ha venido recortando las transferencias que por ley tiene que hacer a Fodesaf, recortando los recursos que la Ley manda, y obligando a Fodesaf a subejecutar esos recursos. En un mecanismo totalmente perverso, la Regla Fiscal ha estado obligando a cada una de las instituciones que recibe recursos de Fodesaf, a subejecutar esos recursos, generando buchacas de plata que no se pueden utilizar a pesar de las necesidades tan grandes que hay en el país”, explicó el exdiputado Villalta sobre los recortes.
“Ahora, el Ministerio de Hacienda intentó no aplicar la excepcionalidad. Intentó hacer una interpretación restrictiva, en el sentido de eximir únicamente al presupuesto de Fodesaf y no a las instituciones que ejecutan sus recursos. Tanto la asesoría jurídica de Hacienda como la Procuraduría, les dicen que no. Por dicha, interpretaron correctamente el espíritu de la ley”, dijo Villalta sobre la consulta que respondió al PGR.
“Esto es importante porque nos permite resguardar los recursos de los principales programas que atienden poblaciones más vulnerables y le da una estocada al discurso del austericidio fiscal. Esto es un discurso y una política inmoral, insensible, e insostenible socialmente. Como sociedad, nos estamos disparando en el pie al debilitar los programas que nos permiten evitar que siga creciendo la desigualdad del país”, afirmó también el exdiputado.
