La administración Alvarado Quesada incumple uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI): subir la inversión en los programas sociales del país.
De acuerdo con la negociación realizada con este organismo internacional, el país debía inyectar un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en programas como las pensiones para población vulnerable de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las becas y comedores de la educación pública nacional, así como otros.
Ante el Presupuesto 2022, es evidente que el país no solo no cumplirá con el incremento; sino que la inversión continúa a la baja por la Regla Fiscal.
“Si existe una cláusula para el Gobierno y esta se incumple, habrá que ver qué establece el contrato con el FMI. Los desembolsos dependen de la evolución de las condiciones negociadas. Así son los acuerdos con el Fondo, tradicionalmente”, economista y ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.
Para los datos del 2019-2020, con los cuales se negoció un préstamo por $1.778 en la modalidad de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI, el Gobierno invirtió 1,94% del PIB en soporte para la población más pobre y vulnerable.
Para el 2021, el mismo rubro bajó a un 1,91%. Según el consolidado de cara al 2022, la inversión social será apenas de un 1,71%.
“Está dentro de los aspectos que se discuten con la misión del FMI”, respondió el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, sobre si mantienen al tanto al FMI.
El Fondo mantiene una revisión del acuerdo con Costa Rica desde el 22 de setiembre y hasta hoy, 6 de octubre.
Sobre si podría cortarse el segundo tracto del dinero del SAF por incumplir con el rubro de inversión social, Castro respondió a UNIVERSIDAD, vía una respuesta escrita que “no es posible para nosotros dar una opinión al respecto; es una valoración enteramente del FMI”.
Datos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) muestran que los 19 rubros sociales que se financian por esa vía sufrieron, en total, un decrecimiento del -8,52% entre inicios del 2020 y el presupuesto para el 2022.
De este impacto habló la ministra de Trabajo, Silvia Lara, en la Comisión de Hacendarios durante el 29 de setiembre. En total, Fodesaf presupuesta ¢614.499 millones para sus programas (es decir, ¢57.255 millones menos que lo presupuestado a inicios del 2020).
Lara señaló que existe una disminución de la transferencia que recibe Fodesaf por motivo del Impuesto de Valor Agregado (IVA).
Asimismo, advirtió que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), tendrá una reducción del 15,4% para el 2022 y se incumplirá, asimismo, con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública. Los datos de Fodesaf pueden leerse en una tabla en la versión digital.
Aún no hay contrapropuesta
Para este reportaje se enviaron las mismas preguntas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Hacienda, sobre cuál será la contrapropuesta para mejorar la inversión social en el actual panorama de austeridad y Regla Fiscal. Trabajo no acusó haber recibido el correo de este medio.
Sobre la contrapuesta al desplome de la inversión social, el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, aseguró que el presupuesto del IMAS “se presentó en la CGR el 30 de setiembre, fue hasta esta fecha que se contó con el monto de recursos que se destinará al sector social. Con esta cifra consolidada y conocida es que se realizará el ajuste para que corresponda con el compromiso de inversión social”.
UNIVERSIDAD también pidió criterio al IMAS. Según los datos consultados, se redujeron sus programas de Bienestar, las becas Avancemos, las becas postsecundaria Crecemos y la Red de Cuido. La institución también aporta información social para el trámite de pensiones a población vulnerable. (Lea la nota: Pensiones no contributivas de CCSS serán “insuficientes” para beneficiarios actuales y nuevos).
IMAS respondió, vía la periodista Fedra Rodríguez, que Fodesaf se vio reducido porque “los recursos que emanan del Gobierno Central, como fuente de impuestos generales, se redujeron siete veces más que aquellos que proceden de la contribución social del 5% de las planillas” patronales.
“Hemos reducido el gasto administrativo operativo al mínimo, posponiendo en muchos casos inversiones necesarias en función de responderle a la población, y trasladar esos recursos —principalmente recursos de fuente propia: tiendas libres, moteles, recaudación del 0,5%— a inversión social”, dice el correo para este semanario.
La “meta de erradicar la pobreza extrema al 2030 (…) requerirá que en los próximos años ideemos nuevas e innovadoras formas de canalizar recursos a la inversión social para garantizar derechos, reducir la desigualdad y crear oportunidades ampliadas de superación”, concluye.
