La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos informó este lunes que el expediente que lleva por el caso conocido como “Aldesa” (19-000157-1220-PE) incluye no solamente el presunto delito de estafa, sino que también está explorando una posible infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica en lo que respecta a reducción de la pena.
Así, se incluyó en esta causa una indagación sobre posibles delitos cometidos cuando en setiembre de 2022, la Procuraduría General de la República —entonces bajo la autoridad de la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas—, acordó con seis funcionarios de la Superintendencia General de Valores el pago de una multa y horas de servicio comunitario, para que se desestimara la acusación por el delito de Incumplimiento de deberes del que se les acusaba.
Según recordó la entidad, a finales del 2021, se acusó por ese delito a seis funcionarios de la Superintendencia General de Valores, “específicamente a la Superintendente, el Intendente, el director de la División Jurídica, el director de División de Supervisión de Fondos y Emisores, la directora de la División de Supervisión de Mercados de Valores y la directora del Departamento de Oferta Pública de Valores”.
Procuraduría concilió con funcionarios de Sugeval que incumplieron deberes al no supervisar al holding de Aldesa
A los imputado se les atribuyó el delito de incumplimiento de deberes por haber omitido ilegalmente sus deberes legales de supervisión y fiscalización de la sociedad controladora (Holding) Aldesa Corporación de Inversiones S.A., ya que únicamente supervisaron el Grupo Bursátil Aldesa S.A.
Sin embargo, cuando se realizó la audiencia para definir si el caso iría o no a juicio, hace poco más de un año, la PGR acordó conciliar con cada imputado el pago de ₡2.895.854.88 de colones, la realización de 200 horas de trabajo comunal y el pago de la póliza respectiva ante el Instituto Nacional de Seguros.
Cabe destacar que el Ministerio Público se opuso a esa conciliación pues consideró que la medida “no cumplía con los presupuestos de proporcionalidad, en relación con el reproche de los hechos acusados” pues los funcionarios señalados “no cumplieron sus deberes, a pesar de que conocían su función de protección al inversionista, y también conocían de una serie de irregularidades que se estaban presentando con respecto a Aldesa, así como la necesidad de regular a este Grupo en su totalidad”.
A pesar de la oposición de la entidad, el Código Procesal Penal establece que la conciliación se realiza entre la víctima y el imputado (el Estado, a quien representaba la PGR) por lo que la decisión quedó en firme, fue cumplida por los imputados y resultó en un sobreseimiento definitivo que se dictó en mayo pasado.
Ahora, la Fiscalía abrió un expediente dentro del principal que llevaba por el caso Aldesa, para investigar si con esa negociación se infringe lo establecido en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
El artículo que podría haberse incumplido (158) establece que se impondrán de tres a serie años de prisión a quien registre, altere, permita o consienta alteración de registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados; o a quien proporcione a los órganos supervisores (incluida la superintendencia), datos o informes falsos o inexactos, para ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, evadir los encajes u ocultar la existencia de inestabilidad o irregularidad financiera.
El numeral citado especifica que cuando los hechos mencionados se realizaren “por culpa grave inexcusable” (es decir, por imprudencia), la pena se reducirá a la mitad pero en el caso en cuestión, no se acordó pena alguna.
Avanza caso por estafa
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos detalló también que la causa por el delito de estafa se encuentra en fase de investigación avanzada y detalló que por ello se indagó a Javier Chaves Bolaños, a quién el Juzgado Penal le impuso como medidas cautelares: impedimento de salida del país, firmar cada dos meses, no acercarse a testigos y ofendidos.
Esto, cabe detallar, se hizo por los delitos aparentemente cometidos contra 4 de las 26 personas físicas y jurídicas ofendidas que se han apersonado al proceso. “Está pendiente tomar la declaración indagatoria a otras personas, y también ampliar la misma al imputado Chaves, en relación con los ofendidos restantes”, indicaron.
Según detallaron la investigación suma hasta ahora 5,271 folios en el legajo principal, II legajos de prueba con 535 folios, 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3,536 folios y ha implicado 13 allanamientos, 152 evidencias en cajas y bolsas, 83 dispositivos electrónicos con su respectiva revisión, revisión de unos 200.000 correos de Sugeval y 30,000 de Aldesa, 11 entrevistas a testigos, solicitudes de levantamiento del secreto de información bancaria, tributaria y bursátil; y reuniones constantes de dirección funcional con la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Justamente, dijeron, están a la espera de un informe de SADEF relacionado con los inversionistas “a efectos de establecer la determinación del perjuicio que presuntamente les fue ocasionado, la forma en que presuntamente se les indujo en error y la naturaleza del producto financiero que les fuera ofrecido a los ofendidos”.
